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Alaya envió los requerimientos al Congreso y al Senado por ser “lugar de trabajo” de Chaves y Griñán
La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, Mercedes Alaya, ha justificado el envío de requerimientos al Congreso de los Diputados y al Senado para su traslado a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán por ser “su lugar de trabajo” y ante las “dificultades” para localizar previamente sus domicilios.
En una diligencia fechada el pasado 7 de abril, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Juzgado señalaba que “no habiéndose recibido contestación de la Guardia Civil en virtud de lo interesado por este Juzgado en providencia de fecha 22 de noviembre, al habla con los mismos manifiestan que los datos que les constan han sido obtenidos a partir de la consulta de las bases de datos publicadas, no pudiendo confirmar el domicilio correcto”.
Tras ello, la juez Mercedes Alaya ha dictado una providencia en la que señala que, “dada cuenta de la anterior diligencia y ante las dificultades de este Juzgado para localizar los domicilios de las personas a las que se refiere el auto de 18 de diciembre”, en el que 'preimputaba' a Chaves, Griñán y otros cinco exconsejeros de la Junta, José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Francisco Vallejo y Antonio Ávila, todos ellos aforados, “procede notificarles” el requerimiento “en su lugar de trabajo”.
Con este objetivo, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla acordó librar “atentos oficios” a los presidentes del Congreso de los Diputados, Jesús Posada; del Senado, Pío García Escudero; y del Parlamento de Andalucía, Manuel Gracia, “a fin de que se haga entrega de copia del auto” a cada uno de los siete aforados que figuran como “preimputados”.
Las Mesas del Congreso y del Senado acordaron este martes devolver a la juez Mercedes Alaya la documentación remitida relativas a los diputados Manuel Chaves y José Antonio Griñán y al senador socialista José Antonio Griñán y advirtieron a la magistrada que no había optado por el “camino correcto” para trasladarla a los afectados porque el órgano jurisdiccional para relacionarse con aforados es el Tribunal Supremo.
En la misma providencia, y de otro lado, la juez libra oficio a la Guardia Civil “para que informe a este Juzgado sobre el tiempo previsto para la entrega de los atestados relativos a IFA-Consejería de Innovación y resto de Sierra Norte”.
De igual modo, libra oficio a PricewaterhouseCoopers Auditores “para que a la mayor brevedad” remita la documentación reclamada por auto de fecha 13 de marzo de 2014, en la que le pidió, cabe recordar, distinta documentación relacionada con IDEA.
