El teniente coronel Balas dice que aunque Aldama era el jefe de la trama, Ábalos fue “fundamental”: “Hace lo más grande”

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que suscriben los principales informes del caso que ha llevado al banquillo a José Luis Ábalos, el exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama han asestado este lunes un duro golpe al exministro y quien fuera su mano derecha en el Ministerio de Transportes al ratificar ante el Tribunal Supremo las conclusiones de sus investigaciones. En un interrogatorio que se ha alargado durante casi diez horas, ambos han desgranado la mecánica de sobornos supuestamente urdida por Aldama y de la que se habrían beneficiado Ábalos y Koldo García.

El teniente coronel Antonio Balas ha señalado que quien mandaba realmente en la presunta organización criminal investigada en el 'caso Koldo' era el empresario a pesar de que los investigados se refirieran a Ábalos como 'el jefe'. “Quien paga manda, (...) y realmente quien manda es Aldama”, ha indicado a preguntas del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. No obstante, tanto Balas como el comandante que suscriben los principales informes del caso han insistido en el papel “fundamental” de Ábalos para la trama, dado que sin él no podrían haber hecho “casi ninguna de las acciones” emprendidas. Han resaltado, además, que ni el ministro ni su asesor “se mostraron reacios en ningún momento” a las órdenes e indicaciones de Aldama.

A pesar de que la defensa de Ábalos ha tratado de desvirtuar la tesis de que el ministro tuviera que ver con la trama o perteneciera a la misma (“¿En qué momento un cohechado entra a formar parte de una organización?”), los miembros de la UCO han sido tajantes al señalar que el exdirigente socialista entra a formar parte de la trama “en el momento en el que se integra”.

Y ante la pregunta de qué es lo que hizo el ministro en el seno de esa organización criminal, Balas ha respondido con una frase contundente: “Hace lo más grande”. “Es quien tiene la capacidad, quien abre los negocios, quien tiene capacidad de poder llevar a Aldama y sus socios a sitios donde no pueden, (...) es un miembro cualificado y por eso cobra lo que cobra, y le dan lo que le dan, y cuando exige le pagan”, ha apostillado. Respecto a Koldo García, los agentes han destacado que “se movía extremadamente bien en diferentes ambientes y tenía acceso muy importante a todos los niveles”.

En otro momento del interrogatorio, Balas ha comentado que el nivel de influencia de Ábalos y Koldo García era tal que la trama pudo “permear en diferentes administraciones” y que tuvieron “acceso rápido y directo en otros estamentos de muy alto nivel” en referencia a otros ministerios, si bien los testimonios de otros testigos que han comparecido ante el tribunal en las semanas precedentes han revelado el fracaso de otras gestiones de la trama en otros departamentos de la Administración.

Como ejemplo ha puesto el caso del rescate de Air Europa, cuando intentaron que primero se canalizara el préstamo a través del ICO, dependiente del Ministerio de Economía y por eso “interaccionan con Nadia Calviño”, la entonces ministra. Durante su extensa declaración también han puesto el foco en otro episodio: el viaje fallido de Delcy Rodríguez a España en enero de 2020 cuando era vicepresidenta de Venezuela, que los agentes han utilizado para sacar a colación al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Balas ha recordado que Aldama elaboró una carta y que la misma llega al ministro. Luego, ha relatado, Ábalos le envió un mensaje a Koldo García con una captura de pantalla de una conversación con Pedro Sánchez referida a ese viaje oficial. Para Balas esto demuestra que la organización criminal “accede incluso al presidente”. “Es decir (la trama) lo consigue, el acceso a altas instancias es total”, ha enfatizado. Durante la investigación, el juez instructor rechazó citar a Sánchez y Calviño como testigos con el argumento de que no aportarían “nada nuevo”.

Los otros del caso

Más allá de esas figuras capitales de la trama, la UCO ha explicado que se percataron de que todos los miembros de la organización se valían de otros en una suerte de cascada de testaferros. Así, “Ábalos se valía de Koldo García, su alter ego, porque (el ministro) no va a pedir dinero, ni pasar un curriculum”, mientras que el asesor se valía de su hermano Joseba García, a quien empleaba para cuestiones en las que no se quería exponer.

Además, ha señalado que la exmujer de Koldo, Patricia Uriz, también participaba como cónyuge y tenía reparto de tareas; Alberto Escolano hacía las veces de testaferro cualificado de Aldama; y lo mismo ocurría con los conocidos como 'mosqueteros' (por el nombre del grupo de wasap que compartían) que eran empleados del empresario y los interponía para conseguir sus fines.

A este subgrupo pertenecería también, según ha resaltado la UCO, el agente de la Guardia Civil que proporcionaba a la organización criminal teléfonos desechables que usaban hasta que consideraban que “corrompidos”, momento en el que eran renovados. Son las conocidas como cafeteras o cafés, a las que se referían los miembros de la trama.

Las bolsas faraday y la cadena de custodia

Antes de entrar de lleno en esas vinculaciones, los agentes de la UCO que se encargaron del volcado y custodia de los terminales y dispositivos informáticos que se incautaron al exministro y a su asesor han defendido su trabajo señalando que es “imposible” que se haya dado una modificación de las evidencias con posterioridad. Al hilo, han recodado que una vez que se requisan dispositivos móviles son introducidos en bolsas faraday, que los protegen de accesos remotos, y que cada evidencia es archivada en precintos numerados que hacen imposible que se rompa la cadena de custodia.

