La Junta de Andalucía crea un órgano de control tras dispararse los costes de la colaboración público privada
El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el decreto por el que se crea la Oficina de Evaluación Financiera, con el objetivo de garantizar “el uso adecuado de la colaboración público privada” y velar “por el carácter excepcional de los contratos de asociación, solo para inversiones inaplazables y sin sobrecostes excesivos”. El órgano de control llega después de que la Cámara de Cuentas haya alertado en informes de que el coste de las infraestructuras por este sistema se ha disparado.
En concreto, las infraestructuras con las que se estrenó el modelo, los suburbanos de Sevilla y Málaga han supuesto un desvío del presupuesto que supera el 75% en el primer caso (con 1.095 millones de euros sobre lo previsto) y el 112% en el segundo (1.391 más), según la Cámara de Cuentas.
Desde la Junta de Andalucía han explicado que la oficina estudiará la viabilidad de los proyectos en los que participe el sector privado y que supongan comprometer recursos de la administración. Para ello, evaluará la sostenibilidad financiera de las concesiones de obras y de gestión de servicios públicos, con carácter previo a la licitación de los contratos, y emitirá un informe que tendrá carácter preceptivo y vinculante.
En paralelo, informará las inversiones de la Junta de Andalucía que se ejecuten a través de la fórmulas de asociación en las nuevas normativas europeas y estatales, “con el fin de mejorar su calidad y racionalizar la asignación de los recursos públicos”.
La oficina actuará “bajo los principios de defensa de los intereses generales, eficiencia y economía que deben regir la programación y ejecución del gasto público”, según el decreto. Su informe será preceptivo siempre que se realicen aportaciones públicas a la construcción o a la explotación de concesiones administrativas, así como medidas de apoyo a la financiación del concesionario. También será obligatorio para concesiones de obras y contratos de gestión de servicios públicos en los que la tarifa sea asumida total o parcialmente por la Junta de Andalucía y sus entes instrumentales, y su importe o los gastos de primer establecimiento superen un millón de euros.
Los informes evaluarán variables como la rentabilidad del proyecto, la demanda del mismo o los riesgos que se asumen, mediante la aplicación de criterios objetivos y homogéneos. La oficina dispondrá de 30 días naturales para estudiar y emitir su valoración, plazo que podrá reducirse a la mitad en caso de urgencia. Los informes serán vinculantes, de modo que los órganos de contratación no podrán apartarse de su sentido, y todos serán publicados en la página web de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.
Para su funcionamiento, que no supondrá cargas administrativas adicionales, se podrán crear comisiones técnicas y grupos de trabajo, de carácter temporal o permanente, en las que participará personal funcionario.
