Autoridades políticas y judiciales, pendientes de la investigación del joven muerto en el albergue
Diversas autoridades políticas, administrativas y judiciales están mostrando este viernes su preocupación por el desarrollo de los hechos relacionados con la muerte de un joven con síntomas de malnutrición que murió en un albergue de Sevilla tras ser dado de alta en el Hospital Virgen del Rocío. La causa del fallecimiento fue una bronconeumonía, según han informado fuentes judiciales respecto al avance de la autopsia, si bien desde las administraciones esperan avances en conocer cómo ocurrió todo.
El Gobierno español ya se ha puesto en contacto con la familia de Pietr Piskozub, de nacionalidad polaca fallecido en el centro de acogida municipal para personas en situación de exclusión y sin hogar de Sevilla. Así lo ha señalado a los periodistas en Granada la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, quien ha señalado que la Policía ya cuenta con todos los datos correspondientes al fallecido y está analizando los “antecedentes” y las “causas” de la muerte del joven.
En este sentido, el Consulado de Polonia en Madrid está en contacto “permanente” con la jueza que investiga la muerte del joven polaco, de acuerdo a lo previsto en la legislación española y polaca al respecto. Según ha explicado a Europa Press el portavoz de la Embajada, Maciej Bernatowicz, se está a la espera de que la identificación del fallecido sea “definitiva”, ya que, pese a que ha sido identificado como Pietr Piskozub, no portaba ningún documento de identidad en el momento de la muerte.
Así, ha indicado que será “cuando se sepa al cien por cien” cuando la oficina consular busque a su familia para, si existe, informarle del deceso. Berntowicz ha confiado en que esta situación se solvente a lo largo de las próximas horas para, en ese momento, comenzar las labores de localización de la familia. El portavoz ha insistido que, en cualquier caso, las autoridades consulares seguirán las leyes españolas y polacas relativas a este tipo de situaciones.
La concejal delegada de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación del Ayuntamiento de Sevilla, Dolores de Pablo-Blanco, se ha vuelto este viernes a referir al caso y ha dejado claro que no va entrar en realizar “juicios de valor” sobre el alta dada por el Hospital Virgen del Rocío y en cuyo juicio clínico apuntaba a que había “una problemática social, sin detallar a los servicios sociales municipales ningún tratamiento específico alimentario o con medicación”.
A preguntas de los periodistas, De Pablo-Blanco ha explicado que al Ayuntamiento no le consta que este joven, que llevaba unos 16 meses en España y estaba buscando a su hermano“, hubiera estado antes en el albergue o hubiera tenido contacto con los servicios sociales municipales.
La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha asegurado este viernes en Granada que su departamento ha abierto una “investigación reservada” para aclarar las circunstancias que rodearon el caso, indagando principalmente en el paso del joven por el servicio de Urgencias del Virgen del Rocío, antes de que falleciera. La Junta, según ha incidido, está “colaborando estrechamente” con los juzgados, y está dispuesta a aportar “cualquier petición” que se le formule. “En función de los resultados de esta investigación, como administración procederemos”, ha apuntado.
Un comunicado de la Consejería ha añadido en este sentido que el objetivo de esta investigación interna es “esclarecer hasta el último detalle la actuación que se prestó y tomar las medidas disciplinarias y organizativas que correspondan”, expresando su “absoluta disposición a colaborar en la investigación judicial que se mantiene abierta para ofrecer todos los datos e información necesaria para que se esclarezcan los hechos”.
Otro consejero, el de Justicia e Interior, también ha hablado del caso. Emilio de Llera ha lamentado la “desgracia” de la muerte del joven y ha señalado que “habrá que determinar las causas de la muerte, qué tratamiento había recibido o si fue tratado correctamente o no”, algo que “compete a Salud, y estoy convencido de que lo hará muy bien”.
“Es una pena que un chico joven, de esa edad, muera en esas condiciones en un albergue; no deja de ser una desgracia”. El consejero, al hilo, se ha referido a la muerte de decenas de inmigrantes en el naufragio ocurrido este jueves frente a las costas de la isla italiana de Lampedusa, señalando que este hecho debe llevar a realizar una “reflexión colectiva” sobre el tratamiento de los inmigrantes.
Por su parte, el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha abierto una actuación de oficio para esclarecer las circunstancias que rodean el caso porque “se trata de un hecho muy lamentable, del que todavía no tenemos ningún dato”. “Vamos a trabajar para ver qué ha pasado, cómo con una desnutrición tan severa esta persona ha podido salir del Hospital directamente a un albergue, y cómo en una cola ha podido caer muerto”, lamenta Maeztu, quien afirma que “hay que ser serios en esta investigación, ver dónde se han dado los errores o posibles negligencias, y tratar de que eso no se vuelva a repetir”.
Además, Maeztu ha apuntado que a lo largo de la mañana está recibiendo a ciudadanos e instituciones “interesándose por la triste noticia y el trágico desenlace, y que han pedido que la Oficina adopte las medidas necesarias para tratar de esclarecer este lamentable suceso”, porque, insiste, “el Defensor tiene que ser muy sensible con esta situación”, y “vamos a poner todo el interés del mundo para que esta situación no se repita”, concluye.El Defensor del Paciente pide intervenir a la Fiscalía.
La Fiscalía Superior de Andalucía no ha tardado en comentar tal petición y “atenderá con mucha atención” la petición de abrir una investigación de oficio por “presunta negligencia” en el caso del joven, según ha confirmado Jesús García Calderón. El fiscal superior ha explicado que aún no se ha puesto en contacto con el Defensor, de forma que cuando lo haga “podrá pronunciarse con una mayor certeza”.
No obstante, ha subrayado la relación “muy satisfactoria” que, según ha destacado, “siempre” ha mantenido la Fiscalía Superior de Andalucía con la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, “tanto antes cuando la dirigía José Chamizo como ahora con su actual titular, Jesús Maeztu”, a quien, según ha recordado García Calderón, tuvo “la oportunidad de saludar hace unos pocos días”.
“Estoy convencido de que se pondrán en contacto con nosotros, y por supuesto atenderemos con mucha atención todo aquello que nos transmitan y procuraremos conciliar la labor que tiene que hacer cada instancia”, ha concluido el fiscal superior.
Por otro lado, la Asociación El Defensor del Paciente ha solicitado al fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, una investigación de oficio por “una presunta negligencia” en este caso. En una carta, su presidenta, Carmen Flores, le pide “una investigación de oficio, en el penoso caso que ha acontecido en Sevilla con la muerte de un ser humano por lo que entendemos una presunta negligencia”, preguntándose “por qué se llegó hasta a ese extremo”.
En dicha misiva califica de “imprudencia” el hecho de que el joven fuera dado de alta en el Hospital Virgen del Rocío a las dos de la mañana, algo que, a su juicio, “podríamos calificar de imprudencia, ya que el paciente necesitaba ser ingresado y atendido con la decencia que debe hacerse en las circunstancias que padecía”. Flores señala que “esto no va a ser la última vez que pasa si no se toman medidas serias para estas personas que no disponen de tarjeta sanitaria, a las que solo se les atiende en urgencias 'de pasada' y la mayoría ni son ingresados, ni medicadas”, al tiempo que afirma que “es terrible morir, pero hacerlo de esta forma es indigno y propio de un país 'bananero'”.
