El consejo Económico y Social rechaza las nuevas tasas de la Junta de Andalucía en el sector primario y en la cultura

El anteproyecto de Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con el que el Gobierno de PP y Ciudadanos pretenden incrementar en torno a un 15% sus ingresos después de la tajada por la reducción de los impuestos de estos dos años, ha pasado el filtro del Consejo Económico y Social (CES) con varias apreciaciones a la falta de progresividad, en algunos casos, y a los efectos negativos de algunos de gravámenes propuestos, en otros.

Es preciso, en definitiva, no abordar reformas tributarias que dificulten la recuperación social y económica, que incidan en mayores tasas de exclusión y que incrementen la desigualdad, subraya en este sentido. A la vez insiste en que no se puede perder de vista que estamos en un contexto de crisis pese a que la norma nazca con vocación de permanencia. En definitiva, “es imprescindible que el sistema tributario se configure de forma tal que suponga un impulso a la reactivación de la actividad económica y que favorezca la viabilidad de las empresas”, asevera el informe de esta institución.

El CES avisa de que se incorporan nuevas tasas “que afectan de forma directa a un sector necesitado de especial protección”, es decir, el primario, a la vez que inciden en cuestiones tan relevantes como la seguridad alimentaria, la formación profesional y el bienestar animal. En consecuencia, se propone “una reformulación de los beneficios fiscales previstos más respetuosa con el principio de capacidad económica”. En concreto, pide la supresión de tres de las nuevas tasas propuestas mientras que en otras aboga por modificaciones.

En este capítulo pone el foco especialmente en la tarifa por la expedición de cartillas, o duplicados de las mismas, sobre inscripción en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA), a la que se vincula una cuota de 25,26 euros. “Se trata de una nueva tasa que, aunque es una cuantía que pudiera parecer limitada”, y a la que se aplica una exención por hacerlo vía electrónica, incide en un sector que soporta “un problema estructural y al que no deben añadirse nuevos costes”. El CES solicita por ello su supresión.

Otro tanto ocurre con la tasa de servicios facultativos veterinarios, cuyas cuantías ascienden a 63,84 o 165,09 euros, dependiendo de si se produce o no visita de inspección. Los expertos creen que representan “un importante incremento” y abogan directamente por eliminarla del anteproyecto elaborado por el departamento del consejero Juan Bravo.

La tercera tasa que no ven oportuna es la de utilización de espacios en instituciones culturales gestionadas por la Junta de Andalucía. Desde el CES destacan que “en coherencia con la necesidad de tener en cuenta la capacidad económica y la consideración del acceso a la cultura como derecho”, debe suprimirse o, en su defecto, apostarse por la inclusión de “un coeficiente corrector significativo que matice el impacto” de la misma.

Presión fiscal sobre opositores

Por otro lado, estudian la tasa por oposiciones, más concretamente por pruebas selectivas de acceso a la función pública. Cree que se debe tener en cuenta la capacidad económica en su configuración. Pese a que ya contempla descuentos por estar en desempleo o pertenecer a familias numerosas, cree que se debe incluir el supuesto de “situación de vulnerabilidad económica”. Propone para ello la inclusión, como criterio, del Indicador de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) modulado en su cuantía en función de las circunstancias familiares del obligado.

Finalmente, se menciona con preocupación la tasa por ocupación en vías pecuarias y en este caso se propone la disminución de la cuota, puesto que, tal como está prevista, “se desincentiva la ocupación legal y se incentiva, por el contrario, el abandono de superficies, con las consecuencias negativas que ello provoca”.

En cualquier caso, el CES valora positivamente que se actualice la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, tras más de treinta años de vigencia y múltiples modificaciones. Máxime porque muchas CCAA lo han hecho ya: Galicia, Castilla y León, Aragón, Cantabria, Baleares, Extremadura, La Rioja, Cataluña, País Vasco, Asturias, Canarias, Comunidad Valenciana y Madrid.

Califica el documento de “oportuno y necesario” por eso mismo, y también por “racionalizar y simplificar” la regulación, refundir en un solo texto la dispersión normativa y redundar en una mayor seguridad jurídica. La supresión de tasas que gravaban servicios que habían dejado de prestarse y la eliminación de presión fiscal indirecta son también bien vistas por este organismo, cuyo dictamen es obligatorio pedir, igual que el del Consejo Consultivo de Andalucía, que todavía no ha trascendido.