La dimisión de Pablo Carrasco, director de RTVA, abre una negociación a tres bandas en el Parlamento
La combinación de una bajada salarial del 43%, una plantilla en pie de guerra por los recortes y una difícil negociación del convenio colectivo, la gestión de una televisión pública en plena crisis y otros proyectos profesionales más interesantes sobre la mesa, son algunos de los motivos, unidos a los de índole personal, que han empujado hoy al director general de la RTVA, Pablo Carrasco, a anunciar su dimisión.
Niega presiones y desencuentros con el Gobierno andaluz, y menos aún que si los ha habido se deban a su sueldo. Hasta enero cobró un 80% más de lo que cobra el presidente de la Junta, y se lo ha bajado de los 117.000 euros anuales a 78.000. Un recorte que, aunque rechaza que sea la razón principal de su cese, no deja de admitir “que afecta”. Lo que sí es un hito en su salida son las complicadas relaciones con los trabajadores. Se ha evitado por ahora un ERE en el canal autonómico, que sí ha sobrevolado a los entes públicos en otras comunidades, pero los tijeretazos salariales están ahí. No obstante, Carrasco se marcha asegurando que “no es necesario” un expediente y subraya que se va “sin que se haya hecho”. Pero lo que sí queda en su cuenta de resultados es la eliminación del segundo canal de televisión.
Deja el cargo y para “facilitar” la transición hacia una nueva dirección, propondrá que quien se quede al frente sea el director general de Canal Sur Radio, Joaquín Durán. Es sólo una propuesta, porque no está regulado este tipo de situación y, de salir adelante, Durán se quedará como administrador único hasta que los partidos del arco parlamentario se pongan de acuerdo en un sucesor.
La matemática de la Cámara actual pinta un escenario difícil. La Ley de la RTVA marca que quien ostente la dirección general debe contar con el apoyo de dos tercios de los diputados. Eso exigirá de un esfuerzo de negociación a tres bandas, porque a PSOE e IU les harán falta los votos de la bancada del PP. Una mayoría de acuerdo que puede ser de bloqueo, como ya ha sucedido con anterioridad. Los antecedentes: la Oficina del Defensor del Pueblo andaluz, aún sin resolver, o la Cámara de Cuentas.
