¿Tiene Málaga uno de los tipos de IBI residencial más bajos de España?: cierto.
¿Lo anterior indica que es más justa la presión fiscal?: incierto.
¿Aunque no sea justa, al ser baja, es bueno para las ciudadanas?: incierto.
En primer lugar, una baja presión fiscal ha de matizarse siempre en relación con los servicios que se reciben, es decir, en qué, cómo y para quién se gasta (esto lo abordaremos en otro momento). Nadie (salvo una minoría privilegiada) podrá alegrarse de que sus impuestos sean dedicados a proyectos fallidos, ineficientes, superfluos o socialmente discriminatorios, frente a la opción de ampliar y mejorar los servicios públicos (salario indirecto), o lo que es lo mismo, de mejorar las condiciones de vida con los mismos ingresos.
En segundo lugar, la presión fiscal local ha de ser desglosada en sus distintos componentes (impuestos directos y tasas básicamente), porque una misma presión fiscal (medida en euros por habitante) puede contener una baja presión directa (IBI) combinada con una alta indirecta (tarifa del agua, billete del bus) o lo contrario. En este caso siempre es bueno recordar el mandato constitucional: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”. Dicho de otro modo, una fiscalidad es más injusta cuanto menor sea el peso de los impuestos directos sobre los ingresos de gestión propia.
Málaga tiene el dudoso honor de ocupar el último puesto en justicia fiscal de las ciudades españolas mayores de 300.000 habitantes (2016 y 2017). Y tampoco mejora cuando la comparamos con nuestra comunidad autónoma (2015): el nivel de cobertura de ingresos propios con imposición directa es del 76% en los municipios andaluces mayores de 100.000 habitantes del 71% en las capitales de provincia, del 69,5% en Andalucía y del 56% en Málaga.
Dicho de otro modo, Málaga es la ciudad en la que menos se paga según la riqueza de sus habitantes y en la que más por los servicios municipales. La brecha social se amplía a nivel local. Para entenderlo con un ejemplo: bajar un 10% el IBI supone para una familia (cuatro miembros) de Puerta Blanca, 15 euros al año; bajar un 10% el billete de autobús, puede suponer un ahorro de 400 euros al año para la misma familia. Y el Ayuntamiento de Málaga parece empeñado en “vender” una baja presión fiscal, aunque sea al precio de empobrecer a las rentas más bajas.
En tercer lugar es importante desglosar dentro de cada tributo sus diferentes tarifas para afinar en la progresividad o regresividad de su estructura. Cierto es que en Málaga el tipo de IBI aplicado a las viviendas es bajo (0.4510 cualquiera que sea su valor catastral), pero también lo es el aplicado a los inmuebles no residenciales. Es decir, se dejan de ingresar centenares de miles de euros de empresas con muy elevados beneficios, porque Málaga tiene el tipo más bajo aplicado a grandes almacenes, industrias, comercios, locales de ocio, hoteles y restaurantes. Es decir el equipo de gobierno local también pone de su parte para que la “reactivación económica” tarde aún más en alcanzar a la ciudadanía.
Si nos fijamos en la composición del capítulo III de ingresos, “tasas y otros ingresos”, la estructura no puede ser más desigual en nuestra ciudad: los ingresos del Ayuntamiento de Málaga por la prestación de servicios públicos básicos(agua, saneamiento, transporte público, servicios asistenciales…) suponen el 64% del capítulo, frente al 15% en Madrid, 18% en Barcelona o el 20% en Valencia. Y los ingresos derivados por la ocupación privativa del espacio público(terrazas de bares, vados, cajeros automáticos, compañías de electricidad, telefonía…) suponen en Málaga el 9%, frente al 34% en Madrid, el 30% en Barcelona y el 32% en Valencia.
Es decir, la ciudad de Málaga es la que más penaliza el uso de los servicios públicos básicos, los que ha de usar toda la ciudadanía, y la que más bonifica a los elevados patrimonios y el uso privado de los bienes comunes. Acentúa de esta manera la injusticia y regresividad del sistema fiscal del Estado, profundizando una brecha social ya demasiado elevada.
¿Cómo convencer a una kelly (2 euros por limpiar cada habitación de hotel) de que está bien tratada por su ayuntamiento al pagar poco IBI, cuando su patrón paga el mismo IBI que ella por el hotel, por el chalé de lujo, y proporcionalmente menos para cubrir los costes de los servicios básicos de la ciudad, a los que tampoco aportan los turistas que sirve?¿cómo convencerla de que el riesgo de desahucio por subida de alquileres es un daño colateral del turismo “que le da de comer”?¿Cómo de que es justo que el déficit generado por las subvenciones directas e indirectas a los grandes patrimonios en su ciudad, ha aumentado una deuda que ella paga en la misma cuantía que su patrón?
Juan José Espinosa (es concejal en el Ayuntamiento de Málaga) y Francisco Javier González es economista de Podemos en Málaga.
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