La crisis de Navantia por las bombas de Arabia Saudí: diez días de conexión telefónica Madrid-Andalucía
El pasado martes, 4 de septiembre, la Cadena Ser adelantó en exclusiva que el Ministerio de Defensa había paralizado la venta de 400 bombas de precisión láser del ejército español a Arabia Saudí para bombardear Yemen. La ministra Margarita Robles pretendía devolver al país saudí los 9,2 millones de euros que había recibido por esta venta, dejando sin efecto un contrato firmado por el anterior Gobierno de Mariano Rajoy en 2015. En ese mismo momento, las alarmas saltaban en la otra punta del país. Escuchando los argumentos antibelicistas de Robles y en defensa de los Derechos Humanos, estaba una persona muy próxima a la presidenta andaluza, Susana Díaz, que escuchaba la noticia en la radio con otras claves muy distintas: “Esto nos va a dar problemas en Navantia”, dijo.
48 horas después, los trabajadores de los Astilleros de Cádiz lanzaban un mensaje de alerta: la decisión de Robles y la paralización de la venta de las bombas a Arabia Saudí acababa de poner en riesgo el contrato del país árabe recién firmado con España para adquirir cinco corbetas de Navantia por valor de 2.000 millones de euros, y la creación de 6.000 puestos de trabajo en una de las zonas más castigadas por el desempleo.
La presidenta de la Junta de Andalucía no se enteró de las primeras movilizaciones de los trabajadores de Navantia hasta el jueves 6 por la noche, nada más aterrizar en Carcassone (Francia). Allí debía asistir el viernes a una reunión preparatoria del Comité de las Regiones (CdR) sobre el diseño del nuevo Fondo Social Europeo para el periodo 2021-2017.
“No recuerdo lo que hicimos en Carcassone”
El contenido y el desarrollo de aquella reunión ha quedado en un segundo plano, porque la presidenta andaluza tuvo que improvisar un gabinete de crisis en el mismo hotel de la localidad francesa en el que se estaba quedando, acompañada de algunos de sus asesores. El viernes 7, Susana Díaz, desde Francia, y su vicepresidente, Manuel Jiménez Barrios, desde Sevilla, cruzaron docenas de llamadas telefónicas al más alto nivel, tratando de apagar el incendio laboral que acababa de producirse.
Díaz telefoneó primero al presidente del Gobierno Pedro Sánchez para explicarle la peligrosa carambola que había desatado la decisión de la ministra de Defensa en la Bahía de Cádiz, una de las zonas más azotadas por el paro de España, con uno de los astilleros más guerreros del país. “Si Navantia se levanta en pie guerra, lo de Arabia Saudí va a ser un juego”. Los trabajadores ya habían anunciado paros y movilizaciones y estaban dispuestos a mantener la tensión hasta estar seguros de que el contrato seguía en pie. El vicepresidente andaluz, gaditano de origen, hablaba por un teléfono con el comité de empresa y por el otro con la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. “No recuerdo qué hicimos en Carcassone esas 24 horas aparte de hablar sobre Navantia”, explica un miembro de la Junta.
Coste político y laboral
Cuando Susana Díaz habla por primera vez con Pedro Sánchez, éste ya era consciente de la gravedad de la situación en los Astilleros de Cádiz, y del coste laboral y político que podía suponer para España y singularmente para Andalucía, que se encuentra al borde de unas elecciones autonómicas decisivas. “Ya está en manos del ministro de Exteriores. Esto no va a llegar a más”, cuentan que dijo el presidente. El lunes 10, Díaz aseguraba en la radio pública andaluza que “Pedro Sánchez le había dado su palabra”. Sin embargo, pese a los mensajes de tranquilidad de los líderes sindicales nacionales o el presidente de la patronal, el comité de empresa y los trabajadores del astillero gaditano seguían reclamando garantías. De hecho, mantenían aún un calendario de movilizaciones y protestas hasta que vieran “un comunicado oficial”.
Aún no se había producido una rectificación formal por parte del Gobierno, pero el ministro Josep Borrell había iniciado contactos diplomáticos con el Ejecutivo saudí para reconducir la situación, como se confirmó públicamente unos días después. Había riesgo de que algún otro país estuviese haciendo maniobras con los saudíes para que los contratos cambiaran de ubicación, atentos a la crisis. Y Cádiz seguía viendo crecer la tensión que supone la perdida de 6000 puestos de trabajo sin un plan B anunciado. De hecho, el alcalde de la ciudad, José María González “Kichi”, respaldaba las movilizaciones de los astilleros ante el dilema “entre fabricar armas y comer”, pese a la posición de Podemos durante esta crisis.
La gestión de Borrell terminaría con una desautorización rotunda a Margarita Robles. “La ministra de Defensa actuó por su cuenta. Cuando nosotros dimos el aviso de alerta, el ministro Borrell ya se había puesto manos a la obra para frenar la operación de Robles”, explican fuentes del Ejecutivo andaluz.
Este miércoles 12, España envió finalmente las bombas comprometidas a Arabia Saudí argumentando que “son de precisión y no producen daños colaterales”, y el país árabe confirmó que el contrato de las corbetas de Navantia seguía en pie y en la Bahía gaditana. Susana Díaz telefoneó a Pedro Sánchez el jueves 13 por la mañana para darle las gracias personalmente y los trabajadores de Navantia desconvocaron las movilizaciones.
