La vivienda nos cuesta la vida

En Sevilla, al igual que en toda Andalucía, la vivienda se ha convertido en una frontera que separa la dignidad de la barbarie. El pasado 29 de mayo, en la Macarena, una madre soltera y una menor a su cargo fueron desahuciadas. No es un hecho aislado ni un error del sistema: es el sistema funcionando exactamente como está diseñado. Desde la APDHA lo denunciamos con claridad: esto es violencia institucional. Cuando el Poder Judicial ejecuta desahucios sin alternativa y cuando el Poder Legislativo no garantiza marcos de protección efectivos, lo que queda es el abandono. Y, mientras tanto, las administraciones —Ayuntamiento y Junta de Andalucía— eligen la pasividad y la inacción.

Ese mismo patrón se repite con otras formas, pero con idéntico resultado. Una familia extranjera a la que se había reconocido su condición de refugiados—padre, madre y tres menores— ha sido expulsada de un hostal tras agotar los diez días de alojamiento de emergencia que se les había procurado desde el Ayuntamiento de Sevilla. Diez días. Como si la vida pudiera reorganizarse en ese plazo. Como si aprender un idioma, recuperarse de una enfermedad y encontrar un nuevo hogar fuera una gestión burocrática más. Una familia vulnerable, con tres hijos menores a su cargo, queda ahora en situación de absoluta desprotección. No es solo una negligencia: es una decisión política sostenida en el tiempo.

Mientras tanto, en los corralones de la calle Castelar, también en Sevilla, la resistencia vecinal enfrenta una violencia cada vez más explícita. Empresas de desokupación actúan con impunidad, contratadas para desalojar mediante la intimidación, el hostigamiento y la violencia a quienes aún residen en el inmueble. Y todo para especular con un edificio emblemático que pretenden convertir en hotel o en apartamentos turísticos. Frente a ello, las vecinas están demostrando algo que incomoda al poder: organización, solidaridad y una fuerza colectiva que desafía al miedo. Allí donde el Estado no protege, la comunidad se defiende.

Pero estos no son casos excepcionales. Son apenas la superficie de una crisis estructural. Cada semana llegan nuevas órdenes de desahucio, subidas de alquiler, cortes de suministros. Cada mes desaparecen viviendas del mercado residencial para convertirse en alojamientos turísticos. Y cada día, miles de familias sostienen su vida en un equilibrio precario, sabiendo que cualquier golpe —una factura, una enfermedad, un contratiempo— puede dejarlos en la calle.

Hace falta una voluntad política real para garantizar alternativas habitacionales dignas, regular el mercado del alquiler, frenar la especulación y proteger a quienes sostienen la vida en nuestros barrios. Porque sin vivienda no hay derechos

Resulta obsceno que esto ocurra en uno de los países con mayor crecimiento económico de Europa. La riqueza existe, pero no se reparte; se concentra. Y en ese proceso, el derecho a la vivienda se ha vendido a la lógica del negocio y de la especulación. Se ha normalizado que vivir bajo techo sea un privilegio en lugar de un derecho.

Frente a la situación que se vive en Andalucía y en el resto del Estado español, no caben discursos vacíos ni medidas temporales. Hace falta una voluntad política real para garantizar alternativas habitacionales dignas, regular el mercado del alquiler, frenar la especulación y proteger a quienes sostienen la vida en nuestros barrios. Porque sin vivienda no hay derechos. Porque cuando una familia es expulsada de su hogar, lo que se rompe no es solo un contrato, sino que hay una fractura real en la vida, en la humanidad. Porque la vivienda es el descanso, es la intimidad, es el espacio seguro, es el lugar al que volver.

Y, sin embargo, también hay algo que resiste. En cada vecina que acompaña un desahucio, en cada red de apoyo que se organiza, en cada grito que recorre las calles: la vivienda no es un negocio. Es un derecho. Y defenderlo es, hoy más que nunca, una forma de justicia.

Nos vemos el 19 de junio. En Sevilla, en Andalucía y en el resto del Estado para ocupar las calles, las plazas y el espacio que nos han arrebatado. Nos vemos el 19 de junio para que la vivienda no nos cueste la vida.