PP y Cs crean tasas nuevas y ultiman una subida de precios públicos en Andalucía que aumentará un 15% sus ingresos fiscales

El Consejo de Gobierno aprobó el pasado mes de enero el inicio de la tramitación de la nueva Ley de Tasas y Precios Públicos de Andalucía, que viene a actualizar una norma de 1988 y a poner orden en el ramillete de figuras fiscales propias de la Junta. El anteproyecto de ley suprime tasas sobre algunos servicios que han quedado “obsoletos”, pero también actualiza al alza el coste de otros y crea “nuevos hechos imponibles” en materia de medio ambiente, agricultura y pesca, industria, sanidad y cultura. El informe económico-financiero que acompaña el borrador, y al que ha tenido acceso este periódico, recoge que la nueva Ley de Tasas tendrá un “impacto recaudatorio” de 13,2 millones de euros, un 25,4% más respecto al régimen de tasas vigente.

Sin embargo, el citado informe advierte de que esta comparativa no se ajusta a la realidad -porque no se computan los mismos servicios- y corrige esa previsión usando el concepto “impacto recaudatorio homogéneo”. Con este cálculo, la previsión de ingresos con la reforma tributaria ascendería a 55,2 millones de euros al año, un 15,38% más respecto a las tasas actuales: 6.458.100,05 euros más. En algunas materias, “el impacto recaudatorio en términos homogéneos se ha valorado como neutro, es decir, a cero, ya que las tarifas se mantienen y en situaciones homogéneas (en cuanto al número de convocatorias, número de participantes, etc.) no habría impacto recaudatorio alguno entre la Ley vigente y la nueva Ley”, reza el informe.

Desde la Consejería de Hacienda hablan de “racionalizar y simplificar” las tasas andaluzas e insisten en que la nueva tarificación de tasas “no tiene afán recaudatorio” -representa una parte mínima de los más de 41.000 millones de euros del Presupuesto andaluz- y que el aumento de los precios públicos “trata de ajustarse al coste real que tiene el servicio prestado para la Administración”. “El aumento de la recaudación no es significativo. El impacto económico final de la nueva ley dependerá de la actividad que se solicite a la Administración, por ejemplo, la solicitud de licencias o expedición de títulos”, advierten desde el departamento de Juan Bravo.

En 2020, un año fiscal resentido por el impacto de la pandemia y el frenazo económico, Andalucía recaudó 136,5 millones de euros a través de tasas propias y precios de servicios públicos. La mayor parte -alrededor de 84 millones de euros- provienen de la tasa fiscal sobre juego, que no está regulada por la ley que está a punto de reformar la Junta. Todas las consejerías del Gobierno andaluz han participado en la renovación de sus tasas (algunas derivan de disposiciones normativas estatales o europeas). Las materias que más ingresos reportan a las arcas públicas por esta vía son Agricultura, ganadería y pesca marítima (4,4 millones de euros; un 216,8% más respecto a las tasas vigentes); Salud (1,5 millones de euros; un 39,1% más); Medio Ambiente ( 3,2 millones de euros; 54,7% más) y Turismo (44.5% más).

Destacan por el incremento -no por la previsión de recaudación en términos absolutos- las tasas en materia de Cultura. A pesar de no ser la que tiene un impacto mayor en el conjunto de la norma, es la que sufre una mayor modificación en su recaudación debido fundamentalmente a la creación de la nueva tasa por la utilización o usos especiales de espacios en instituciones culturales gestionados por la Junta: un 1.074,4% más (776.797 euros al año), unos ingresos muy por encima de los recaudados hasta ahora a través de la tasa por servicios prestados por el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual de Andalucía, que es la única actualmente vigente. La diferencia entre la recaudación de ambas es la que arroja ese nivel de variación en esta materia.

En el caso de Salud, para calcular el impacto recaudatorio se ha utilizado una cifra de previsión de ingresos posterior a la publicada en 2020, primer año de la pandemia, con un fuerte sobregasto en personal y recursos sanitarios. El incremento de los importes de las tarifas de la tasa por Servicios sanitarios, dice el informe, se debe “al ajuste del número de horas por persona empleado en cada tarea o servicio y a la suma a ellas de las tasas liquidadas por el Servicio Andaluz de Salud en el ámbito de protección de la Salud”. Es decir, la pandemia y el incremento de las hospitalizaciones tensionó a la plantilla médica andaluza -que acusa un serio problema de falta de personal, denuncian los sindicatos-; esto se tradujo en una sobrecarga de horas de trabajo y, en consecuencia, una sobreestimación del coste del servicio sujeto a tasas.

El informe económico-financiero hace un segundo análisis sobre la cobertura de costes del nuevo régimen de tasas, es decir, cuánto cuesta prestar el servicio o actividad por la Administración y cuánto se ingresa por ello. La conclusión es que, “con carácter general, se ha definido de forma equilibrada entre gastos e ingresos”. No obstante, “hay tasas deficitarias que requerirán un mayor gasto de la Administración que deberá estar debidamente justificado por razones económicas o sociales como es el caso, entre otras, de las tasas en materia de selección de personal”, cuya recaudación subirá por aglutinar distintas ofertas de empleo público en un solo proceso. “Si al acumular dos ofertas se ofertan plazas de cuerpos nuevos, no sólo aumenta el gasto, sino en ese supuesto también los ingresos previstos”, advierte el informe.

