El CEU de València utilizó cadáveres con enfermendades contagiosas para las prácticas de sus alumnos

Nueva polémica en torno al tratamiento de cadáveres en la Universidad Cardenal Herrera-CEU de València, en esta ocasión a cuenta del tratamiento de al menos tres cuerpos que fallecieron con enfermedades infecciosas y que fueron tratados con sus alumnos en las prácticas de la facultad de medicina.

Y eso pese a que el protocolo de la institución académica para la utilización de cadáveres establece en su punto cinco “la realización inmediata de la prueba serológica” por lo que “no se aceptarán cuerpos infectocontagiosos”, para lo que “se realizará una analítica para comprobar que no tengan Hepatitis B, C, covid y VIH”. El mencionado punto del protocolo añade: “En el caso de dar positivo en cualquiera de estas infecciones, el cuerpo no es apto para el estudio y si ya está en nuestras instalaciones, deberá ser retirado inmediatamente de éstas por la empresa fúnebre responsable y no nos emitirán factura. El cuerpo es negativo”.

Sin embargo, según la documentación recabada por elDiario.es, el CEU utilizó un cuerpo con fecha de fallecimiento de 2022 y entre las causas de defunción figura Hepatitis C. Lo mismo sucedió con otro cadáver con fecha de defunción en 2024 en el que se certifica que la covid 19 fue la causa del fallecimiento. Un tercer cuerpo con fecha de fallecimiento en 2023 presentaba gripe A entre las causas de su defunción.

Al respecto, fuentes del CEU han asegurado a elDiario.es que en los tres casos se cumplió el protocolo al realizarse los pertinentes estudios serológicos resultando negativos en los tres casos. Además han asegurado que hasta ahora no se ha producido nunca ningún contagio entre los profesores y el alumnado, lo que demuestra que los protocolos se cumplan y que funcionan.

Como informó elDiario.es, la Universidad Cardenal Herrera-CEU de València ya fue sancionada con una multa de 15.000 euros por la Conselleria de Sanidad por embalsamar durante años más de 650 cadáveres con personal no cualificado.

 Los inspectores consideraron que esta actuación estaba tipificada con el máximo nivel de penalización, pero la multa impuesta fue la menor posible gracias a los atenuantes aplicados. La Conselleria de Sanidad acabó sancionando al centro educativo con 15.100 euros, con la posibilidad de rebajar la cuantía a 9.000 euros en caso de pago rápido y de renunciar a recurrir.

Así, aunque en la resolución se califican los hechos como “muy graves”, con sanciones que pueden oscilar entre 15.025,31 y 601.012,10 euros, finalmente se impone el mínimo. “Se le comunica que, para este expediente sancionador, se ha determinado la multa correspondiente a la infracción en la cuantía mínima, dentro del rango aplicable a la infracción muy grave inicialmente imputada, considerando las circunstancias atenuantes puestas de manifiesto en el informe de 16 de enero de 2026, consistentes en el desconocimiento normativo por parte de la entidad interesada y la falta de intencionalidad en su incumplimiento”, reza la resolución.