La cumbre sobre la acción climática organizada por Naciones Unidas en Nueva York y la movilización mundial por el clima, apoyada masivamente por estudiantes, sindicatos y multitud de organizaciones sociales del norte global, han marcado la agenda social y política de la semana pasada. La necesidad de actuar responde a una emergencia antigua, protagonizada anteriormente por defensores y defensoras pertenecientes a comunidades indígenas, pero que hoy parece manifestarse con mayor contundencia en las conciencias de occidente.
La esperanza nunca se pierde, aunque no podemos dejar de recordar que llevamos cayendo por el abismo demasiado tiempo. Es larga la lista de personas defensoras del medio ambiente que han invertido su tiempo, su seguridad e incluso han perdido la vida al enfrentarse a Gobiernos y macroempresas extractivistas. El año 2017 fue considerado por la organización Global Witness el año con más muertes registradas de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. Un año antes era asesinada Berta Cáceres, un caso que aún no ha acabado por esclarecerse.
Las valoraciones actuales sobre la situación medioambiental no son nada halagüeñas; los efectos se dejan notar en todas las facetas de la vida de la población mundial, el proceso no deja de acelerarse y los tiempos de reacción se agotan. Al malestar de las personas más jóvenes, se une la reiterada constatación de que la voluntad de gobernantes y corporaciones no parece estar por la labor de detener su voracidad por los recursos del planeta.
La vinculación entre derechos humanos y estatus de protección del medio ambiente es inseparable. Así lo considera el relator especial de la ONU sobre el medio ambiente y los derechos humanos, David R. Boy, quien pidió en 2018 a la Asamblea General de las NN.UU. el reconocimiento formal del derecho a un medio ambiente sano para combatir los efectos de la crisis climática, la pérdida de la biodiversidad y la contaminación. Factores que están detrás de las causas de la muerte de más de ocho millones de personas cada año, entre otros daños irreversibles que nos colocan ya en un panorama de reducción de efectos más que en el de restablecimiento de condiciones óptimas para la vida.
Conseguir la modificación de los criterios actuales de explotación de los recursos de la tierra requiere de un cambio trascendental en la producción y acumulación de capital. En este aspecto es donde reside la clave de la negativa de muchos Gobiernos, multinacionales extractivistas y capitalismo depredador: rechazan no solo las alternativas de decrecimiento, sino también la redistribución de los recursos y la aplicación de cambios sustanciales en los modos de vida que implican colaboración comunitaria en lugar de la competencia individual. El disfrute general de derechos humanos depende de aspectos básicos vinculados con el medio ambiente cuyo deterioro afecta hoy especialmente a los sectores más vulnerables del planeta, en un futuro próximo a toda la población.
La emergencia en la que nos encontramos origina, por ejemplo, poderosas migraciones por causas climáticas. Más de 25 millones de personas se ven obligadas a desplazarse anualmente por desastres naturales de aparición rápida, como terremotos, huracanes e inundaciones, y en esta cifra no están contabilizadas las afectadas por fenómenos de evolución lenta, como las sequías o el aumento del nivel del mar. Una parte de ellas son algunas de las que se suben a las pateras para cruzar el Mediterráneo arriesgando con ello sus vidas, debido a las necropolíticas migratorias de la Europa Fortaleza.
Se incrementa la desigualdad económica en regiones ya de por sí empobrecidas y esquilmadas, se fomenta la competencia por los recursos que promueve la proliferación de conflictos armados a causa de la especulación energética en la que la presencia de combustibles fósiles funciona como moneda de cambio, se atenta contra la soberanía de los pueblos indígenas que son perseguidos y asesinados bajo el silencio cómplice de los Gobiernos. Este problema es especialmente grave en la Amazonía, donde los pueblos indígenas amazónicos están batallando apenas sin apoyos internacionales para evitar la depredación de sus tierras por empresas multinacionales en connivencia con, entre otros, el Gobierno de Jair Bolsonaro. La realidad es que están acabando no solo con un territorio de inmenso valor natural patrimonio de la humanidad y la biodiversidad, sino también con los pueblos que allí viven y que tratan de forma incansable de proteger su riqueza natural.
La emergencia climática pone sobre la mesa la necesidad de conectar con otros modelos para el vivir juntos y juntas. Esta es una oportunidad para señalar los intereses del sistema heteropatriarcal capitalista que en estos días anda incómodo por la acción de una niña de dieciséis años.
Greta Thurnberg ha recibido afiladas críticas tras su intervención en la cumbre sobre la acción climática en Nueva York por su excesiva emotividad, por su juventud o por sus relaciones con personas y entidades que representan al llamado capitalismo verde.
Es necesario señalar que la atención que recibe Greta no debería invisibilizar a otras defensoras del medio ambiente no occidentales como María José Bejarano de Oliveira (Bolivia), Artemisa Barbosa Ribeiro (Brasil) o Malitza Lízbeth Flaco Suira (Panamá), entre otras, que también han estado presentes en la cumbre e, igualmente, simbolizan a la juventud combativa y dispuesta a señalar las responsabilidades de Gobiernos y empresas. Sin embargo, las críticas que ha recibido Greta son una reacción del poder patriarcal, que insiste en dirigir la mirada a la persona para cuestionarla, y no a lo que señalan sus palabras.
Nadie puede negarle a Greta que está consiguiendo movilizar a una cada vez más numerosa juventud comprometida, quizás será esta la grieta por la caerá el modelo de explotación actual, quizás será solo un paso más para seguir batallando por los derechos humanos y la vida digna para todos los seres de la tierra.
Cristina Serván y Rafael Lara, área de Solidaridad de la APDHA.
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