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Monitores educativos entregan a la Presidencia de la Junta la Proposición no de Ley

El sector de 840 monitores administrativos de centros docentes andaluces afectados tras el anuncio de la administración autonómica de asumir por medio de una oferta de empleo público sus funciones ha entregado a la Presidencia de la Junta de Andalucía, que ostenta Susana Díaz, una proposición no de ley (PNL) aprobada en el Parlamento andaluz y que pasa por buscar una solución para el conflicto de estos trabajadores.

Monitores educativos entregan a la Presidencia de la Junta la PNL que insta a buscar una solución para trabajadores

En el manifiesto que acompañaba a la PNL, consultado por Europa Press, recuerdan haber aguantado una situación de "esclavitud", tratándose en su mayoría de mujeres con cargas familiares. Es, añaden, "un colectivo que ha demostrado una profesionalidad excelente, avalada por equipos directivos, querido en todas y cada una de las comunidades educativas que conforman los mil y pico de centros a los que pertenecíamos, y admirado por su capacidad de entrega y lucha".

Así, recalcan que no van a "rendirse" hasta obtener "un compromiso firme de la administración, y por lo que de justicia nos corresponde". Culminan apelando a Díaz como presidenta y mujer, señalando que "confiamos en ambas, en su capacidad y persona, para que sepa valorar y dar una respuesta mediata y real a este colectivo".

Recientemente un juicio programado en Málaga para ver demandas de estos monitores ha quedado suspendido, al igual que otras vistas de días pasados en Cádiz y Córdoba. Fuentes del colectivo de monitores indicaron a Europa Press que, al margen del aplazamiento que la representación jurídica de estos trabajadores tenía pensado solicitar para agrupar varias demandas, la problemática en este juicio vino derivada de la falta de documentación que se precisaba para el transcurso de la vista oral, un extremo que los monitores temen se deba a una "maniobra" de la Junta para dilatar el proceso.

En los casos de Cádiz y Córdoba, fueron aplazados por la no comparecencia de las empresas que prestaron el servicio en un periodo transitorio de dos meses desde que se dio a conocer la decisión del Ejecutivo autonómico, dado que la notificación no se llevó a cabo en tiempo y forma.

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