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Los fosfoyesos de Huelva, sin solución a la vista: crecen el retraso y el coste de la retirada de los residuos

Fertiberia eleva a 70 millones de euros el proyecto de retirada de las balsas y mantiene que tardará 40 años

En febrero de 2009, el Gobierno comunicó a la compañía que tenía que dejar de verter residuos, pero no dejó de hacerlo hasta 20 meses después

La empresa afirma que no ha iniciado el proceso porque ha tenido que contestar alegaciones y que está pendiente de la autorización ambiental para comenzar

Imagen por satélite de Huelva capital, con las balsas pegadas a las viviendas.

Imagen por satélite de Huelva capital, con las balsas pegadas a las viviendas. Google Maps.

El 14 de febrero de 2009, el Gobierno central comunicaba a Fertiberia, empresa propiedad del Grupo Villar Mir, que tendría que dejar de verter sus residuos (fosfoyesos) junto a la ciudad de Huelva, terminando de apilar los residuos químicos de más de 40 años de actividad de las fábricas del Polo Químico.

Se iniciaba entonces lo que parecía que iba a ser un proceso de meses para comenzar a retirar de las marismas una cantidad de residuos que, desde el aire, componen un mapa que supera en extensión a la propia ciudad de Huelva. Casi diez años después, nada se ha avanzado. Los fososyesos siguen ahí, y parece que, de momento, intocables.

Este martes se escribió un nuevo capítulo en esa historia, después de que Fertiberia comunicase que ha elevado de 65,9 a 70 millones de euros el coste del proyecto de restauración de las balsas son se acumulan los fosfoyesos. Hace más de cuatro años que se completó el estudio para la retirada. Ahora, este se amplía. La empresa sostiene que así se ha tenido que hacer tras analizar las alegaciones, incluyendo, entre otras cuestiones, el sellado de los canales mareales perimetrales. Y es que la empresa se sigue aferrando, y nadie parece llevarle la contraria, a enterrar los residuos, no a llevárselos de Huelva.

Lo explicaba el responsable de la dirección técnica del proyecto y del proceso administrativo-judicial en relación al mismo en Fertiberia, Juan Ramón Miró, en una sesión informativa organizada por AIQBE, la asociación que une a todas las empresas químicas de Huelva,

Miró añade que el plan presentado incluye trabajos intensivos sobre una superficie de 450 hectáreas, como resultado de los vertidos realizados de forma continuada desde los años 60. De todas formas, añade que no sólo de residuos de las fábricas onubenses se nutren las balsas, ya que aunque también hay material como cesio-137, depositado en la zona tras el accidente de Acerinox en Cádiz. Niega, además, la mayor, al asegurar que el volumen de fosfoyeso apilado es de "80 millones de toneladas y no de 150 como apuntan desde algunos colectivos”. No obstante, ni una tonelada se ha retirado desde que hace diez años llegase la primera orden.

Intrahistoria desde el antiguo régimen

La historia de este asunto se pierde en la intrahistoria del antiguo régimen. El Gobierno español concedió en 1967 y 1968 sendos permisos a Fertiberia para ocupar 720 hectáreas en la margen derecha del río Tinto, a escasos metros de viviendas como las de la barriada Pérez Cubillas de Huelva.

Aunque en noviembre de 2003 Medio Ambiente declaró que la concesión había caducado por incumplir las condiciones, ya que en vez de apilar los tres metros de altura de residuos que le permitía la concesión, la empresa acumulaba más de 20, siguió adelante con los vertidos. Desde entonces, el Gobierno reclama a la empresa un plan para reducir progresivamente el vertido y de regeneración de la zona, que ahora se ha ampliado con respecto al de 2014.

Y eso que, en cifras, parece que la empresa está preparada para asumir el coste. Adquirió en 2005 el 66 % del capital social de Fertial, la División Química y de Fertilizantes de Grupo Villar Mir, compuesta por Fertiberia en España y Fertial en Argelia, y se consolidó como el primer productor de la Unión Europea y de todo el arco mediterráneo del sector de fertilizantes, con una capacidad de producción entonces de 8.625.000 toneladas anuales.

Su capacidad de producción se situaba con la fusión cerca de los cinco millones de toneladas, entre productos intermedios y finales, lo que representaba, aproximadamente, el 75 % del sector de fertilizantes español.

Tras varios toques de atención, la empresa cesó en la actividad en Huelva el 31 de diciembre de 2010 en cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional que consideraba caducada la concesión para depositar fosfoyesos en la marisma onubense. Entonces, -en mes y medio hará ocho años-, las administraciones se marcaron el objetivo de ponerse "manos a la obra" con la restauración, según apuntó el otrora consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, que decía días después que “con el cese de los depósitos se abrió una nueva etapa, un espacio de oportunidades y desde la Junta y el MARM -Ministerior- se va a hacer el trabajo desde el máximo rigor, desde la protección del medio ambiente y el cuidado absoluto a la salud de la población, aspectos que están garantizados”.

Nivel de radioactividad

Sin embargo, las balsas siguen como si nada hubiera pasado, pegadas a la ciudad y sin plan en marcha para retirarlas. Fertiberia sostiene que en 2015 concluyeron las labores de drenaje y desecación, y, hasta el inicio del proyecto lo que están haciendo es gestionar el agua de lluvia. Contra la opinión de colectivos como Mesa de la Ría o Ecologistas en Acción, la empresa asegura que "el riesgo radiológico de la balsa es nulo para la población de Huelva, por tanto, no hay afección para la salud”, aunque enseguida se habla de “niveles de radiactividad muy bajos que quedarán anulados con la ejecución del plan”.

Lo que no ha variado, aunque sí lo ha hecho el presupuesto, son los plazos. La empresa se agarra a que va a tardar 40 años en limpiar el paisaje. Argumenta que serán diez años de trabajos, a los que hay que sumar treinta más de seguimiento y control. Pero no parece tener prisa. Actualmente el proyecto está en período de evaluación ambiental por parte del Ministerio de Transición Ecológica que debe emitir la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable o desfavorable; todo ello después de que en el 2015 el proyecto se declarara idóneo por el entonces Ministerio de Medio Ambiente y se sometiera a exposición pública.

Miró dice que confían en que la DIA a este proyecto sea favorable, y ha dejado claro que "siempre se han venido rigiendo y se regirán por lo que determine la Audiencia Nacional, ya que el plan se realiza en ejecución de una sentencia”, sentencia que, si todo va bien, se puede tardar más de diez años en empezar a ejecutar, y otros 40 en ejecutarla por completo.

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