Entidades contra las adicciones: “La Junta de Andalucía defiende los intereses del sector lucrativo del juego por encima del bienestar social”

La federación Enlace, que une a casi un centenar de entidades de Andalucía que intervienen en adicciones y otras situaciones de exclusión social, ha analizado el decreto aprobado el pasado martes por la Junta que, entre otra muchas cuestiones, aleja las nuevas casas de apuestas de los colegios. Si bien se muestran de acuerdo con las limitaciones a la publicidad y los sistemas de control de acceso de menores, “aunque habría que establecer un sistema eficaz de inspecciones para que se cumplieran de verdad”, lamentan que la disposición transitoria primera permita que el requisito de la distancia mínima de 150 metros a centros de enseñanza no universitaria no sea exigible a los salones de juego ya abiertos ni a los que tengan concedida o pedida licencia de obras. Es decir, no se verán afectados por las limitaciones contempladas en el decreto en ese punto.

Es la letra pequeña del Decreto 161/2021, publicado en el BOJA de este viernes, donde se establece que ese requisito “no será exigible” a los procedimientos iniciados con anterioridad a la fecha de la entrada en vigor de la nueva norma, prevista para primeros de junio. Será en los casos en que a la fecha en que se hayan iniciado los procedimientos “el local tenga otorgada licencia municipal de obras” o en los que, con anterioridad incluso a la entrada en vigor del Decreto-ley 6/2019 se tenga presentado “el proyecto de ejecución de obra y la solicitud de licencia de obra del local destinado a salón de juego”.

“Para las entidades que trabajamos en prevención y atención de las adicciones, la Junta de Andalucía defiende los intereses del sector lucrativo del juego por encima del bienestar social y por encima de nuestra labor”, resumen la directora técnica de Enlace, Luisa Márquez, y el abogado del equipo jurídico de Huelva, José Revilla, que han desgranado la nueva normativa andaluza que modifica los reglamentos aplicables en materia de juego y apuestas. Es cierto que la Junta habló el martes de que el requisito de distancia mínima se establecía para salones “de nueva apertura”, pero el Decreto contempla unas consideraciones específicas que no han sido del gusto de las entidades andaluzas de adicciones.

Apoyan también esta opinión en que la Junta “por un lado habla en términos de protección y prevención, pero luego recurre los PGOU de los ayuntamientos que han tenido iniciativas más sociales. Es un tema competencial y dejan sin mecanismos a los ayuntamientos”, señalan al respecto. La federación se refiere al hecho de que el TSJA haya dado recientemente la razón a la Junta al suspender cautelarmente la limitación de casas de apuestas y juego en Cádiz. Y es que algunos ayuntamientos, también del PP, están tratando de limitar sin éxito su implantación modificando sus planes de ordenación urbanística para alejarlos hasta 500 metros.

“Sin perjuicio de la sostenibilidad de las empresas”

Para la federación, además, la industria del juego “no debería ser evaluada solamente por los puestos de trabajo que genera” como hace la Consejería de Economía, y “hay que tener en cuenta otros factores de bienestar social como las vidas y familias que destroza”. “Además, buena parte del dinero que genera no se queda en Andalucía, y eso hay que decirlo”.

Enlace hace esas consideraciones después de ver que el Decreto argumente que “es evidente que en la materia del juego y las apuestas inciden imperiosas razones de orden público” y que “también se han tenido en cuenta otras razones de interés público, como las relativas a la salud pública que en determinados casos afectan a personas que padecen adicción, o corren peligro de padecerla, al juego compulsivo o patológico”. Según la nueva norma aprobada por la Junta, “tales razones demandan de los poderes públicos el establecimiento de un mayor control e intervención en esta actividad empresarial al objeto de que ésta se desarrolle con toda legitimidad dentro del marco de una regulación que, independientemente de sus aspectos fiscales y recaudatorios, propenda a garantizar la protección de otros derechos prioritarios que amparan a la ciudadanía sin perjuicio de la sostenibilidad de las empresas así como de los puestos de trabajo que este sector emplea y genera”.

Según concluyen desde Enlace, “no es razonable que en estos sitios se pueda tomar café o una copa casi gratis”. “Los precios son ridículos, y eso incentiva a la gente a ir, simplemente a tomarse la primera copa, por ejemplo. Lo hacen las pandillas y de camino se juegan sus primeros eurillos”, comentan desde la federación, desde donde también lamentan que haya cajeros automáticos en estos salones “y muchos pueblos andaluces no dispongan de ninguno porque no es rentable”.