La fiscalía pide interrogar al alcalde de Granada por el caso del polideportivo Mulhacén
La Fiscalía de Medio Ambiente ha pedido a la Policía Nacional que interrogue al alcalde de Granada, José Torres Hurtado, en relación con el caso del pabellón de deportes Mulhacén y la denuncia del empresario Ramón Arenas, según ha informado hoy el diario Ideal. En concreto, ha emitido un decreto donde pide a la Policía Nacional la apertura de una investigación sobre las presuntas irregularidades denunciadas por el empresario Ramón Arenas, relacionadas con el caso del pabellón de deportes que invadió en 300 metros cuadrados una parcela de su propiedad.
El ministerio público pide a la policía interrogar sobre este asunto al alcalde, a la edil de Urbanismo, Isabel Nieto, al concejal de Economía, Francisco Ledesma, así como a ocho altos cargos del Ayuntamiento de Granada y al constructor Roberto García Arrabal, quien obtuvo la concesión administrativa, según el mismo diario.
El ministerio público abrió diligencias por este asunto tras la denuncia de Ramón Arenas, que considera que se ha producido una “estafa inmobiliaria” y que indica que la operación ha conllevado que una parcela de su propiedad haya sido invadida por la construcción del polideportivo adjudicado en 2007 por concesión administrativa.
Para la fiscalía, según consta en un decreto notificado el pasado mes de julio y al que ha tenido acceso la agencia Europa Press, de la denuncia se infiere “ab initio” que los hechos podrían ser constitutivos de un delito contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, prevaricación común, falsedad, malversación de caudales públicos, y tráfico de influencias. Por ello, ordena a la policía que investigue las posibles irregularidades económicas y/o administrativas, le reciba declaración a los denunciados, entre los que también se encuentra el empresario supuestamente favorecido, Roberto García Arrabal, y recabe la documentación oportuna.
Tranquilidad en el gobierno local
Desde el Ayuntamiento de Granada, el alcalde en funciones y concejal de Economía, Francisco Ledesma, ha confiado este jueves en el archivo de la investigación. Entiende que el denunciante ha “intentado especular” con una parcela municipal, lo que el Ayuntamiento de Granada le ha “impedido” y de ahí la “disparatada” denuncia que ha llevado al ministerio público a abrir diligencias por este asunto.
Su versión es que todo el proceso se remonta a 10 años atrás, a 2005, cuando el denunciante adquirió una parcela municipal por valor de 400.000 euros en una zona de equipamiento docente y con el objetivo de construir una guardería. Sin embargo, después intentó “revender” la parcela por 1,5 millones de euros para la construcción de un aparcamiento público, pero el Ayuntamiento de Granada paralizó esa operación, y él “hipotecó” el terreno por 2,5 millones de euros.
Para el viceportavoz del PSOE el Ayuntamiento de Granada, Baldomero Oliver, son hechos de “extrema gravedad”. Y ha agregado: “Lo que está claro es que en estos terrenos estaba previsto la disposición de zonas verdes y un aparcamiento de 200 plazas que no existe, motivo más que suficiente para asumir responsabilidades”.
