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Dieciocho vidas truncadas por el franquismo a las que Galicia quiere reparar

Dieciocho vidas truncadas por el franquismo a las que Galicia quiere reparar

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Vilagarcía (Pontevedra), 13 nov (EFE).- A Francisco Rey lo sacaron de la cárcel de la isla de San Simón y, ya muerto, lo arrojaron a las puertas del cementerio. A Josefa Barreiro la torturaron y fusilaron por esconder en su casa a Urbano Tarrío, un jornalero al que acribillaron a tiros sobre su cocina. A Pilar Fernández le prendieron fuego tras perseguirla sin descanso.

Todos ellos estarían sepultados en una fosa común que, según los investigadores, está en algún lugar del camposanto de Rubiáns, en el municipio pontevedrés de Vilagarcía de Arousa.

Son cuatro de las dieciocho víctimas de la represión franquista a las que, 85 años después, busca un equipo multidisciplinar de la Universidad de Santiago para reparar su memoria. Personas que, durante décadas, formaron parte de un relato silenciado por sus verdugos.

Hallar sus cuerpos, sin embargo, no será tarea fácil. "Los asesinos siempre borran su rastro", explica a Efe el catedrático de Historia Contemporánea Lourenzo Fernández Prieto quien, al frente del grupo de investigación Histagra, coordina los trabajos de exhumación.

"Tuvieron mucho tiempo para ocultar lo que hicieron y manejar el recuerdo colectivo", añade el historiador gallego, que apunta a que se han dado casos en los que trasladaron los cuerpos a otros lugares, se construyó algo encima de las fosas o se tiraron los huesos al osario común.

Advierte además de que la memoria de las familias, en ocasiones, "puede estar modificada o transformada" como consecuencia del paso del tiempo, lo que lleva a pensar a todas las partes implicadas que sus restos "están en un sitio y resulta que están en otro".

Por ello, el coordinador de este trabajo subraya que "tenemos que ser cautelosos" y no generar expectativas en las familias porque "los únicos que saben de forma segura qué pasó o dónde están son los que perpetraron los crímenes o quienes trataron de ocultarlos".

Para abordar esta exhumación, rememora Fernández Prieto, se revisó "muchísima información", entre ella documentos de causas militares, registros civiles o los libros del propio cementerio, en los que constan hasta 400 enterramientos en la fosa común.

En esa fosa no solo acababan los "fusilados y los paseados", subraya este experto, sino también personas a las que nadie reclamó, gente con pocos recursos "o incluso suicidas", lo que podría complicar la identificación si se hallan restos por el riesgo de que "esté todo revuelto".

Los historiadores son solo el "primer eslabón" en estas tareas de exhumación que, sobre el terreno, ejecutan arqueólogos y supervisan antropólogos forenses, como Fernando Serrulla, que "comprueban si los restos que aparecen se corresponden con lo que estamos buscando".

El análisis de la tierra "para ver si tienen restos óseos e identificarlos" es parte esencial de este trabajo, en el que las pruebas de ADN deben aportar la "clave definitiva" al cotejarlos con sus familiares. De ello se encargaría, llegado el caso, el prestigioso genetista Ángel Carracedo.

De tener éxito en esta búsqueda, quedaría por delante el "reconocimiento" a las víctimas y la construcción de un "espacio de memoria democrática" que, según el coordinador de este proyecto, "es lo que merecen las víctimas y sus familias".

"No me gusta hablar de dignificarlas porque las víctimas siempre han sido dignas. Los indignos son los que los mataron", subraya Fernández Prieto, que comparte el "empeño" de las familias por recuperar los restos de los 'desaparecidos' durante el franquismo.

En Galicia, según los datos del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, hay documentadas 461 fosas en donde arrojaron a fusilados y paseados por el franquismo. Pero de ellas apenas se han excavado 27. Los cuerpos recuperados no llegan al centenar.

La exhumación de Rubiáns forma parte de un plan de búsqueda de las víctimas del régimen franquista en Galicia que se extenderá los próximos cuatro años y en el que se han implicado las instituciones públicas, en este caso la Xunta.

Este es un paso para poner fin a una "anomalía histórica", sentencia este historiador, que señala que lo que pasó en España tras la Guerra Civil "ocurrió en muchos otros sitios". Lo que solo sucedió aquí "es que los poderes públicos no se hayan ocupado de esto hasta ahora".

Pero a pesar de los avances sociales en materia de memoria histórica, sospecha que "posiblemente" volverán a aparecer voces que afirmen que el pasado no debe removerse cuando estas exhumaciones se multipliquen por todo el Estado.

"Si alguien en el presente dice eso es porque tiene un relato político caducado, interesado o equivocado y actúa en favor de los verdugos", zanja este catedrático, que avanza que "si hay gente que no lo tiene claro, aquí estamos nosotros para explicárselo".

Por Alejandro Espiño

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