Un empresario de formación: “Todo el mundo sabe que en los cursos han pasado cosas”
El exgerente de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) en Cádiz, Luis Marqués, ha afirmado este martes que su función en los cursos para los extrabajadores de Delphi se limitó a la ejecución técnica y que él limitaba “a ejecutar las órdenes que venían”. Lo ha dicho durante su comparecencia en la comisión de investigación constituida en el Parlamento de Andalucía sobre el presunto fraude en la formación, por donde la jornada previa habían pasado otros dos cargos de la Faffe defendiendo el papel de la fundación como “motor de empleo” y negando prácticas de enchufismo.
Los grupos de la oposición han criticado duramente que, después de que hayan comparecido tres miembros de la Faffe en la comisión de investigación, “nadie sabe nada” sobre la formación de los antiguos trabajadores de Delphi, un caso sobre el que han centrado muchas sospechas. Por ello, la diputada del PP-A Teresa Ruiz-Sillero ha anunciado que pedirán que asistan más representantes de la Faffe.
Entre otras cosas, Luis Marqués ha defendido que “en la Faffe no se proyectó cine”, si bien ha justificado que extrabajadores de Delphi recibieron en la formación recursos audiovisuales “como herramienta didáctica”. Ha indicado que “nunca se llegó a comprobar” que se proyectaran películas en horas de formación, y que una vez tuvieron conocimiento de las noticias en la prensa, se abrió un proceso de investigación interna y para usar los medios audiovisuales, los profesores debían justificar su uso.
“Nos parece increíble y una pena que hayan pasado máximos responsables de la Faffe durante ocho años y que a preguntas de IU sobre la cuestión concreta de Delphi, nadie supiera nada”, ha dicho Elena Cortés, de IU. La conclusión que ha sacado IU de esta comparecencia es: “Curiosamente, la formación no es igual a empleo, con lo cual los 300 millones de euros gestionados por Faffe para formación no sabemos qué objetivo tenían, si era para tener entretenida a la gente o hacer negocio a través de una estructura que generó procesos de desindustrialización”.
Marta Bosquet ha suscrito “en su integridad” estas palabras para una fundación de la que ha recordado que incluso recibió 16,6 millones de euros de subvenciones de la Junta de Andalucía sólo 10 días antes de su acordarse su disolución e incluso 510.188 euros después de su desaparición. Debió llevarse a cabo un estudio sobre el impacto de sus acciones.
Luis Marqués les ha insistido en que “la formación es sin duda necesaria”, pero que los contratos se generan en el mercado de trabajo. Ha recordado que hasta 2007 los niveles de inserción laboral estaban por encima del 50% pero con la llegada de la crisis cayeron porque ni con la máxima cualificación había oferta. Ha reconocido que no recuerda que es hicieran estudios de impacto de las acciones, pero que a los seis meses de concluir los cursos debían enviar a la Junta de Andalucía una relación de los alumnos que habían conseguido trabajo.
Posteriormente, ha comparecido el primero de los empresarios citados por este órgano: José María Pérez González, investigado en una de las piezas por supuestas irregularidades en las subvenciones. Ha dicho que hubo “montones” de cursos de los que impartieron sus empresas que no recibieron la visita de los inspectores. También ha dudado de que en la adjudicación de las subvenciones hubiera concurrencia competitiva. “Ha habido diferentes épocas, en los últimos tres o cuatro años (en los que se realizaron los cursos) hubo menos inspecciones y a montones de no ha ido nadie”, ha declarado el empresario durante su comparecencia.
“De la concurrencia competitiva me sonrío porque los cursos se han dado de la forma que se han dado. Yo pedía un curso de carnicero o de olivicultura y me lo daban a mí. No sé si había concurrencia competitiva o no la había”, ha asumido en respuesta también a Elena Cortés.
Ha continuado remarcando que si los inspectores hubieran ido a controlar los cursos se habrían llevado “muchas sorpresas” en aspectos como “las listas o las firmas” y ha aludido a que esas inspecciones no se realizaban tal vez “por falta de dinero” porque, según le trasladaban los propios inspectores, la administración “no les pagaba kilometraje o dietas” sino que simplemente les ampliaba el número de días de vacaciones.
En su opinión, “todo el mundo sabe” que en los cursos de formación “han pasado cosas” y ha señalado que ve “dos varas de medir”, una hasta 2008, cuando “todos se hacían y se liquidaban” y otra, después, cuando las acciones formativas entraron en verificadores y “cada vez que se licitaba había reintegro”.
