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El Tribunal Constitucional no permite a la Junta acusar a exaltos cargos en piezas separadas del caso ERE

La administración andaluza había recurrrido en amparo contra la decisión de la Audiencia de que las personas que ya están siendo juzgadas en la pieza política no puedan ser enjuiciadas en el resto de piezas

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TC inadmite recurso de la Junta en contra de que exaltos cargos se enfrenten a un único juicio por los ERE

La Sección Tercera de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional (TC) ha decidido no admitir a trámite el recurso de amparo presentado por la Junta de Andalucía que solicitaba la anulación de la decisión de la Audiencia Provincial de Sevilla de impedir que los altos cargos sean juzgados más de una vez, en el marco del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.

En una providencia fechada en el pasado 26 de febrero, a la que ha tenido acceso Europa Press, el alto tribunal expone que "ha examinado el recurso presentado" y ha acordado no admitirlo a trámite "por no apreciar en el mismo la especial trascendencia constitucional que, como condición para su admisión, requiere".

Además, avisa de que, "si el Ministerio Fiscal no hubiere interpuesto recurso de súplica en el plazo legal de tres días", un plazo que ya está finalizado, se "archivarán estas actuaciones sin más trámite".

La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ha insistido en varias ocasiones en que los 22 exaltos cargos de la Junta de Andalucía procesados en la pieza 'política' de los ERE fraudulentos, dirigida entre otros contra los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, no podrán ser enjuiciados por ninguna otra de las piezas separadas en que se divide la causa.

La Junta presentó un recurso de amparo ante el TC a finales de año pidiendo el archivo de la denominada 'pieza política' de la macrocausa de los ERE y no ejercer la acusación particular en la misma. Así, se retiró como acusación particular en el caso y actualmente las únicas acusaciones presentes en la causa del procedimiento específico son el Ministerio Público y las acusaciones populares de PP y Manos Limpias.

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