Sobre este blog

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, constituida en 1990, es una asociación de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuyo fundamento lo constituye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la ONU en 1948. Aunque el ámbito de afiliación de la APDHA y su área directa de actuación sea el territorio andaluz, su actividad puede alcanzar ámbito universal porque los Derechos Humanos son patrimonio de toda la Humanidad.

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La nueva normalidad: derechos recortados

10D derechos recortados 2021

Diego Boza, coordinador general de la APDHA


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Cada 10 de diciembre la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía conmemora el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos para visibilizar y denunciar la situación de vulneraciones que sufren muchas personas en nuestras ciudades, en nuestra región y en el conjunto del planeta. 

Por segundo año consecutivo, esta conmemoración está atravesada por los efectos de la pandemia. En este momento en el que la reconstrucción de eso que ha venido en llamarse la nueva normalidad se ve amenazada por la llegada de nuevas variantes de la Covid-19, se pone de relieve la necesidad de garantizar el acceso a la salud para todas las personas y, por tanto, la liberalización de las vacunas para que lleguen al conjunto del planeta y no sólo a los países ricos. Es ahora cuando esos países ricos disfrazan de solidaridad lo que, en este momento, es mero egoísmo. 

Si el año pasado nuestra reflexión sobre la situación de los derechos humanos la resumíamos con el título “derechos confinados”, en esta ocasión, tenemos que hablar de derechos recortados. Porque la pandemia y la construcción de esta nueva normalidad ha provocado un recorte en los derechos. 

Por supuesto, como siempre ocurre con las crisis, sean económicas, financieras o sanitarias, el efecto de estas recae sobre las personas que partían ya de peores condiciones. La pandemia de la Covid no ha sido una excepción y la realidad que afrontamos es la de un incremento de la desigualdad con datos que muestran que el porcentaje de personas en riesgo de exclusión y excluidas en nuestra región ha crecido, incrementándose también el diferencial con el resto del Estado español. La pobreza, la dificultad en el acceso a una vivienda en condiciones dignas, los desahucios o la exclusión, son elementos absolutamente comunes en nuestras ciudades y las alternativas legales generadas para paliar estas situaciones, llámense renta mínima de inserción andaluza, ingreso mínimo vital o decreto antidesahucios se muestran insuficientes porque no alcanzan a proteger a las personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica. 

Esta vulnerabilidad, además, es endémica, transversal y hereditaria. El efecto de la pandemia en la educación afectó especialmente a las familias en riesgo de exclusión porque la brecha digital se intensificó, dificultando el aprendizaje de la infancia y provocando un agravamiento de las diferencias educativas. Esas diferencias educativas, además de vulnerar los derechos humanos, van a hacer que la pobreza se cronifique en esas familias. La pobreza infantil es una de las grandes tragedias de la sociedad que vivimos. Nos resulta espeluznante que, como ocurrió en Barcelona hace unas semanas, dos niños pierdan la vida por ser pobres, por no tener una vivienda digna. Y nos resulta aún más espeluznante que la sociedad asuma y normalice esta situación sin humanidad. 

Falta humanidad  en la mirada hacia la pobreza. Como falta, en general, en la mirada hacia los colectivos vulnerables y vulnerabilizados. Y en las políticas que se desarrollan sobre estas personas. Recordemos lo ocurrido en Ceuta durante este verano, cuando el Gobierno estatal ejecutó la devolución de centenares de niños y niñas sin el cumplimiento de las garantías y vulnerando los principios universales de no discriminación y protección a la infancia. Se proyecta un nuevo CIE en Algeciras, mientras que centenares de personas que escapan de la pobreza y la desigualdad en África pierden su vida en el Océano Atlántico o en el Mediterráneo. 

La nueva normalidad se construye de forma inhumana, con una mayor precarización e injusticia que se ceba sobre los colectivos y personas que ya se encontraban en una situación de vulnerabilidad. Es el caso de las personas privadas de libertad; las medidas contra la Covid-19 en los centros penitenciarios han dificultado aún más el acceso a las prisiones por parte de las familias de las personas presas y el ya deficiente estado de la sanidad en las prisiones ha provocado que hayan sido una población especialmente afectada por la pandemia. 

En la conmemoración del Día Universal de los Derechos Humanos, desde la APDHA tenemos claro que hay que llamar la atención sobre estas vulneraciones, hay que insistir en la necesidad de construir una sociedad más justa e igualitaria protegiendo a quienes más sufren. Una sociedad, por supuesto, feminista, en la que la lucha por la igualdad acabe con la violencia de género, pero también que visibilice la violación de derechos de colectivos altamente feminizados como las trabajadoras de hogar, las cuidadoras, las kellys, las temporeras, las trabajadoras sexuales... 

El 10 de diciembre de 2021 hemos de poner de relieve la deriva de las políticas impuestas que siguen dejando a mucha gente atrás, que recortan derechos a quienes menos tienen. Pero también hemos de llamar a la acción contra estas políticas, contra el recorte de derechos y contra el incumplimiento de las promesas, que además representan obligaciones en el respeto de los derechos humanos. Es necesaria la movilización contra esta realidad, contra este status quo que es cada vez más excluyente y más desigual. Por eso, llamamos a todas las personas que se indignan ante esta realidad a que se unan a la defensa de los derechos humanos, a la construcción de una masa social crítica que cuestione los discursos y políticas dominantes. Necesitamos muchas manos para actuar a favor de los derechos humanos. Necesitamos muchas voces para hacer oír el grito de quienes sufren.

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