Funcionarios de la prisión de Algeciras protestan por amenazas y coacciones: “Sigo creyendo que esto es una minoría”

“El Campo de Gibraltar, gracias a Dios, no es ni México ni Colombia, como alguna gente quiere que sea”, exclama Francisco Márquez Salaberri, director de la prisión de Botafuegos, en Algeciras: 1.113 reclusos, entre quienes se cuenta medio centenar de mujeres. Alrededor de 500 funcionarios componen su plantilla.

A las puertas de esa cárcel, que acumula una plusmarca de sentencias por delitos contra la salud pública, más de un centenar de personas participaron este miércoles, a las 11.00 horas, en una concentración de cinco minutos de duración, como acción de rechazo contra las coacciones y amenazas sufridas por sus funcionarios, cuando tres vehículos de su pertenencia han ardido en los últimos meses.

Esta acción, convocada por los Sindicatos del Centro Penitenciario, fue secundada por parte de la plantilla del centro, incluyendo a su director, Francisco Márquez Salaberri, quien allí mismo declararía ante los periodistas: “A mí no me van a amedrentar, a mí no me dan ningún miedo. Yo aprendí de pequeño que es mejor morir de pie que vivir de rodillas y yo no me voy a arrodillar ante estos mierdas”.

“No voy a criminalizar a toda la población reclusa”

“Yo sigo creyendo que esto es una minoría muy minoritaria. No voy a criminalizar de ninguna de las maneras a toda la población reclusa. Ha habido un paso cualitativo y cuantitativo. Estas cosas nunca habían pasado”, señala Márquez Salaberri, al tiempo que confirma que los integrantes del módulo ya han sido dispersados.

La protesta contó con el respaldo de diversos colectivos, de las coordinadoras contra la droga, representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad, de la plataforma de especial singularidad en el Campo de Gibraltar y distintos organismos públicos como el Ayuntamiento de la ciudad.

Tres vehículos incendiados

Según ACAIP-UGT, se trata de exigir medidas a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y al ministro del Interior, en relación con las amenazas que vienen sufriendo con mayor virulencia de la habitual, desde hace, al menos, tres años, y que se agudizaron a partir del último trimestre de 2021. En los últimos seis meses, han sido incendiados tres vehículos. El primero de ellos, perteneciente a un miembro de la Unidad Técnica, a la puerta de su casa, por lo que se vio obligado a pedir traslado del módulo donde trabajaba. Y en la noche del pasado lunes, 5 de septiembre, se desató un incendio provocado en la casa de un matrimonio; ella, trabajadora social de la cárcel y él, empleado en una empresa de mantenimiento ajena a dichas instalaciones: sus dos vehículos particulares eran calcinados a la puerta de su domicilio.

Mientras en esa misma ciudad, la Audiencia Provincial dirime en estos días el primer juicio al que se enfrenta el capo Jesús Núñez “El Pantoja”, ACAIP-UGT había reclamado ya con anterioridad el traslado de los presos relacionados con las grandes organizaciones de narcotráfico a otros centros penitenciarios del país. El sindicato asegura que la actitud de los narcos, fuera y dentro de la cárcel, “está mutando, no temen las consecuencias de sus conductas, ya no se conforman con las meras amenazas, se ha pasado a los hechos y traspasado líneas rojas”.

Salud mental

“Si la pandemia de Covid-19 ha provocado un incremento de los problemas de salud mental en nuestros propios hogares, imaginad cómo se ha vivido en una prisión”, añade Márquez Salaberri, consciente de los déficits que las prisiones tienen en materia de asistencia médica en general y de salud mental en particular.

Así, en el último mes de marzo, también la sección sindical de Acaip-UGT en la prisión de Botafuegos, muy activa en este sentido, reclamó a Interior al menos un psiquiatra para atender al centro, tras haberse registrado un incendio intencionado en uno de los chabolos y autolesiones por parte de otro recluso, y todo ello en la misma semana.

“En el interior de las prisiones siempre tienen que pasar cosas, y muchas de ellas, porque cada vez tenemos más enfermos mentales”, sostiene el director de Botafuegos. Coincide con el análisis del sindicato en que también “puede haber alguna mutación de algún tipo de traficantes, que eso no había antes, que se hayan vuelto más agresivos”.

“Yo creo que es un perfil de gente de nueva generación. Incautas un teléfono móvil y está grabado en él cómo están cargando o descargando los fardos de hachís”, describe Márquez Salaberri.

Cambio generacional

A su juicio, existe un cambio generacional notable en el perfil de los narcos del Estrecho: “Los padres eran traficantes pero no andaban con estas tonterías”. Ahora, están grupos como el de los Castañas o el del Messi del hachís: “Yo les digo, sí, ganaréis mucho dinero pero os vais a pasar toda la vida en la cárcel, vais a tirar vuestra vida por el retrete, ¿os merece la pena? Y siempre es preferible un bocadillo afuera que caviar entre rejas, si es que hubiera caviar, que no lo hay, por cierto”.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, a la sazón senador del Partido Popular, ya ha anunciado que preguntará al Gobierno en la Cámara Alta sobre la situación de indefensión que sufre el colectivo. También recuerda que el pasado mes de abril, durante una reunión de la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo, él mismo llamó la atención sobre la necesidad de que los funcionarios de prisiones adquiriesen la consideración de “agentes de la autoridad”, lo que les otorgaría una mayor protección personal y jurídica ante situaciones y agresiones como las vividas estos últimos días, que en muchas ocasiones “salen gratis a los agresores”.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, por su parte, que elevó al Mecanismo Nacional contra la Tortura la muerte por ahorcamiento de dos detenidos en la Comisaría algecireña en 2020, ha coincidido a la hora de reclamar un refuerzo en la plantilla sanitaria de la cárcel. Cerca de ella, ahora, sobre 10.000 metros cuadrados se ultima la construcción de un macro-CIE, que esta y otras organizaciones humanitarias condenan como “una macro-cárcel para inmigrantes”. El proyecto lo inició Juan Ignacio Zoido, como ministro del Interior del Partido Popular. Y lo ha continuado Fernando Grande-Marlaska, como titular de esa misma cartera en el actual Gobierno.