La comisión parlamentaria que investiga el uso de fondos públicos en prostíbulos alarga el paseíllo de los condenados por los ERE

José Antonio Viera, ex líder del PSOE de Sevilla y consejero andaluz de Empleo entre 2000 y 2004, fue condenado el martes a siete años de cárcel por malversación y 18 de inhabilitación por prevaricación en el marco del caso ERE. El miércoles se enteró de que la Fiscalía Anticorrupción había dado el primer paso para solicitar su ingreso en prisión como medida cautelar. El jueves acudió al Parlamento andaluz a declarar ante la comisión que investiga otro caso de irregularidades en la concesión de ayudas sociolaborales por parte de la Fundación Andaluza de Formación y Empleo (Faffe), de la que Viera fue uno de sus impulsores. “Mi conducta siempre ha estado marcada por la ética, la legalidad y la honradez. No conozco ninguna irregularidad en la Faffe”, dijo, lacónico, ante los portavoces de los grupos parlamentarios.

La comisión de investigación de la Faffe, la extinta agencia vinculada a la Consejería de Empleo en sucesivos gobiernos del PSOE en Andalucía, se convirtió este jueves en una prolongación del caso ERE. Ambos asuntos están judicializados, comparten el fondo de la cuestión -el supuesto uso irregular de ayudas a parados para otros fines- y a un puñado de políticos implicados. Dos de los ex consejeros de Empleo condenados a prisión e inhabilitación en los ERE -Viera y Antonio Fernández- han sido llamados a declarar al Parlamento andaluz para dar cuenta de su paso por la Faffe.

Sobre esta agencia pública, la Cámara de Cuentas ya destapó en un informe un agujero de 55,6 millones de euros en ayudas sin justificar. El asunto más sórdido de esta investigación sobre desvío de fondos públicos es el que señala a ex directivos de la Faffe que usaron sus tarjetas de crédito corporativas para gastar 32.000 euros en 12 fiestas en prostíbulos de Sevilla, Cádiz y Córdoba. Las comparecencias arrancaron a 48 horas del cierre de la campaña electoral del 10N, primero con el ex presidente andaluz Manuel Chaves, que se negó a declarar, y luego con el dueño del prostíbulo Don Angelo, que dijo desconocer a los altos cargos de la Faffe que estuvieron en su local y negó que en su establecimiento se hicieran “servicios sexuales”.

El ex consejero Antonio Fernández no ha acudido, alegando no haber recibido la citación, y Viera ha comparecido, para hacer una defensa cerrada de su etapa al frente de la agencia de Empleo. Su relato en la Cámara ha coincidido, por casualidad, con la reaparición de Susana Díaz en televisión, después de 48 horas de mutismo tras conocer la condena a los ex presidentes Chaves y José Antonio Griñán, y otros 17 altos cargos socialistas de los últimos 23 años de gobiernos en Andalucía. “Que a Pedro [Sánchez] y a mí nos quieran meter es irracional. El PSOE no aparece en los 1.800 páginas de la sentencia”, ha dicho Díaz, marcando un antes y un después entre sus antecesores y su Gobierno. Precisamente Viera fue uno de sus padres políticos en el PSOE de Sevilla. “Ella va por un camino y yo por otro, no hay relación”, ha admitido el ex consejero tras su comparecencia ante la comisión.

Durante el interrogatorio de Viera se han mezclado argumentos del caso Faffe, pero también del caso ERE, incluso de la supuesta compra de votos del PSOE en un municipio de Sevilla, asunto que el PP ha puesto en conocimiento de la Fiscalía. Las diputadas de PP, Ciudadanos, Vox y Adelante Andalucía presentes en la comisión han retratado al PSOE como un partido “corrupto”, sustentado en el poder durante 37 años “gracias al clientelismo y la compra de voluntades”, algo que ha sacado de sus casillas a Viera. “No le acepto que el PSOE en el Gobierno andaluz haya comprado la paz social”, ha respondido Viera, con tono severo, a las preguntas de la diputada del PP, Ana Vanesa García.

