Las leyes andaluzas de Universidades y de Ciencia están próximas a entrar en el Parlamento, tras completar la fase de consulta pública y encontrarse ya en la recta final de la emisión de los informes preceptivos. Se trata de dos normas esenciales para impulsar el progreso económico de nuestra tierra, favorecer la retención de talento y fortalecer la cohesión social.
Una ley de universidades —también una de ciencia— debe pivotar sobre un principio esencial: la autonomía universitaria. Desde sus orígenes en la Edad Media, este principio ha sido clave para que las universidades desarrollen su labor con libertad intelectual, convirtiéndose en espacios de pensamiento crítico y generación de conocimiento al margen de interferencias externas. Gracias a esta independencia han evolucionado como instituciones fundamentales para el avance científico, cultural y social.
Los borradores de los anteproyectos de la Ley de Universidades para Andalucía (LUPA) y de la Ley para el Avance de la Ciencia (ACTIVA), promovidos por el gobierno andaluz del Partido Popular, socavan de forma sutil pero efectiva la autonomía universitaria y la independencia necesaria para el ejercicio libre de la ciencia. Dos ejemplos concretos permiten apreciar con claridad cómo estas propuestas legislativas debilitan pilares esenciales del sistema público universitario.
La Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía presenta una debilidad estructural de fondo: su falta de independencia
Las agencias de calidad desempeñan un papel crucial en la garantía de la excelencia, la transparencia y la mejora continua del sistema universitario. Entre sus funciones se encuentran la acreditación del profesorado, la evaluación de las titulaciones y la certificación de los estándares de los centros universitarios. Hasta hace apenas unos años, estas funciones eran ejercidas en Andalucía por la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento (DEVA). Posteriormente, fue sustituida por la actual Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA), con el propósito de mejorar su eficacia.
Sin embargo —y pese al esfuerzo incuestionable de su equipo directivo y sus técnicos— la ACCUA presenta una debilidad estructural de fondo: su falta de independencia. Esta carencia compromete la credibilidad del sistema de evaluación y, con ello, los principios de objetividad y rigor que deben guiar tanto la política universitaria como la producción científica.
Un informe europeo (EQAR) ya lo apunta al señalar que “se pone de manifiesto la falta de independencia de la Agencia debido a que su estatus o forma jurídica, como Agencia administrativa de la Junta de Andalucía, le impide realizar contrataciones directas de personal que necesite para desarrollar sus funciones de evaluación y acreditación, así como la falta de independencia que supone el hecho de que conforme a sus Estatutos, el Presidente de la Agencia recaiga en la persona titular de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, que además de ostentar la máxima representación institucional y legal de la Agencia, y de presidir y dirigir las deliberaciones del Consejo Rector, también dirime con su voto de calidad los posibles empates”.
Por increíble que parezca, esta cita entrecomillada proviene de un documento oficial elaborado por la propia agencia, dentro del conjunto de aportaciones preceptivas a la futura Ley de Ciencia Andaluza. En él se critican sin ambages los planes del gobierno de Moreno Bonilla para integrar la reciente agencia en un organismo superior que, de facto, desdibujaría “su autonomía al suprimir su personalidad jurídica”. El documento advierte, además, de que el futuro diseño representaría un retroceso tanto en términos de autonomía institucional como de reputación internacional para el sistema universitario andaluz.
En menos de dos años, una nueva universidad privada ha ampliado su oferta de siete a 16 grados, lo que representa un incremento del 128%
El informe está fechado el 9 de enero de este año y firmado por la dirección. Un mes y medio más tarde, el director de la Agencia cesó “a petición propia” de su cargo. No ha sido el único. La Consejería de Universidad y Ciencia es, después de la de Sanidad, la que más dimisiones de altos cargos acumula: seis en menos de tres años. Todos ellos, profesores o profesoras de universidades públicas andaluzas. Saquen ustedes sus propias conclusiones.
¿Por qué el gobierno de Moreno Bonilla desea el control presente y futuro de la agencia de calidad? Un dato: la agencia es la encargada de evaluar y acreditar los títulos universitarios, tanto de universidades públicas como privadas. Esta afirmación cobra todo su sentido cuando comprobamos que, para el curso 2025/26, la Junta ha dado luz verde a dos nuevos grados a la Universidad de Córdoba —pública—, y a seis a la Universidad CEU-Fernando III —privada—.
