La acogida y protección de las personas que huyen de los conflictos no es tan sólo un acto de solidaridad, que lo es. Es, antes de nada, una obligación moral y un deber legal de los Estados. Las personas refugiadas tienen derechos que es imperativo respetar. Deben ser acogidos con dignidad, deben ver reconocido su derecho a la libertad de circulación, deben recibir el apoyo y las condiciones adecuadas para su integración y su autonomía.
Por eso decimos que no es un acto de caridad. No es “siente a un sirio en su mesa” sino proporcionar a las personas refugiadas acceso a la vivienda, ropa, comida, sanidad, educación y ayuda psicológica para los que lo han perdido todo. Y sobre todo proporcionarles un itinerario de inserción e inclusión en nuestra sociedad. Es decir, dotarles de medios para que, en un plazo razonable, ellos mismos puedan conseguir vivienda, ropa, comida y acceder al derecho a la salud o la educación. Porque muchos de los que vendrán, no olvidemos que se van a quedar, al menos en Europa.
Y eso no puede hacerlo nuestra vecina del 5º, por mucha buena voluntad que tenga, sino que son las administraciones las que deben aportar los recursos y la gestión necesaria. A los refugiados hay que darles lo que se les DEBE dar, no un colchón tirado en el suelo de un polideportivo, un jersey agujereado y el osito de peluche que mi hija ya no usa.
Pero ello no quiere decir que la responsabilidad compete tan sólo a las instituciones. La activación ciudadana ha sido extraordinariamente positiva y es al tiempo todo un reto solidario. Gracias a la misma, se ha torcido el designio oscuro de la UE y de nuestro Gobierno. Pero al tiempo, tenemos que saber articularla bien si no queremos que sea flor de un día.
Decimos articularla porque la acogida es una responsabilidad y no una aventura personal solidaria. Hemos visto iniciativas bienintencionadas pero algunas de ellas problemáticas. Tanto por parte de administraciones, como por la propia ciudadanía o de asociaciones.
Por lo pronto, la lentitud y la falta de disposición del Estado español no permiten discernir cuántas familias van a venir a cada provincia, ni en qué plazo, ni si las personas refugiadas se van a distribuir a través de los municipios, de la comunidad autónoma o de las grandes ONGs de acogida. Por tanto parece sensato actuar con prudencia.
Algunas administraciones locales y partidos políticos se han lanzado a hacer declaraciones e incluso dar pasos poco acordes con esta realidad.
Un ejemplo es que muchas personas bienintencionadas hasta han recaudado fondos o recogido materiales de primera necesidad, sin que las administraciones hayan sido capaces de gestionar esa buena voluntad. Otro ejemplo son las listas de familias acogedoras, que bien están, pero que no se pueden articular sin saber las necesidades y, sobre todo, sin una formación adecuada sobre las responsabilidades y obligaciones que se adquieren en su caso. Tampoco han faltado propuestas, queremos creer que bienintencionadas pero muy problemáticas, de acoger a los refugiados con colchones en polideportivos e incluso edificios abandonados desde hace muchos años.
¿Qué tareas tenemos por delante el movimiento solidario con las personas migrantes y refugiadas?
La acogida es responsabilidad del Estado. Pero eso no significa que la ciudadanía no pueda sumarse y apoyar la acogida. El objetivo es ayudar en lo que mejor venga para la inserción e inclusión de las personas refugiadas. Apoyar para organizar la posible acogida. Sin aventuras y con sensatez.
Posiblemente sean las organizaciones especializadas y que tienen una amplia experiencia en esta labor, las encargadas de gestionar la acogida. Debemos apoyarlas para que se respete la dignidad de estas personas, pero al tiempo pedirles que sean capaces de articular la amplia solidaridad ciudadana en las muchas cuestiones necesarias. Si a nivel local se determinan responsabilidades en los municipios, también debemos trabajar juntos y coordinadamente en la acogida.
Junto a ello creemos que el movimiento de solidaridad, personas y colectivos, debe mantener un alto nivel de exigencia ético-política hacia el gobierno de España y la Unión Europea. No basta con la solidaridad imprescindible. También debemos exigir un cambio profundo en las políticas de inmigración y asilo de la UE y del Gobierno de España, de tal forma que sea el respeto a los derechos humanos el eje que articule dichas políticas. Muchas ONGs hemos avanzado en mil ocasiones -tanto a nivel europeo como español- propuestas en este sentido que han sido sistemáticamente desoídas.
El discurso de la xenofobia ha estado alimentado por sectores importantes de la derecha mediática, de algún purpurado de la Iglesia como Cañizares o dirigentes del Partido Popular, como los exalcaldes de Badalona, Javier García Albiol, o Vitoria, Javier Maroto. Y que incluso lo han fomentado ministros del Gobierno, como el del Asuntos Exteriores, manifestando que entre los refugiados vendrán muchos terroristas; o el del Interior, cuando declaraba que el salvamento de las personas en el mar lo que hace es un efecto llamada, o que éstas eran unas goteras en la casa.
Aunque la activación solidaria de la ciudadanía ha sido amplia, teniendo en cuenta la situación de crisis que vivimos, con tantos problemas que sufre la gente, es fácil que prenda el discurso de “primero los de aquí”. Las acusaciones sumarias de racismo y xenofobia dificultan precisamente acercarnos a estas personas que responden primariamente a una realidad social, impidiendo extender la solidaridad y prevenir las actitudes racistas y xenófobas.
Debemos ser capaces de explicar con sencillez cual es la realidad de la acogida y qué relación tiene con nuestra tremenda situación social. Hacer entender que estas personas huyen de situaciones que aquí ni de lejos sufrimos, que además la solidaridad y el deber moral de ofrecer asilo a migrantes y refugiados no es sino la otra cara de la defensa de los derechos aquí, en nuestro país. Que si no existe la primera, la segunda es más débil y probablemente se marchitará, que son dos luchas que van de la mano, que son las dos caras de la misma moneda.
Por ello es preciso que trabajemos con pedagogía, con contenidos y con capacidad de incidir en esos sectores sociales. He aquí una tarea imprescindible del movimiento de solidaridad en la que tenemos que trabajar conjuntamente administraciones y colectivos sociales.
Rafael Lara es coordinador del área de Solidaridad Internacional de la Apdha
Sobre este blog
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, constituida en 1990, es una asociación de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuyo fundamento lo constituye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la ONU en 1948. Aunque el ámbito de afiliación de la APDHA y su área directa de actuación sea el territorio andaluz, su actividad puede alcanzar ámbito universal porque los Derechos Humanos son patrimonio de toda la Humanidad.
Puedes seguir a la APDHA en redes sociales:
0