Bandera de bajada de impuestos

El Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla ha hecho bandera de la bajada de impuestos, y su consejero de Hacienda, Juan Bravo, ha defendido enérgicamente que con menos impuestos -la bajada del tramo autonómico del IRPF y la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones- la recaudación del último año ha sido mayor, porque el consumo ha aumentado; un argumento que muchos economistas discuten. La creación de nuevas figuras impositivas busca que “el beneficiario de un servicio que presta la Administración sea el que contribuya a sufragar el coste administrativo del mismo”, explican desde Hacienda, que advierten de que actualmente “hay servicios que se realizan pero, al no estar recogidos en una norma, no se podían cobrar”.

La reforma legal suprime tasas que gravaban prestaciones “inexistentes u obsoletas”; crea figuras fiscales nuevas y mantiene otras con una “actualización” de precios al alza. Las nuevas tasas, en materia de cultura, gravarán la “utilización o usos especiales de espacios en Instituciones Culturales gestionados por la Junta”; en materia de salud, la tasa por “tramitación de autorizaciones de centros, servicios y establecimientos sanitarios y de almacenes de distribución de medicamentos”; en medio ambiente, la tasa por “servicios administrativos de concesión de la Etiqueta ecológica de la Unión Europea”; en materia de agricultura, ganadería y pesca marítima, la tasa por “expedición de cartillas o duplicados de las mismas sobre inscripción en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola”; y e industria, energía y minas, la tasa por “tramitación de permisos de investigación para almacenamientos geológicos de dióxido de carbono (CO2) y para hidrocarburos”.

La Junta pretende ajustar los nuevos precios a muchos de los servicios que ofrece en distintos sectores, por ejemplo, en el ámbito agroalimentario: los informes veterinarios, el diagnóstico, análisis y dictámenes que ofrecen los laboratorios agroganaderos y el control de calidad de servicios pesqueros soportan un determinado gravamen que, tras la reforma, verá incrementado los ingresos para las arcas públicas en 4,41 millones de euros. Los cursos de formación profesional marítimo-pesquera y en materia de bienestar animal tendrán el mismo gravamen, y la Junta podrá cobrar por nuevas enseñanzas.

La mayor parte de las nuevas tasas que incorpora Hacienda tienen que ver con el medio ambiente y la industria, algunas de ellas transferidas por el Estado, como en materia de gestión del litoral. El aumento previsto de ingresos en estos sectores alcanza los 3,25 millones de euros al año, que deviene del “cumplimiento de las disposiciones normativas de la UE”, y la consecuente creación de nuevos impuestos “en pro de la conservación y el uso sostenible de la flora, fauna y la protección de las especies silvestres”, principalmente las que derivan de la realización de actividades deportivas, de ocio y turismo activo en el medio natural.

En Educación, desaparecen tasas sobre servicios académicos y administrativos, por ejemplo en las Escuelas de Idiomas, que ahora se regulan mediante precios públicos. “Este hecho provocará que el impacto recaudatorio de las tasas en la materia de Educación descienda de forma significativa en una cuantía de aproximadamente 2,8 millones de euros”, advierte el informe económico-financiero de la ley.

En el sector sanitario, la recaudación se incrementará en 3,75 millones de euros anuales debido a un aumento de los precios públicos de determinados servicios, como los reconocimientos médicos, o a través de las figuras fiscales que acompañan los ensayos clínicos y la acreditación de actividades de formación continua de los médicos o enfermeros en activo. Hacienda habla, en este caso, de una “actualización” del importe “para cubrir el coste real del servicio”, asemejándolo al del resto de comunidades, y también lo justifica en la “actual infrafinanciación de estos servicios”.

Tasas que se suprimen o se mantienen

La reforma de la ley andaluza también suprime algunas tasas que gravaban prestaciones de servicio actualmente “inexistentes”, como la suscripción al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) en papel, que desde 2012 se publica íntegra y diariamente en internet y es de acceso gratuito para el ciudadano. Con la misma explicación desaparecen las tasas que se aplicaban sobre la diligenciación de actas en salas de bingo y la contabilidad de mesas de casinos, que actualmente están totalmente informatizadas. También se elimina la tasa relativa a la vivienda de protección oficial, puesto que el hecho imponible estaba constituido por la calificación provisional o definitiva de viviendas protegidas, competencia ahora de los municipios andaluces, conforme a la Ley de Autonomía Local.

En materia de Industria, se fulmina la tasa por Marca Nacional de Calidad y Certificados de Productor Nacional, puesto que se refieren a cuestiones contempladas en la Ley de Ordenación y Defensa de la Industria de 1939 con el objetivo de proteger la producción industrial nacional frente a la importación, que actualmente carecen de aplicación a la vista de la normativa española y europea vigente. Y en materia de agricultura, ganadería y pesca marítima, desaparece la tasa por certificado de reconocimiento y reseña en las transacciones comerciales de mamíferos. Este servicio lo presta el Consejo Andaluz de Colegio Oficiales Veterinarios.

Por último, se mantienen otra serie de tasas en vigor, algunas de ellas con un aumento de precios. En materia de selección de personal, se mantiene la tasa de inscripción en las convocatorias de selección de personal que realice la Junta (pero al aumentar la oferta de plazas públicas, crece también el gasto y los ingresos previstos); en Fomento, la tasa por ordenación de transportes mecánicos por carreteras; en Deportes, la tasa en materia de enseñanza náutico-deportiva; en Comunicaciones, la tasa por autorización de negocios jurídicos sobre licencias de comunicación audiovisual; y en Turismo, el gravamen por servicios administrativos de expedición de título oficial de Técnico de Empresas y Actividades Turísticas y de emisión de certificaciones.