Airbnb da un ultimátum a los dueños de viviendas turísticas en Andalucía para cumplir con la ley de 2016

O con todas las de la ley o fuera. La clandestinidad de los pisos turísticos tiene sus días contados en Andalucía. Los usuarios de Airbnb, aquellos que alquilan una habitación o una vivienda completa a huéspedes potenciales de todo el mundo, tienen hasta el 30 de septiembre para registrarse en la lista oficial de viviendas turísticas de la Junta de Andalucía. Es el ultimátum que han recibido por parte de esta plataforma estadounidense.

La web ofrece un enlace con información para realizar la inscripción adecuadamente con links al registro oficial y con información ampliada, indicando que “puedes registrarte por internet y rellenar una declaración jurada en la página web de la Junta de Andalucía o completar el proceso en persona en la oficina de registros correspondiente a tu provincia. Si la solicitud se aprueba, recibirás un número de registro que deberás añadir a la página de tu anuncio”.

En 2016, el Gobierno de Susana Díaz lanzó una ley para tratar de regular el pujante sector de las viviendas turísticas, ante una burbuja que estaba y está generando, en los centros históricos de sus principales capitales, el alza de los alquileres y una economía sumergida, según sus críticos.

Hasta ahora, plataformas como Airbnb y otras webs de apartamentos turísticos, dejaban en manos de sus ‘anfitriones’, como ellos llaman a los arrendadores, la gestión de los impuestos y de la normativa local. El Gobierno andaluz entendía que las empresas digitales se estaban desentendiendo de la obligación de que sus usuarios cumplieran con la ley: inscribirse en el registro de viviendas turísticas e indicarlo en sus anuncios con su correspondiente “matrícula”. La lista de viviendas turísticas cuenta en estos momentos con 35.199 alojamientos inscritos, según datos de la Consejería de Turismo.

Según Turismo, les han hecho ver en varias ocasiones desde 2016, tanto por escrito como en persona, que debían cumplir con la normativa autonómica y luchar así contra la clandestinidad. Fuentes de la Consejería señalan que se les pidió en un escrito enviado por correo “que prestaran su colaboración para impedir que existieran contenidos ilícitos, que se divulgaran alojamientos que no tuvieran el número de inscripción en el registro de inscripción de turismo de Andalucía”. Dos años después se han prestado a cumplir con la ley.

Sergio Vinay, responsable de Políticas Públicas de Airbnb, no ha atendido telefónicamente a este medio, como se le solicitó, declinando en su equipo de comunicación la respuesta oficial de Airbnb. “Andalucía cuenta con una regulación para el homesharing clara y justa, que facilita que la gente corriente abra sus hogares a huéspedes de todo el mundo. La herramienta de registro es el resultado de una buena colaboración con la región. Airbnb trabaja de manera activa con gobiernos locales y regionales de toda España”.

Medidas policiales

A lo largo de estos dos años, las medidas de la administración han ido más allá de las palabras y se han endurecido a lo largo de 2018. Mientras que en 2017, en una ciudad tan turística como Sevilla, la Policía Local apenas realizó 26 intervenciones contra viviendas ilegales en todo el año, las actuaciones en este 2018 se han triplicado: 85 inspecciones desde enero hasta mayo.

Según el delegado de de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera (PSOE), esta “actividad irregular no va en consonancia con la imagen que queremos proyectar de nuestra ciudad ya que en la mayoría de los casos suponen un perjuicio para los propios usuarios de estas viviendas al incumplir una serie de requisitos y suelen ocasionar molestias a los vecinos y vecinas que conviven en el mismo edificio”.

En septiembre del año pasado, la Policía Nacional llevó a cabo una intervención contra siete alojamientos turísticos del centro de Sevilla que no tenían sus papeles en regla. Cinco de ellos no habían enviado el parte de viajeros a la Policía y las dos restantes no estaban registradas en el listado de viviendas autonómicas. Las multas, entre 600 y 30.000 euros.

Desde la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia aplauden las medidas y “ven necesario un principio de regularización de la actividad turística, que debería ser mucho más extensa, ya que para nosotros es una competencia totalmente desleal. (Las viviendas turísticas) es algo que está de moda y contra lo que no podemos luchar, pero sí luchamos para que tengan que cumplir con un mínimo de requisitos de seguridad, impuestos y demás, como los que se nos exigen a nosotros”.

