“A mí me tienen que echar, sería una traición irme yo”
Justo ahora que se cumple un año desde que el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ocupa su puesto en funciones, los partidos políticos se han puesto a negociar quienes ocupan los distintos puestos de representación institucional a raíz de la salida del director general de la RTVA.
“Que hagan lo que les parezca oportuno”, responde Chamizo a la posibilidad de que su puesto esté en el paquete de negociación. Eso sí, añade: “A mi me tienen que echar”, ya que considera que con la que está cayendo sobre los andaluces a causa de la crisis, no sólo “sería una pena irme ahora”, sino que cree que “sería una traición irme yo”. Y eso, a pesar de que el todavía Defensor del Pueblo asegura que está convencido de que es al Parlamento andaluz al que le corresponde decidir, y que él no está “aferrado al a nada, ni siquiera a la vida misma”.
Chamizo, que ha presentado hoy al Parlamento de Andalucía el Informe Anual de la Institución que preside, correspondiente al año 2012, ha aprovechado para pedir que los políticos “se pongan las pilas”. Propone la creación de una “Ley de Segunda Oportunidad” y de un “Fondo de Solidaridad Social”.
Con la primera se trataría de permitir que los autónomos y pequeños empresarios pudieran unir todas sus deudas (proveedores, Hacienda, Seguridad Social), para poder negociarlas como un único paquete, con el fin de evitar el cierre de sus negocios. Para poder llevarlo a cabo, propone la creación del fondo, que se dotaría con dinero público y privado, y que permitiría dar una salida, dice, a los millones de andaluces de clase media que “hoy están ya en riesgo de exclusión social”. Muchos de ellos autónomos, de los que depende, a su vez, una “bolsa de empleo” compuesta por cientos de miles de trabajadores.
Según Chamizo, las reclamaciones ante su institución se han disparado de tal manera que augura una gran catástrofe social, que podría llegar a la rebelión, si los políticos no actúan ya con medidas como las que él propone. Asegura que ambas ideas deberían ser propuestas por el Gobierno andaluz, pero que deben ser desarrolladas a nivel nacional a través del Congreso de los Diputados.
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