A decir verdad, el proyecto de ley para el reconocimiento de esta universidad privada, presentado en el Parlamento en 2023, contemplaba inicialmente siete grados. Durante la tramitación, el Partido Popular, mediante una enmienda propia, añadió tres nuevos grados y un año más tarde autorizó otros seis: Grado en Medicina, Grado en Enfermería, Grado en Filosofía, Política y Comunicación, Grado en Fisioterapia, Grado en Psicología y Grado en Ingeniería de la Ciberseguridad. En menos de dos años, la nueva universidad ha ampliado su oferta de siete a 16 grados, lo que representa un incremento del 128%. Si se incluyen también los dobles grados —otros siete—, el aumento total alcanza el 228%.
Este crecimiento acelerado evidencia un trato de favor hacia las universidades privadas. No se trata de un caso aislado. Ahora bien, este apoyo podría quedar en papel mojado si la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA) no otorgara su visto bueno a la calidad de los nuevos títulos, ya que dicha verificación es un requisito indispensable para poder iniciar la docencia.
El PP pretende que las universidades privadas no solo estén representadas en el futuro Consejo Andaluz de Universidades, sino que, además, pasen a formar parte de su pleno
Pero si grave es el control de la Agencia de Calidad (ACCUA) que plantea el borrador del proyecto de la futura Ley de Ciencia, no menos preocupante resulta el diseño que la futura Ley de Universidades de Andalucía prevé para el Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria. Actualmente, el Consejo Andaluz de Universidades es el órgano encargado de asesorar, planificar y coordinar la política universitaria en Andalucía. Participa en decisiones fundamentales como la creación de nuevas universidades, la programación académica o la mejora de la calidad del sistema universitario. Las universidades privadas no forman parte de dicho órgano.
El Partido Popular, con el apoyo y empuje de Vox, pretende que las universidades privadas no solo estén representadas en el futuro Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria, sino que, además, pasen a formar parte de su pleno. Este viraje es tan profundo que marcará un antes y un después en la política universitaria andaluza. Lo hemos podido comprobar en la Comunidad de Madrid, donde las universidades privadas tienen voz y voto en el pleno del Consejo Universitario. Con catorce universidades privadas frente a seis públicas, la voz de estas últimas se diluye ante una clara mayoría del sector privado.
En Andalucía, gracias a la política privatizadora del gobierno de Moreno Bonilla, ya contamos con cinco universidades privadas. ¿Qué ocurrirá cuando, en el pleno del futuro Consejo Universitario, las universidades privadas superen en número a las públicas, como ya sucede en Madrid?
No debemos permitir que el sector privado influya en el diseño de la política universitaria andaluza, ni que cuestiones empresariales primen sobre las académicas
Parece razonable que las universidades privadas formen parte del CACU, pero no de su pleno. Tal vez la futura ley debería contemplar una comisión específica para universidades privadas, desde la cual puedan conocer, asesorar e informar sobre cuestiones que afecten a sus intereses y funcionamiento. Sea como fuere, no debemos permitir que el sector privado —en manos de fondos de inversión, fundaciones ultracatólicas y sociedades mercantiles— influya en el diseño de la política universitaria andaluza, ni que cuestiones empresariales primen sobre las académicas.
¿Se imaginan que las aseguradoras y clínicas privadas estuvieran representadas —o peor aún, que tuvieran mayoría— en el Consejo Andaluz de Salud? ¿Que pudieran influir, incluso de forma decisiva, en el impulso, control y coordinación de las políticas de salud pública? Un dislate similar puede llegar a suceder si se aprobara el borrador de la ley de universidad tal y como se presentó a consulta pública.
El Partido Socialista dará la batalla en el Parlamento andaluz tan pronto como se tramite cualquiera de las dos leyes. Pero esta no es solo una lucha política: rectorados, estudiantes, sindicatos y, en general, la comunidad universitaria y científica deben alzar la voz. Nos jugamos el futuro de la universidad pública y de la ciencia en Andalucía. Decía José Saramago que “la libertad, cuando empieza a desaparecer, no lo hace con estruendo, sino con silencio”. Añadan ustedes a esa sentencia el concepto de autonomía universitaria.
Sobre este blog
En Abierto es un espacio para voces universitarias, políticas, asociativas, ciudadanas, cooperativas... Un espacio para el debate, para la argumentación y para la reflexión. Porque en tiempos de cambios es necesario estar atento y escuchar. Y lo queremos hacer con el “micrófono” en abierto.
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