Verdades y leyendas del fantasma de la privatización de la escuela en Andalucía
La Consejería de Educación del Gobierno de Andalucía ultima un nuevo decreto de escolarización que redefinirá, a partir del próximo curso, la planificación de la oferta de plazas públicas y concertadas en los colegios de una comunidad con 1,6 millones de alumnos. Es la primera reforma estructural del sistema escolar andaluz que introducen PP y Ciudadanos después de 37 años en manos del PSOE.
La norma aún está en fase de borrador, pero la oposición de izquierdas se ha aventurado a denunciar que el Ejecutivo de centro derechas ampliará la red de escuelas privadas concertadas y romperá el equilibrio con la pública que ha existido en Andalucía durante tres décadas. Actualmente, un 77% de plazas de enseñanza obligatoria (de 6 a 16 años) en Andalucía son públicas, frente al 23% de plazas concertadas, según datos de la consejería. La oferta pública está aquí nueve puntos por encima de la media nacional (68%) y 22 puntos por encima de Madrid, la comunidad que ha experimentado un mayor trasvase de alumnos a la educación privada concertada.
PP y Cs tomaron el relevo del Gobierno andaluz de manos socialistas el pasado enero, apenas dos meses antes de que se iniciara el proceso de matriculación del presente curso escolar. No hubo tiempo de hacer cambios estructurales, aunque la nueva Administración se ha mostrado desde el principio más predispuesta a ampliar los conciertos educativos [el Presupuesto de 2020 aumenta en 20 millones el gasto para el profesorado de estos centros]. De momento, esa nueva política se visibiliza en la progresiva concertación del Bachillerato en institutos privados, y no tanto en las etapas de Infantil y Primaria, donde ahora mismo existe un excedente de plazas (públicas y concertadas) debido al desplome de la natalidad.
El futuro decreto de escolarización y la orden que lo desarrolla no representan un vuelco radical respecto al sistema que venía usando el anterior Ejecutivo socialista. La Junta seguirá primando la cercanía al domicilio familiar y el tener hermanos en la escuela como criterios de más peso a la hora de repartir las plazas escolares en los pocos colegios donde la demanda supera a la oferta. El cambio brusco en la política educativa de Andalucía habría tenido lugar si el Gobierno de PP y Cs hubiese asumido la implantación de un distrito único de escolarización similar al que existe en Madrid, un compromiso que viene recogido en el punto 14 del acuerdo que los populares firmaron con Vox para garantizarse su apoyo a la investidura de Juan Manuel Moreno. Decía así: “Eliminar las zonas educativas, garantizando la libertad de los padres para escoger el centro educativo”. Ese punto del acuerdo se ha incumplido. La Consejería de Educación está en manos de Ciudadanos y su titular, Javier Imbroda, ha descartado por el momento eliminar los distritos escolares.
Segregación socioeconómica
A pesar de todo, los socialistas intuyen que la derecha andaluza se comportará como la derecha madrileña, donde la “libre elección de centro de los padres” y el sistema de escolarización de distrito único ha provocado la mayor brecha de segregación socioeconómica del alumnado en España. Esta fractura entre alumnos ricos y alumnos pobres es una de las conclusiones de la investigación de los profesores de la Universidad Autónoma de Madrid, Francisco Javier Murillo y Cynthia Martínez Garrido: Magnitud de la segregación escolar por nivel socioeconómico, publicada el año pasado. La creación de un distrito único en las grandes ciudades es una reivindicación de Vox en Andalucía, pero también es una realidad que el Gobierno del PP implantó en la Comunidad de Madrid hace años. Esta fórmula permite que una familia pueda matricular a su hijo en cualquier escuela de la ciudad, por muy lejos que esté, sin que la oferta limite la demanda.
Según el citado informe de la Universidad Autónoma de Madrid, se trata de un sistema que “ha favorecido” la matriculación en centros privados concertados, estimula la competencia entre colegios por captar estudiantes, permite que los centros seleccionen a su propio alumnado y propicia la creación de guetos educativos para familias ricas y para familias pobres. Llevado al extremo, el derecho de los padres a elegir el colegio de sus hijos ha dibujado en Madrid un mapa escolar con graves desequilibrios, donde las familias con más recursos concentran a sus hijos en un puñado de escuelas privadas concertadas, mientras los colegios públicos acogen al alumnado de los barrios más humildes. La investigación sitúa a Madrid como la región de mayor segregación socioeconómica en las escuelas: la zona única escolar ha aumentado la migración de familias a otros barrios en un 33%. Los trayectos entre la vivienda y la escuela se ha incrementado un 15%.
