La gestión privada y el tamaño de las residencias contribuyeron a una mayor mortalidad por la Covid-19 en España

Imagen de una residencia de mayores

Javier Ramajo


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Casi tres de cada cuatro plazas de residencias de mayores en España son privadas. Allí donde hay más porcentaje de residencias privadas, estas son también más grandes, de más de cien plazas. Esa tendencia en el modelo de atención a nuestros ancianos, en cuyo cambio viene trabajando el Gobierno central, tuvo que ver con una mayor mortalidad en las residencias en los primeros meses de la COVID-19 (27.359 entre el 6 de abril y el 20 de junio de 2020), según prueba una investigación que ha analizado 15 variables en las 17 comunidades autónomas y que demuestra una relación entre el número de fallecidos en residencias por COVID-19 y el gasto público, la ratio de cobertura, su titularidad pública o privada y el tamaño de la residencia.

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Este sábado 1 de octubre se conmemora el Día Internacional de las Personas de Edad. No está de más recordar que en las residencias de mayores de España fallecieron más de 35.000 personas durante la pandemia. Según explica a elDiario.es Andalucía uno de los cuatro autores del estudio, José Luis Sarasola, investigador de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), “a día de hoy no hemos aprendido y el negocio de las residencias privadas sigue al alza, porque prima el rendimiento económico al cuidado de las personas”. “¡Era muy difícil controlar un brote en un espacio con 200 personas mayores! Como se sigan mirando solo los beneficios económicos para las empresas privadas encargadas de la gestión de los centros en lugar de las necesidades sociales y sanitarias de la población geriátrica, nos va a volver a ocurrir”, advierte atendiendo al último informe aportado por la prestigiosa consultora DBK, que dice que el mercado de las residencias de mayores lleva desde 2015 creciendo a un ritmo superior al 4% interanual.

Se han publicado de manera reciente estudios de este tipo pero mucho más acotados temporal y geográficamente, a nivel de la Comunidad de Madrid o de Catalunya, por ejemplo. Sarasola se apoya en las conclusiones de la investigación que, entre otras cuestiones, muestra que a mayor número de residencias privadas, mayor número de personas fallecidas, y cuanto mayor era el tamaño de la residencia (mayor número de plazas), más tendencia a riesgo de muertes por COVID-19 se registró. Asimismo, aunque no se encontró una relación entre la ratio de cobertura de plazas en residencias y el fallecimiento por COVID-19, si se obtuvo una correlación entre la ratio de cobertura y las residencias públicas. Es decir, había más cobertura donde más residencias públicas hay e, igualmente, había más cobertura donde las residencias públicas eran más pequeñas.

Gasto público por persona dependiente

Según el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), España fue uno de los países desarrollados más afectados por el virus y uno de los que mostró peores resultados en relación con el número de fallecidos en residencias de personas mayores. En la investigación se generaron tablas cruzadas para comprender la relación entre las variables como el gasto público en residencias, la ratio de cobertura, su titularidad pública o privada, y el tamaño, y se relacionaron con el número de fallecidos por la COVID-19 en esos espacios para nuestros mayores.

Comunidades autónomas como Extremadura e Islas Canarias se sitúan por debajo del 50% en cuanto a porcentaje de plazas privadas de residencias, mientras que la Comunidad Valenciana o Cantabria superan el 80%, según se recoge en una de las tablas del estudio. El gasto público por persona dependiente, con una media nacional de 664 euros, tiene unos niveles de financiación pública muy modestos en comparación con el resto de países europeos, recuerda Sarasola. Las que menos invierten son las Islas Canarias (391), Asturias (486), Galicia (501), la Comunidad Valenciana (512) y las Islas Baleares (527), mientras que las que más inversión realizaron en 2019, fueron Castilla-La Mancha (916), País Vasco (987) y Cantabria (1.016).

Aunque el estudio concluye que no hay correlación entre el porcentaje de fallecidos en residencias y la ratio de cobertura de plazas o gasto público, sí afirma una correlación significativa entre la cantidad de fallecidos en residencias y el número de residencias privadas.

Macrorresidencias vulnerables

También se examinó la relación que podría existir entre las muertes de mayores por COVID-19 en residencias y el tamaño (número de residentes) de las mismas, comparando residencias de menos de 25 plazas con aquellas de más de 100 plazas. La investigación concluye en ese punto que cuanto mayor es el tamaño de la residencia, más riesgo de muertes por COVID-19 se produjo. Esa tendencia fue mucho más clara y acusada en las privadas de más de 100 plazas que en las públicas de más de 100 plazas, donde también se produce pero en menor medida. Por tanto, “las macroresidencias privadas son las más vulnerables a brotes de alta letalidad durante la primera oleada”, recoge el estudio.

José Luis Sarasola, junto a Evaristo Barrera, Francisco Estepa y José Carlos Malagón, han recibido el Premio Beltrán Báguena al mejor artículo original publicado en la Revista Española de Geriatría y Gerontología en 2021, en el área de ciencias sociales y del comportamiento, por este trabajo, denominado 'Covid-19 y personas mayores en residencias: impacto según el tipo de residencia'. Los doctores Sarasola y Barrera, a su vez, son directores del Máster en Gerontología, Dirección y Gestión de Centros Gerontológicos.

La investigación establece que el tipo de residencia menos letal, de acuerdo con los datos analizados ante la COVID-19, es la pública de menos de 25 plazas. “Nada que ver con los modelos de negocio privados y con gran número de habitantes (para maximizar beneficios) del perfil de residencias que predomina en España”, se desprende del estudio, que propone “reducir la alta ocupación” y “contar con una infraestructura mucho mejor adaptada y fácil de gestionar frente a la agresividad de la COVID-19”, en aquel caso.

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