“Los auditores no encontraron tacha de ilegalidad” en el programa de los ERE, según un consejero de la Cámara de Cuentas

Antonio Marmolejo Ledesma, consejero de la Cámara de Cuentas durante 19 años a propuesta del Grupo Parlamentario del PSOE, ha declarado este martes que los auditores encargados del informe anual de la Cuenta General de la Junta no encontraron tachas de ilegalidad en el programa presupuestario 31L con el que el Gobierno andaluz concedía las ayudas sociolaborales a trabajadores y directas a empresas en crisis.

Así lo ha manifestado Marmolejo, quien dejó su cargo de consejero hace dos años, durante su declaración como testigo en el juicio que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales y directas a empresas en crisis en los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos entre los años 2001 y 2010.

Marmolejo, consejero encargado de las corporaciones locales, ha indicado que el informe de la Cuenta General es el informe “estrella”, siendo el trabajo de campo e investigación de la documentación para su realización llevada a cabo por técnicos funcionarios de la Cámara de Cuentas “de alta cualificación”.

En este sentido, ha asegurado que en estos informes “nunca” aparecieron información sobre la legalidad del programa presupuestario 31L de la Dirección General de Trabajo, con el que concedía las ayudas investigadas y cuyos fondos eran transferidos al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), para el pago de las mismas en virtud del convenio marco de 2001 firmado entre la Consejería de Empleo y el IFA.

“Los auditores no encontraron tacha de ilegalidad en el tratamiento de esta partida”, ha añadido Marmolejo, que ha manifestado: “Que yo sepa no se planteó nunca cuestiones de este tipo, ni en las sesiones plenarias de la Cámara”.

En este sentido, ha recordado que el letrado mayor de la Cámara expone en comisión parlamentario el informe de la Cuenta General, teniendo lugar un debate “de mucho calado con todos los grupos parlamentarios”, añadiendo que el resultado del informe, que se aprueba por “unanimidad” de todos los consejeros del órgano fiscalizador, se pronuncia principalmente sobre la legalidad de la Cuenta General.

Además, según Marmolejo, se recogen recomendaciones y un informe de seguimiento sobre las recomendaciones. En este sentido, ha insistido en que los informes no se recogen “irregularidades o advertencias” sobre el programa 31L y “si no aparece es porque los auditores no las ven, porque lo revisan todo”.

ES “CLARO Y EVIDENTE”

Para Marmolejo y tras la exhibición de documentación por parte del abogado del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, queda “claro y evidente” para los receptores del informe de la Cuenta General que la Dirección General de Trabajo concedía ayudas con el programa 31L y que transfería fondos a IFA/IDEA para la materialización del pago, así como la existencia del convenio marco de 2001.

Marmolejo, a pesar de no ser su parcela como consejero, ha señalado la Cámara de Cuentas nunca estimó en su plan anual de actuación se examinara el programa 31L.

A preguntas de la acusación del PP-A, Marmolejo ha expresado que “no recuerda” que la finalidad del informe de la Cuenta General fuera revisar que estuviera “dentro del plazo establecido y fuera acorde con la estructura legal”, que “fuera una revisión formal” de la Cuenta General de la Junta, si no que, según el exconsejero, se emitía una opinión favorable con salvedades.

Tampoco ha recordado sí se analizaba dentro de la técnica de muestreo usada la partida 31L para el informe.

El abogado del PP-A Luis García Navarro ha preguntado a Marmolejo, si los funcionarios de la Cámara de Cuentas son técnicos altamente cualificados, por que se modificó el informe de este órgano sobre las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis investigadas y otorgadas por la Junta entre 2001 y 2010. “Porque los consejeros están para algo y en pleno se debatían los informes, siempre respetando el nudo gordiano de los informes de los auditores”, ha contestado el exconsejero de la Cámara.

Antes de la declaración de Marmolejo ha sido el turno de Victoria Pérez Martínez, quien fuera jefa de gestión económica de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Empleo, coincidiendo con los tres ex secretarios generales técnicos procesados en este juicio Javier Aguado, Juan Francisco Sánchez y Lourdes Medina.

Pérez Martínez, como después ha señalado Manuel Sivianes, jefe de departamento en el servicio de contratación de la Secretaría General Técnica, ha señalado que la gestión del programa presupuestario 31L era de la Dirección General de Trabajo, y la Secretaría General Técnica recopilaba los presupuestos de cada centro directivo, siendo las competencias de la Secretaría General Técnica de “mero trámite”, resaltando que “no tenía competencias para aprobar el anteproyecto de los presupuestos”.

En este sentido, la testigo ha afirmado que “una aplicación presupuestaria como tal no puede ser ilegal”.