En Andalucía, las grandes capitales están subdivididas en zonas de escolarización por proximidad, pero también existe este fenómeno de desplazamientos de familias buscando una escuela concreta, preferentemente un centro privado concertado de cierta popularidad. El informe sitúa a esta región en mitad de la tabla, con un cierto grado de segregación socioeconómica, pero muy lejos de los parámetros de Madrid. El profesor Murillo también es coautor del estudio Segregación escolar público-privada en España, donde Andalucía aparece como la región donde la segregación socioeconómica dentro de los centros privados concertados es 5,2 veces superior a la que existe en las escuelas públicas.
Andalucía no se puede comparar con Madrid porque la renta per capita en al capital de España es cinco veces superior a la andaluza. La privatización y concertación educativa es también un síntoma de riqueza, mercado y competitividad. En Andalucía, ese pulso artificial entre las escuelas públicas y las privadas concertadas sólo existe en las grandes urbes, sobre todo en Sevilla y en Málaga, donde la renta de las familias está por encima de la media andaluza. La Administración socialista siempre hizo gala de mantener un equilibrio entre el 80% de colegios de la red pública y el 20% de la concertada, pero ese reparto era sólo real a escala autonómica. En el interior rural y en los municipios menores de 20.000 habitantes apenas hay escuelas concertadas, al menos no del tipo que presionan a la Consejería de Educación para ampliar sus instalaciones y abrir nuevas unidades. No la hay, porque no hay mercado.
El llamado derecho de los padres a elegir colegio es un lema político que esgrimen un amplio número de familias en ciertos barrios acomodados de ciudades como Sevilla y Málaga. En la capital andaluza, el número de plazas públicas y concertadas es casi del 50-50. En el Casco Antiguo de Sevilla, uno de los más grandes de Europa, hay 18 colegios católicos concertados frente a la mitad de públicos. La responsabilidad de esta anomalía es tanto del Ayuntamiento hispalense como de la Junta: la primera administración es responsable de buscar y ofrecer suelo municipal para construir colegios; y la segunda es responsable de fomentar la educación pública y disponer de plazas públicas en la cercanía de sus domicilios, puesto que la ley reserva a la red concertada un papel “subsidiario”.
La disposición de la Lomce
El nuevo Gobierno andaluz no va a cambiar el decreto de escolarización para primar la libre elección de centro de los padres, porque esto último no depende exclusivamente ni de un decreto ni de una orden. La idea de subordinar la planificación educativa a la “demanda social” de las familias ya está recogida en una disposición adicional de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), aprobada en 2013 y diseñada por el ex ministro José Ignacio Wert. Esa cláusula en la legislación básica rige para todas las comunidades autónomas, y es la clave para que una Administración cierre unidades públicas y abra unidades concertadas, si así lo demanda la sociedad. El nuevo decreto de escolarización de PP y Cs no hace sino desarrollar esa cláusula, y sólo la caída latente de la natalidad impide imaginar un desequilibrio brusco de las matriculaciones en colegios concertados en detrimento de los públicos.
Pero, ¿eso es lo que la sociedad demanda? ¿O lo demanda un tipo concreto de sociedad? Según los datos de la Consejería de Educación, durante el presente curso escolar el 92,9% de las familias andaluzas ha matriculado a su hijo en el colegio elegido en primera instancia, público o concertado. El 7% restante se somete al baremo de puntos para desempatar con otras familias, porque en su escuela la demanda supera a la oferta. Este desfase se da en una veintena de los 4.000 colegios que existen en la región.
En Andalucía, la Lomce blindó aulas concertadas en detrimento de las públicas, en barrios donde la demanda se inclinaba más por las primeras que por las segundas. También supuso el desplome en cascada de todos los recursos que el entonces Gobierno socialista había interpuesto contra los colegios católicos concertados que segregan por sexos. La Junta maniobró para retirarles las subvenciones, pero los tribunales se las devolvieron apelando a la Lomce.
