Los inquilinos de Hermanos Calderón denuncian en el juzgado a una empresa de desocupación por acoso inmobiliario

Varios inquilinos de las 107 viviendas de la calle Hermanos Calderón en Santander han denunciado en el juzgado las presiones en forma de constantes llamadas y mensajes para forzarles a abandonar sus pisos de alquiler social por parte de una empresa contratada como mediadora por los nuevos propietarios del edificio, el fondo de inversión, Mosaic Propco.

Una denuncia por presunto acoso inmobiliario y delito de coacciones a la empresa Administración y Gestión de Inmuebles Sociales, S.L. (IMASS), dedicada profesionalmente a la desocupación y a la posesión de inmuebles, refieren los denunciantes.

En concreto, los vecinos se quejan de que han empezado a recibir llamadas, mensajes y comunicaciones dirigidas a conseguir que abandonen sus viviendas antes de que venzan sus contratos o que las compren.

A finales de enero de 2026, un hombre se presentó sin previo aviso en uno de los domicilios en nombre de Mosaic. Preguntó quiénes vivían en la vivienda, cuántas personas componían la familia y cuál era su nivel de renta y les dijo que el fondo de inversión no pretendía prorrogar los alquileres, que quería que abandonasen las viviendas cuanto antes. Después preguntó por cuánto dinero estarían dispuestos a marcharse.

Una semana más tarde volvió a las diez de la noche y empezó a tocar el timbre de forma insistente. Les pidió 248.000 euros por adquirir la vivienda y como los propietarios no aceptaron les manifestó -“de malas formas”, recoge la denuncia- que en ese caso “se iban a la calle”.

A partir de entonces, las llamadas, los mensajes al whassap y en el contestador fueron constantes a través de números desconocidos y otra persona que también representaba a IMASS.

Reclamación a la Agencia de Protección de Datos

En paralelo, también han presentado una reclamación formal ante la Agencia de Protección de Datos por la utilización de datos personales por parte de esta empresa sin consentimiento. Además de los números de teléfonos aseguran que esta empresa mediadora ha “intentando recopilar circunstancias personales” sobre los inquilinos.

En las mismas solicitan al organismo regulador que abra una investigación para determinar cómo “una sociedad especializada en desocupación y recuperación de inmuebles” ha accedido a su información privada con el objetivo de negociar su desalojo.

Los escritos remitidos a la Agencia Española de Protección de Datos, explican que las viviendas pertenecían originariamente a una entidad vinculada a La Caixa y posteriormente se transmitieron a Mosaic Propco, S.L., que ha trasladado a los residentes su intención de no prorrogar los contratos de arrendamiento a su vencimiento para vender los inmuebles.

En este contexto, según señalan las reclamaciones, trabajadores de IMASS han iniciado contactos directos con los arrendatarios manifestando actuar en representación de la nueva propiedad para instarles al abandono anticipado de las casas.

Los afectados viven una situación de incertidumbre después de que 'la Caixa' -que construyó las viviendas asequibles en el marco de un programa de su fundación- decidiera vender los pisos a un fondo de inversión que quiere alquilar de nuevo las viviendas a precios de mercado.

Algunas de las familias que residen en los inmuebles son vulnerables o pasan por circunstancias muy delicadas. Otras familias se enfrentan a su posible salida, ya que su contrato vence próximamente, en concreto este mes de noviembre, tal como relataban recientemente a elDiario.es.

Otras medidas de presión

La gestión del fondo también ha generado otros conflictos que los inquilinos califican como “otras medidas de presión”. Hace escasas semanas, los inquilinos denunciaron que un cambio en la titularidad de los contratos de agua, por el que Mosaic Propco pasó a figurar como pagador, les ha impedido acceder a las bonificaciones municipales de la empresa de gestión de aguas (Aqualia) vinculadas a determinadas situaciones económicas. La plataforma vecinal considera que la pérdida de estas ayudas supone un nuevo perjuicio para las familias y existe una clara intencionalidad de perjudicarles con el objetivo de expulsarles de los pisos.