Navarra estudiará expropiar viviendas a fondos buitre si desahucian a familias vulnerables
El Gobierno de Navarra, una coalición de PSN, Geroa Bai y Contigo/Zurekin se ha “comprometido” con EH Bildu a analizar “expresamente” la aplicación de los procedimientos de expropiación forzosa de viviendas propiedad de fondos buitre cuando residan en ellas familias vulnerables que vayan a ser desahuciadas.
Es uno de los puntos del acuerdo de presupuestos que el Ejecutivo foral ha firmado este viernes con EH Bildu para garantizar la aprobación de las cuentas del 2027, las octavas consecutivas que María Chivite logrará sacar adelante desde que es presidenta.
En el acuerdo, de 20 páginas, se detalla que “ante situaciones de vulnerabilidad residencial y riesgo de desahucio de personas y familias que habiten viviendas propiedad de grandes tenedores” el Gobierno de Navarra se compromete a “intervenir”, y que cuando “las vías de mediación y negociación, incluida la adquisición de las viviendas afectadas por parte de la Administración Foral, no permitan alcanzar una solución que garantice la seguridad residencial de las personas y familias afectadas, el Gobierno de Navarra analizará expresamente la aplicación de los procedimientos de expropiación forzosa previstos en la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del Derecho a la Vivienda en Navarra, impulsando su aplicación cuando concurran los requisitos legalmente establecidos”.
Fuentes del Departamento de Vivienda consultadas matizan que el compromiso alcanzado es el de únicamente “analizar” este extremo y que únicamente se llevaría a cabo en caso de no lograr un acuerdo con el fondo buitre.
El área que dirige Begoña Alfaro (Contigo/Zurekin) negocia ya de hecho con varios de estos fondos para adquirir viviendas protegidas y evitar así que pasen al mercado libre. Se da la circunstancia de que la semana pasada se cerró un acuerdo con la filial inmobiliaria de Caixabank para adquirir 27 casas.
Pensión mínima de 1.190 euros
Pero el octavo acuerdo de presupuestos entre el Gobierno de Chivite y EH Bildu incluye muchas más partidas. La coalición abertzale dispondrá además de 4,42 millones para incluir más vía enmiendas parciales que los socios del Ejecutivo deberán respaldar.
Entre las medidas ya acordadas y recogidas en el proyecto de presupuestos destaca una modificación en las deducciones fiscales para “garantizar” una pensión mínima de 1.190 euros el mes en 14 pagas, 16.660 euros brutos al año.
También se recogen, como en años anteriores, ayudas al aprendizaje del euskera en personas adultas, la ampliación del modelo D de enseñanza en euskera en los centros educativos o un mayor control sobre la instalación de las nuevas plantas de biometano.
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