A pesar del rechazo que esta ley del PP suscita en la mayoría parlamentaria -en noviembre de 2016 el Congreso frenó su calendario de implantación- el Gobierno de Pedro Sánchez no dispuso de los apoyos necesarios para derogarla o sustituirla. En el proyecto de ley educativa del PSOE, cuya tramitación sucumbió por el adelanto electoral, la ministra Isabel Celaá suprimió esa cláusula de la “demanda social”, devolviendo a las comunidades el poder de planificar la escolarización pensando en el conjunto del sistema, y no en las prioridades de un puñado de familias.
El nuevo baremo
El nuevo baremo sigue puntuando más tener hermanos ya matriculados en un colegio, o a sus padres trabajando en el mismo; la cercanía al domicilio familiar y laboral; la renta per capita y el pertenecer a una familia numerosa o monoparental. Pero también se incluyen tres criterios nuevos: “Que el alumno sea familiar hasta el segundo grado de consanguinidad de una persona víctima de terrorismo”; “Que quienes ostenten la guarda y custodia del alumno realicen una actividad laboral o profesional remunerada” y “que el alumno esté matriculado en el primer ciclo de la educación Infantil en un centro autorizado para ello”.
Los dos últimos puntos son significativos. La Junta primará a las familias con trabajo sobre las familias en paro a la hora de optar a plaza en el colegio que más les gusta. Esto en la práctica no tendrá mayor impacto en los barrios con más paro, porque en ellos suele haber sobrante de plazas escolares. Sin embargo, servirá para favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral en el ámbito de la escolarización del segundo ciclo de Infantil (de 3 a 6 años), como ya se viene haciendo en las guarderías (de 0 a 3 años).
El otro criterio también tiene que ver con el primer ciclo de Infantil: la Consejería de Educación dará un punto más a las familias que tengan a su hijo ya matriculado en una guardería, del que se beneficiará para optar a una plaza en el siguiente ciclo de Infantil. Se busca, con esto, favorecer la escolarización temprana de 0 a 3 años, una etapa que no es obligatoria (como tampoco lo es el segundo ciclo de Infantil) ni gratuita. El coste de la plaza en una escuela infantil es, desde hace diez años, de 278,88 euros con comedor escolar (207 euros sin comedor), aunque el 44,5% de las familias andaluzas está exento de pago debido a su bajo nivel de renta, otro 43% percibe algún tipo de bonificación que abarata el coste de la plaza, y sólo el 12% paga íntegramente los 278,88 euros mensuales.
La Junta prevé universalizar el servicio de guarderías, aunque de momento sólo cubre el 47% de la población escolar de esas edades. En este curso se han ofertado 120.000 plazas en guarderías, pero sobrarán alrededor de 20.000, según datos de la consejería. Ese punto de más en el baremo de escolarización que otorga el estar matriculado en una guardería persigue precisamente equilibrar la oferta y la demanda. En Andalucía, hay 76 colegios privados concertados que ofertan el primer y el segundo ciclo de Infantil, sin embargo, la Consejería de Educación advierte a las familias de que tener a su hijo matriculado en el primer ciclo “no les dará prioridad” ni a ellos ni a sus hermanos “para escolarizar en el segundo ciclo del mismo colegio”. “No existe adscripción entre el primer ciclo de Infantil y el segundo”, confirman desde la consejería.
No es la ley ni el decreto ni la orden, sino la planificación escolar lo que revelará las prioridades de este nuevo Gobierno, a partir de marzo del año que viene [mes de la matriculación]. Siempre ha sido así, también con la anterior Administración socialista. Se verá entonces si la Junta clausura aulas públicas por falta de alumnado, pero respeta los conciertos; se verá también si cierran unidades los colegios concertados más pequeños, incapaces de competir con la popularidad y la campaña de captación de las escuelas de más renombre en Sevilla o Málaga.
La Confederación de Padres y Madres de Alumnos de Andalucía, que aglutina a 2.700 Ampas, lleva años denunciando que en este tipo de colegios existe “una criba del alumnado por razones económicas”: el centro pide cobros complementarios por servicios educativos que, en teoría, son irregulares, pero que se enmascaran a través de cuotas para la asociación de padres de alumnos. “La familia que puede pagar ese suplemento de 200 euros al mes se queda y la que no se lo puede permitir cambia a su hijo de colegio”, explican.