Los hoteleros no son los únicos críticos contra este tipo de turismo. Plataformas contra la turistización de Sevilla como CACTUS señalan que existen consecuencias negativas de la burbuja turística “y que no han sido estudiadas, como la huella ecológica, la precariedad laboral asociada al sector, la pérdida y degradación de determinados espacios públicos o el impacto en el mercado de la vivienda, especialmente desde la aparición de las plataformas como AirBnB o Homeaway”.

Según esta plataforma social “las viviendas con fines turísticos se han incrementado en pocos años, retirando del mercado de alquiler un buen número de viviendas y contribuyendo al aumento desmedido de precios. En el mercado de compra-venta se ha intensificado la especulación por el alto rendimiento de los inmuebles en las zonas turísticas de la ciudad, pudiendo observarse la rehabilitación de viviendas (muchas previamente vacías) para el negocio turístico. La gran mayoría de las 7.125 viviendas con fines turísticos (en enero de 2018) se concentran en el distrito casco antiguo (4.925) y Triana (641). De todas ellas, sólo 2.706 son legales, según datos de la Consejería de Turismo”.

Macarena Hernández, miembro del colectivo CACTUS, subraya que “el porcentaje de usuarios particulares en plataformas como Airbnb es mínimo. La mayoría son personas que tienen muchas propiedades. La cuestión en definitiva no es tanto qué modelo de turismo queremos, sino que modelo de ciudad necesitamos: un modelo de ciudad no tanto destinado al beneficio económico, sino a las personas”.

Una posición intermedia

Andalucía se sitúa en una posición intermedia entre la desregulación de la mayoría de regiones y la prohibición tajante de las viviendas turísticas tomada recientemente por ayuntamientos desbordados por la situación como el de Palma (Islas Baleares). La región sigue el camino de ciudades regentadas por los llamados “gobiernos del cambio” como Barcelona, Madrid o Valencia, pero a un nivel autonómico.

Según el Gobierno andaluz, hace falta una normativa que “homogeneice” la situación de las viviendas turísticas en todo el territorio nacional, para que los ayuntamientos puedan regular sin problema.

Javier Fernández, el consejero andaluz de Turismo, señalaba el pasado mes de abril que “fue el Gobierno central el que sacó los alquileres de menos de dos meses de la Ley de Arrendamientos Urbanos y creo que eso no ha dado resultado”, apostando por “dotar a los municipios de los instrumentos necesarios para regularlo, ordenar su territorio”, algo que “se lo tiene que dar el Estado porque tiene que ser de carácter general para todas las administraciones locales”, según recogía Europa Press.

La postura de Europa

En respuesta a una solicitud de información de eldiario.es, la Comisión Europea señalaba que “en el sector del alojamiento, algunos estados miembro han adoptado aproximaciones específicas. Las mejores prácticas se pueden encontrar en Londres y Ámsterdam. Otros países o ciudades adoptan un enfoque restrictivo (por ejemplo Berlín, Bélgica, España)”.

Mientras que Londres permite alquilar viviendas por menos de 90 noches al año sin necesidad de licencia, Ámsterdam sigue un esquema similar, pero se plantea ya reducirlo a 30 días ante el colapso turístico que sufre. A juicio de la Comisión, no deben de pedirse licencias específicas ni autorizaciones para las estancias cortas en primeras viviendas o en alquileres de habitaciones de la propia. Es decir, establece una diferencia entre pisos turísticos y economía colaborativa: compartir una habitación de tu casa, a cambio de dinero, de vez en cuando para recortar costes.

En cualquier caso, la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía cree la inscripción obligatoria en el registro es “un paso más para regularizar el sector”, que demuestra “la clara intención del sector a cumplir con la norma” y “evitar judicializar esta industria y los efectos negativos que podría suponer a Andalucía como destino”. Carlos Pérez, su presidente, le señala a este diario que “hemos promovido desde la asociación esta iniciativa de las plataformas. Confiamos que para este 2018, toda la oferta online esté perfectamente regularizada”.