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La Junta pone en duda la Ciudad de la Justicia de Cádiz y el alcalde piensa que “les estorba que sea en barrios populares”

Foto de la Junta de Andalucía del día de la firma del convenio de la cesión de los terrenos del Ayuntamiento

Francisco J. Jiménez

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José María González, Kichi, alcalde de Cádiz, ha abierto la caja de los truenos contra la Junta de Andalucía. Lo ha hecho después de que el Gobierno autonómico haya puesto en duda la puesta en marcha de la Ciudad de la Justicia, un proyecto que lleva dos décadas sin terminar de arrancar. Para una ciudad con los problemas de paro de la gaditana es fundamental contar con un elemento de este calado por lo que puede suponer a nivel administrativo y, para qué negarlo, a nivel de creación de empleo y de riqueza para la zona donde se instale.

Cuando en 2003 los vecinos de un barrio obrero de Cádiz junto a San Severiano fueron avisados de la construcción de un proyecto gigantesco, a más de uno se le cayeron las lágrimas. Se hablaba de una inversión de unos 50 millones de euros para darle vida a la zona, incluso con la posibilidad de la construcción de un gran jardín que acompañaría al estamento judicial. Todo aquello quedó en nada, como otros muchos planes que se quedaron en papel mojado en Cádiz.

La titularidad de aquel solar, de unos 10.000 metros cuadrados, correspondía a la Diputación de Cádiz, que lo cedió a la Junta de Andalucía, quien se cargó de la responsabilidad de sacar adelante el proyecto. Tras muchos años en barbecho, no sería en el emplazamiento previsto en un principio, pero sí en los antiguos almacenes de Tabacalera del barrio de Loreto. En diciembre de 2021 se firmaba un convenio de cesión del suelo municipal a la Junta. Sería un proyecto menos ambicioso que el inicial, pero era igualmente interesante para la ciudad.

Nacería “pequeño e insuficiente”

Pero han saltado las alarmas cuando José Antonio Nieto, consejero de Justicia, ha hecho unas declaraciones en las que pone en duda la idoneidad de los terrenos elegidos. “En Cádiz se ha propuesto un suelo con una edificabilidad que no nos permite tener un equipamiento a la altura de las necesidades que tiene la ciudad de Cádiz. Nacería pequeño, absolutamente insuficiente. Yo no entendería que un gaditano nos dijera que después del tiempo que lleva esperando, ahora construimos una Ciudad de la Justicia que no puede acoger ni lo que hay ya, no digo ya lo que pueda venir en el futuro”, ha dicho en el diario ABC.

Estas palabras han caído como un jarro de agua fría en el Ayuntamiento gaditano. José María González no ha dudado en salir al paso para mostrar su indignación: “Juanma Moreno y el PP son unos desleales con Cádiz. Con un acuerdo firmado, va y quieren robarle a Cádiz la Ciudad de la Justicia. En el fondo les estorba que el proyecto sea en barrios populares. No toleraremos esta nueva afrenta a la ciudad y llegaremos hasta donde haga falta”.

“El PP se desmarca del convenio para que la Ciudad de la Justicia de Cádiz se sitúe en los Depósitos de Tabaco. La razón es que el PP, como los sectores más reaccionarios de la judicatura, no quieren esa infraestructura entre las barriadas populares de Loreto, Puntales y el Cerro. Es puro clasismo. Desde Cádiz lucharemos para que no se les niegue a esos barrios una conquista que ya tenían firmada con el gobierno anterior”, señala Teresa Rodríguez, portavoz de Adelante Andalucía y diputada en el Parlamento.

La Junta matiza

Ante el revuelo causado por la situación, la Junta de Andalucía ha querido matizar las declaraciones de Nieto con un comunicado en el que intenta hacer ver que el proyecto sigue adelante: “La Consejería de Justicia sigue adelante con el proyecto de la Ciudad de la Justicia de Cádiz, en ningún momento se ha planteado su paralización ni cambio de ubicación. Todo lo contrario, el objetivo es poder mejorar el proyecto de tal forma que todos los órganos judiciales de la capital gaditana puedan ser reunificados en la Ciudad de la Justicia. La intención es abordar con el Ayuntamiento la ampliación de la edificabilidad, cuya limitación, como ya era conocida, impide el traslado al completo de todos los órganos judiciales, obligando a mantener la Audiencia Provincial en su ubicación actual”.

A nivel político, por supuesto, también ha tenido una importante repercusión. El portavoz del grupo municipal del PSOE, Óscar Torres, asegura que “de nuevo la Junta de Andalucía deja a la ciudad de Cádiz en el vagón de cola de sus políticas e inversiones. La excusa de la falta de espacio es una nueva patada hacia adelante a un proyecto importante para nuestra ciudad que sigue viendo cómo se construyen hospitales en otras capitales, o cómo se invierte en otras ciudades de la justicia, menos en la de Cádiz”.

En el momento de la firma de la cesión de los inmuebles de Tabacalera a la Junta, Juan Marín dijo que “en el primer semestre de 2022 tendremos el proyecto definitivo y luego sacaremos la licitación de la obra”. A día de hoy todo está en el aire, aunque el Ayuntamiento mantiene la titularidad sobre los bienes jurídicos cedidos y podrá recabar información en cualquier momento sobre el cumplimiento del documento.

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