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La Ley de Cine de Andalucía garantizará una financiación estable para esta industria

Cine.

Olga Granado

Una garantía de financiación estable, un cauce permanente de comunicación con el sector, la aprobación de una estrategia con líneas concretas de trabajo para su fomento y un sistema de información y seguimiento son las claves del proyecto de Ley del Cine de Andalucía, aprobado este martes por el Consejo de Gobierno, lo que la convertirá, después de Catalunya, en la segunda comunidad autónoma con un marco de este tipo para esta industria. 

“Estamos en un momento de revolución de esta industria y queremos aprovechar esas oportunidades”, ha enfatizado el consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, en la presentación del texto que será remitido “de inmediato” para su debate en el Parlamento de Andalucía. El consejero ha destacado que el documento “es del sector y para el sector”, en el sentido de que se ha implicado de lleno en su elaboración. Por eso ha pedido la colaboración de los grupos parlamentarios para que sea aprobada lo más pronto posible. Entretanto, ya se empezará  a abordar con el sector el reglamento de la ley y la anunciada estrategia para seis años, con el fin de ganar tiempo en un marco que llevaba años siendo demandado.

Lo más destacado es que la norma “establece la obligación de generar ese marco de financiación estable”, que nos se ha concretado, porque habrá que esperar a su reglamento y a que se apruebe la estrategia. No obstante, el consejero ha explicado que para el periodo 2017-2020, sólo su departamento destinará 48,7 millones de euros a esta industria. Es un cálculo que supone mantener el mismo nivel de respaldo que actualmente, por ha querido ser “prudente”, pero está convencido de que los fondos públicos destinados a fomentar esta industria serán muchos más, entre otras cosas porque la ley implica a otros departamentos, por ejemplo en materia de educación, promoción exterior, empleo...

No es que el cine no reciba fondos públicos de la Junta de Andalucía o sus entes instrumentales. Basta con recordar, por ejemplo, la participación de la RTVA en producciones o las partidas de Extenda para la internacionalización. Pero esta ley promete un presupuesto permanente para ello. Se  regulará a través de un paquete de fondos públicos en cuatro líneas: creación y producción; distribución, incluso para nuevos formatos; salas de cine; y promoción y difusión. “Habrá también acciones para estimular la inversión privada en el sector facilitando la colaboración entre entidades y posibles acuerdos de crédito”, ha subrayado.

¿Posibilidad de desgravaciones fiscales por participar en esta industria? De momento, no. El consejero ha recordado que eso estaba previsto en la Ley del Mecenazgo, que se quedó congelada en el anteproyecto hace tres años, cuando el titular del ramo era Luciano Alonso. Es más, Miguel Ángel Vazquez ha reconocido que esa ley tiene dificultades para salir del cajón porque no hay legislación estatal en la materia y se podría estar entrando en “invasión de competencias” si se contemplan por ejemplo esas reducciones fiscales. 

Pero, de momento, la Ley del Cine llega para respaldar a esta industria y “facilitar la producción, distribución y exhibición de calidad, internacionalizar nuestro cine, que el mismo esté comprometido con la igualdad de género y de oportunidades, favorecer la formación... La perspectiva de género, de hecho, es uno de sus pilares, y se pretende promover la presencia de mujeres en los oficios del cine.

Igualmente, la norma “es especialmente sensible con las personas con discapacidad”. Concretamente, propone obligar a las salas a informar de la accesibilidad, mientras que las nuevas deberán tener espacios adaptados para personas con movilidad reducida y acompañante, mínimo dos por cada una. También se prevén fondos públicos para que obras audiovisuales sean accesibles a personas con discapacidad auditiva o visual.

Dentro de los órganos que se pondrá en marcha con la ley, en caso de no experimentar cambios en su tramitación parlamentaria, figuran: un Consejo Asesor de Cinematografía, consultivo y de asesoramiento en el que participarán profesionales de reconocido prestigio; un Centro de Información y Seguimiento de la Actividad Cinematográfica y Audiovisual, a modo de coordinación entre las consejerías y que se encargará de realizar trabajos estadísticos y de tratamientos de datos; un Registro Andaluz de Empresas Cinematográficas y de Producción Audiovisual, de acceso público y como radiografía del sector; y una Red Cultural de Salas de Cine cuya finalidad será distribuir las obras audiovisuales andaluzas y europeas en general.

Finalmente, ha reiterado “el cine es una oportunidad para Andalucía”. Por un lado, como cultura, “que difunde valores y conocimiento, y por otro, como economía, dado que genera riqueza y contribuye a un nuevo modelo productivo”. De hecho, “establece sinergias” con otras industrias clave en Andalucía, como es el turismo. “Tres de cada 10 turistas vienen a Andalucía por su cultura y patrimonio, que se puede hacer llegar a todos los rincones del mundo gracias al cine y la televisión”.

Datos del sector

El proyecto de ley ha sido fruto del trabajo y consenso con los profesionales, representados, entre otros, por: Asociación de Empresas de Producción Audiovisual y Productores Independientes de Andalucía (Aepaa-Apria); Plataforma de Empresarios y Creadores del Audiovisual Andaluz (Pecaa); Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (Cima); Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales (Aamma); Asociación de Empresas de Distribución Audiovisual de Andalucía (Aedava); y Asociación Profesional de Técnicos Audiovisuales y Cinematográficos de Sevilla (Tesea), junto a Asecan (Asociación de Escritores y Escritoras de Cine en Andalucía).

Los datos de la Andalucía Film Comission correspondiente a 2016 arrojan que la comunidad autónoma cuenta con alrededor de 1.400 empresas dentro del sector de medios audiovisuales, de las que 625 están centradas en cine y televisión. Generan unos 10.000 empleos directos y 20.000 indirectos. También el pasado año se batió el récord de número de rodajes, con un total de 1.336 que generaron un impacto económico de 118 millones de euros y dieron trabajo a unos 15.000 profesionales. Finalmente, abrieron nuevas salas de cine, hasta llegar a las 561, con 15,5 millones de espectadores y una recaudación de 85 millones de euros.

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