A lo largo de la jornada de este lunes, las defensas han planteado dudas sobre el proceder de los investigadores, como el hecho de que existan informes de la UCO sobre el patrimonio de Ábalos y de Koldo García pero no de la tercera pata de la trama, el empresario Víctor de Aldama. Los agentes han explicado que, si bien se ha investigado también su patrimonio, lo relevante lo han incluido en informes del caso porque era suficiente.

A esto han sumado otros detalles como que los investigadores abrieran un sobre que tenía como destinatario el ministro cuando aún no había perdido el aforamiento ni constaba como acreditado. Sobre ese hecho, los agentes han especificado que tuvieron conocimiento de que había documentación que enviaba Koldo García y que les pareció sospechoso (“supusimos que era algo relevante para la causa”), por lo que procedieron a abrirlo. Marino Turiel, el letrado de Ábalos, les ha recordado que ese sobre era para un diputado.

Por otro lado, y a preguntas de Fiscalía, los agentes han indicado que desde septiembre y octubre de 2019 arrancaron presuntamente los pagos de Aldama a los otros dos investigados y han explicado que los primeros mensajes que hacen mención a las “chistorras” (lo que consideran que eran billetes de 500 euros) provienen del teléfono de Patricia Uriz.

En este sentido, han mantenido que las aportaciones para “mantener la maquinaria engrasada” era de 10.000 euros mensuales y que el propio Joseba García viajó a República Dominicana para recoger dinero en efectivo. “Las conversaciones son muy evidentes”, han señalado.

Sobre esos pagos, el abogado del ministro ha tratado de sembrar la duda de que Ábalos cobrara dado que era Koldo García quien recibía el dinero, mientras que la abogada del asesor ha puesto el foco en que cuando la trama se refería a pagos a 'K' bien podría referirse a otras personas, como alguien al que ha identificado como Koldo Ibarra y del que ha dicho que era una suerte de 'blanqueador' que usaba el empresario Aldama.

Las mascarillas y los enchufes en empresas públicas

Los investigadores han insistido en que esa relación propició que, durante la pandemia, Ábalos y su colaborador facilitaran a Aldama información privilegiada sobre las necesidades del Ministerio de Transportes para adquirir material sanitario. El teniente coronel Balas ha afirmado ha definido que esos contratos de mascarillas son el “paradigma” de lo que pretendía Aldama con el citado pago “recurrente” de sobornos.

A juicio de las acusaciones, esa suerte de nómina que el empresario pagó a fondo perdido y desde octubre de 2019 fue la llave que permitió a Aldama tener información privilegiada de los contratos millonarios que se iban a realizar desde el Ministerio de Transportes en marzo de 2020. Aldama se embolsó más de 3,7 millones de euros en apenas unos días gracias a su labor de intermediación en esos contratos.

Los investigadores han explicado que, cuando se produjeron esas adjudicaciones, Aldama ya llevaba varios meses haciéndose cargo del alquiler de la vivienda de una expareja de Ábalos, Jésica Rodríguez. El teniente coronel Balas ha asegurado que Aldama abonó esos fondos porque entendía que así compraba “la voluntad del ministro”.

En respuesta a preguntas de la defensa, ha explicado que fue el socio de Aldama, Alberto Escolano, quien abonaba las cantidades mensuales porque el empresario desde 2019 entendía que esto le servía como “contraprestación” para pagar el nivel de acceso a Ábalos. “Ese nivel de acceso vale lo que hayan estipulado, porque así Aldama puede pedir según paga”, ha recordado, para añadir que el empresario esperaba que esa dádiva y otras se realizaban con la esperanza de que en un futuro le iba a dar “un lucro económico”.

La extensa declaración también ha abordado otros asuntos, como el nepotismo ejercido en las empresas de la órbita del Ministerio de Transportes. Los agentes han señalado que Jésica Rodríguez fue contratada en las empresas públicas Ineco y Tragsatec, y que en ese 'enchufe' tuvo “un rol destacado” la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera. Así, han puesto sobre la mesa mensajes cruzados entre ella y el asesor ministerial Koldo García y han apuntado que a pesar de que se quería buscar un contrato directo en la primera de las empresas, Ineco, la joven odontóloga tuvo que pasar una entrevista “condicionada” a pesar de que intentó zafarse de la misma.

Han puesto el foco en que, de acuerdo a un mensaje de Jésica Rodríguez, ella pidió al asesor que le dijera a Ábalos que llamara a quien tuviera que llamar. También han recordado un wasap de Jésica Rodríguez con Joseba García, hermano del asesor y su supuesto supervisor en Ineco, en el que ella se quejaba de la nómina que recibía. El teniente coronel Balas ha explicado que ella se quejó de ser mileurista y de que “los rojos comunistas” se llevaban su dinero. “Se queja de que cobra poco por no ir a trabajar”, ha sentenciado.

Respecto a la otra mujer supuestamente enchufada, la la militante del PSOE Claudia Montes, el teniente coronel ha sostenido que pasó “en horas” de estar casi despedida a ser supervisora. “Claudia Montes podía hacer lo que quisiera ahí”, ha señalado el investigador a preguntas de la acusación popular que dirige el PP.