Alaya imputa al exconsejero Ángel Ojeda en la causa de los cursos de formación
La jueza Alaya va dando pasos en su nueva investigación acerca de las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía, en este caso por la concesión de subvenciones destinadas a sindicatos y otras entidades para cursos de formación. Tras imputar al que fuera consejero de Empleo entre 2004 y 2010, Antonio Fernández, que ya estuvo varios meses en prisión preventiva a cuenta de los ERE, ha notificado un auto de imputación al también exconsejero Ángel Ojeda. Después de dirigir el departamento de Hacienda entre 1987 y 1990, al igual que Fernández ha sido imputado delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por su gestión durante los últimos años al frente de entidades beneficiarias de cursos de formación sufragados con dinero público.
Ojeda fue detenido el 4 de agosto pasado en el marco de un operativo de la Policía Nacional saldada con el arresto de nueve personas. Según han informado a eldiario.es/andalucia fuentes del caso, el juzgado de Alaya le ha hecho llegar a su domicilio un auto por el que se le notifica su imputación en la causa, si bien no consta citación judicial alguna. El otro exconsejero ya imputado sí que está ya convocado para prestar declaración ante Alaya el próximo 16 de octubre a las 10.30 horas.
Según la información adelantada este sábado por el Grupo Joly, un informe de la Inspección General de Trabajo habría alertado de un “grave perjuicio” ocasionado para el patrimonio de la Seguridad Social, al presupuesto del servicio de empleo estatal y para el presupuesto de la Junta de Andalucía la concesión de ayudas a formación incumpliendo la normativa específica para otorgar subvenciones.
En el este sentido, la jueza Alaya, en el auto de imputación de Antonio Fernández, acusaba concretamente a éste de dictar resoluciones de exoneración de la justificación de las subvenciones a las beneficiarias entre 2008 y 2011, “contraviniendo la normativa reguladora de la Ley de Subvenciones” y “permitiendo que tales entidades pudieran resultar beneficiarias en el siguiente ejercicio económico”, concediendo “con ausencia de procedimiento” diferentes subvenciones a la formación y contratación a la multinacional Delphi “sin convocatoria ni bases reguladoras” por valor de 70 millones de euros. Alaya fue más allá y en ese primer auto señalaba que la Junta habría permitido la no justificación de casi mil millones de euros en subvenciones para la formación.
33,3 millones en subvenciones
La presencia de Ángel Ojeda ya consta de alguna manera en aquel auto. La jueza se refería entonces a un expediente de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) en relación con Delphi en el que constaba la subcontratación a entidades relacionadas con Ojeda como AEA (Asociación de Empresas Aeronáuticas); Humanitas (Asociación de apoyo a la Integración); Innova (Asociación para la Sociedad de la Información); Inteca (Asociación para la Calidad Europea); y Natura (asociación para el Apoyo al Medio Ambiente). Algunas de estas entidades ya apuntadas también recibieron cinco millones del Ministerio de Empleo para formación, según adelantó eldiario.es/andalucia. Un entramado empresarial que centra por el momento las investigaciones de Alaya en relación con los cursos de formación.
En el auto que ha trascendido este sábado, Alaya señala que, “en poco más de año y medio”, las entidades de Ángel Ojeda integradas en el Grupo Prescal habrían recibido, con cargo al programa 32D dentro del dispositivo de Delphi por parte de la Consejería de Empleo, la suma de 33.309.789,16 euros en concepto de subvenciones excepcionales a la formación y a la contratación“. Dichas subvenciones, otorgadas entre el 10 de agosto de 2009 y el 3 de diciembre de 2013, las habría obtenido ”gracias a sus influencias en la Junta en virtud de sus antiguos cargos y contactos“.
Alaya, tras el caso de los ERE, parece así centralizar la nueva causa contra la concesión de ayudas públicas. A primeros de septiembre, la Fiscalía Provincial de Cádiz pidió formalmente que el Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz, que asumió las diligencias de la mencionada 'Operación Óscar', se inhibiera del caso en favor de otro juzgado que ya investigaba el supuesto fraude (el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que dirige Mercedes Alaya) sin que las mismas fuentes puedan confirmar que dicha inhibición se haya producido oficialmente. Lo que es ya un hecho es que la jueza de los ERE también investigará el caso de los cursos de formación.
