Andalucía recurre el real decreto de estabilidad financiera del sistema eléctrico
El Real Decreto Ley 9/2013 de medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico aprobado por el Gobierno de la Nación “pone en riesgo” una inversión de más de 12.000 millones de euros y la generación de miles de puestos de trabajo en Andalucía, además de generar “inseguridad jurídica”. Son los argumentos esgrimidos por la Junta de Andalucía para recurrir en el Tribunal Constitucional (TC) esta norma, en la que será la impugnación número 13 que presente contra una norma del Gobierno de Mariano Rajoy en lo que va de legislatura.
La medida ha sido aprobada este martes por el Consejo de Gobierno y pretende hacer frente a un real decreto que hace peligrar “el liderazgo de Andalucía en energías renovables” al haber cambiado “las reglas de juego”. Se ha aprobado “sin consenso” y tampoco se han tenido en cuenta en las negociaciones bilaterales “las propuestas” presentadas, en palabras del portavoz del Gobierno de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, al término de la reunión en la que se ha aprobado presentar este recurso. En su opinión, con este marco “se abren perspectivas de menor producción con fuentes de energía limpias y agrava el continuo encarecimiento del precio de la electricidad que en los últimos años lastra las economías domésticas y empresariales”.
El recurso se sumará a los presentados el pasado año contra otras tres normas del Gobierno de la Nación que también “ponen en riesgo” el desarrollo de las energías renovables en Andalucía: la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética; el Real Decreto-Ley 2/2013 de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero; y el Real Decreto-Ley 29/2012 de mejora en el sistema especial para empleados de hogar y otras medidas de carácter económico y social.
La Junta de Andalucía recuerda que los cambios fiscales y tarifarios introducidos por estas tres normas, unidos a la suspensión de primas a las renovables en España desde 2011, han afectado a decisiones que los promotores habían adoptado al amparo de otras reglas. “Ello ha supuesto dejar en el aire casi 12.000 millones de inversión en nuevas instalaciones, que podrían generar más de 38.000 empleos directos y supondrían 4.300 MW adicionales de potencia”, ha subrayado el portavoz. Éste ha dicho también que esta inestabilidad regulatoria se traslada a los mercados eléctrico y gasista, con un incremento de los precios resultantes que inevitablemente repercutirá en la factura que pagan ciudadanos y empresas. En los últimos cinco años el kilowatio/hora se ha incrementado un 63% en España, frente al 29% de la zona euro.