De los 19 condenados por el caso ERE, el ex líder del PSOE de Sevilla ha sido el primero en hablar tras la sentencia, el que más profusamente ha dado explicaciones, ha defendido su actuación, la de sus superiores y la de su partido. Algo chocante, en tanto que Viera fue repudiado de los primeros repudiados públicamente por el PSOE de Susana Díaz, que nunca puso la mano en el fuego por él. Ahora es él quien se encara con el PP para negar rotundamente que el fallo de los ERE corrobora la teoría del “voto cautivo y la compra de la paz social” que permitió a los socialistas andaluces perpetuarse en el poder. “Hemos ganado las elecciones siempre, excepto una vez, porque así han querido los andaluces. Del 79 al 2000 no hubo ERE financiados por la Junta y también ganamos las elecciones. Y cuando las hemos perdido, es porque lo hicimos mal. La gente de Andalucía es inteligente y toma sus decisiones con libertad”, dice.

La Faffe se creó en 2003, bajo tutela de Viera, y se disolvió en 2011. El ex consejero de Empleo ha hecho una encendida defensa de un órgano que se creó “en un momento crítico para el país”. “En los años 80, sufrimos la crisis en la siderurgia, en la industria textil, en la industria naval, miles y miles de personas que se estaban quedando sin trabajo. En ese tiempo tuvimos huelgas duras y el Ministerio de Trabajo tiene que recurrir a las comunidades para desarrollar las políticas activas de empleo. En Andalucía, para amortiguar el drama sociolaboral que vivíamos, nos lleva a preocuparnos de la gente joven, ponemos énfasis en un sector que nadie creía, el aeronáutico”, explica Viera.

La diputada de Ciudadanos Teresa Pardo ha insistido una y otra vez en pedirle explicaciones y disculpas porque “el dinero de los andaluces se usó en club de alternes”. “¿Me va a pedir perdón a mí y a los andaluces?”, reiteró. Fue de los momentos más intensos de la comparecencia. “Yo ya pedí disculpas. Si hubo algún comportamiento inmoral o ilegal en alguno de los organismos que yo dirigí, pedí disculpas por ello y me reitero. Pero la Faffe no puede ser condenada por un solo comportamiento irregular. Ni por uno ni por dos ni por tres. Porque miles de andaluces se beneficiaron de esa agencia”, avisa.

Viera sí ha admitido que fue él quien nombró como gerente de la Faffe a Fernando Villén, ex miembro de la ejecutiva regional del PSOE, que fue quien cargó 14.737 euros a la tarjeta de la empresa pública en el prostíbulo Don Angelo de Sevilla, la madrugada del 22 al 23 de marzo de 2010. “Mi equipo me hizo llegar las buenas cualidades de este señor y yo dije que sí, me imagino”, ha respondido. Más visceral se ha mostrado cuando ha escuchado al portavoz de Vox, Francisco Serrano, subrayar que para las contrataciones “se contaba con personas cuya única cualidad era ser parte del PSOE”.

La comisión de investigación también ha contado este jueves con la presencia del ex consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila (2010-2013), que se ha apresurado a explicar que la Faffe ya no existía cuando las competencias de Empleo se integraron en su departamento. A última hora ha comparecido el ex consejero de Empleo Manuel Recio (2010-2012), que ha leído ante la comisión una amplia doctrina jurídica para justificar que no iba a responder a las preguntas “para evitar posibles interferencias” en otro proceso judicial en el que está envuelto (los cursos de formación).

A este instante le ha sucedido un encontronazo con el presidente de la comisión, el joven diputado de Ciudadanos Enrique Moreno. Recio ha pedido permiso para ausentarse tras exponer sus argumentos jurídicos, y Moreno se lo ha prohibido. Es entonces cuando uno de los letrados de la Cámara, Ángel Marrero, ha intervenido de forma espontánea para advertir que “según su criterio, el compareciente puede abandonar la sala”. “¿Me da usted la palabra?”, le ha preguntado el letrado al presidente de la comisión, pero éste ha ignorado su apreciación. Moreno se ha acogido a un dictamen del propio letrado que, según su interpretación, obliga a los comparecientes a permanecer y escuchar las preguntas de los grupos aunque se acojan a su derecho a no declarar.

El PSOE ha interpretado que se estaban vulnerando los derechos fundamentales de Recio y, al finalizar la sesión, anunció que presentará a la Mesa del Parlamento un escrito pidiendo que se adopten medidas contra el presidente de la comisión. Moreno defiende en todo momento que ha respetado el reglamento de la Cámara y subraya que el criterio del letrado “no es vinculante”. No lo es. Aunque hasta la fecha, la tradición parlamentaria hacía que los grupos tuvieran muy en cuenta y respetaran las conclusiones de los servicios jurídicos de la Cámara.