Andalucía Por Sí demanda al Ayuntamiento de Motril del PP por saltarse presuntamente la normativa para beneficiar a dos tránsfugas

Andalucía Por Sí (AxSí) ha demandado al Ayuntamiento de Motril (Granada) por una presunta vulneración de la normativa para favorecer a dos concejales tránsfugas que pertenecieron a esta formación. Según el relato de la querella presentada, dos ediles que formaban parte de Andalucía Por Sí decidieron negociar con el Partido Popular sin permiso, por lo que se les abrió un expediente de expulsión que no tuvo que ejecutarse porque antes abandonaron el partido, integrando el grupo de no adscritos. Sin embargo, pese a ser dos concejales sin grupo municipal, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro (PP), incluyó a ambos en su equipo de Gobierno, lo que para Andalucía Por Sí vulnera las normas relativas a los tránsfugas. AxSí reclama que se anulen los nombramientos y que los aludidos devuelvan el dinero que han cobrado de más en su puesto. El Ayuntamiento, a preguntas de este medio, prefiere guardar silencio al respecto.

La vulneración se produce porque ambos ediles, Susana Peña y Juan Ortega, al dejar de formar parte de Andalucía Por Sí por haber estado negociando a espaldas de su formación, se consideran tránsfugas por lo que no pueden integrar ni un equipo de gobierno ni tampoco mejorar su posición económica como representantes públicos. El escrito de demanda, presentado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Granada 5 el pasado viernes y al que ha tenido acceso este medio, señala que estos hechos vulneran la Ley de Bases del Régimen Local y el Pacto Antitransfuguismo que sellaron en 1998 todas las formaciones políticas de entonces, entre las que estaba el propio Partido Popular. En concreto, la actualización de dicho pacto en 2006 incluye explícitamente que los partidos se comprometen “a no aceptar en sus equipos de Gobierno municipal a miembros de la corporación que se hayan convertido en tránsfugas”.

“Plusvalía del disidente”

Además, el mismo pacto recoge que “los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia”. Un supuesto que de ocurrir se conoce como “plusvalía del disidente” porque el que se marcha de un partido siendo tránsfuga recibe un reconocimiento económico por ello que no le corresponde. Algo que, en teoría, debía conocer la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, en el momento en el que incorpora a los dos exconcejales de Andalucía Por Sí a su equipo en el verano de 2019 cuando se produjeron los hechos por los que ahora se le ha interpuesto una demanda contra los acuerdos por los que los dos ediles fueron integrados en el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Motril.

Para entender el orden de los acontecimientos y por qué cobran relevancia tres años después. Hay que partir de la base de que Andalucía Por Sí ya pidió explicaciones al propio Consistorio y a la alcaldesa en cuanto se produjo la incorporación de los dos concejales. Sin embargo, como no hubo ni siquiera respuesta, esta formación andalucista solicitó la documentación pertinente a la Alcaldía de Motril a través del juzgado para poder interponer una demanda que no ha sido posible hasta ahora. No obstante, los hechos que se juzgan tuvieron lugar entre junio y octubre de 2019, justo después de las elecciones municipales de aquel año.

Asegurarse un mandato plácido

En los comicios locales de Motril, Luisa García Chamorro (PP) ganó, pero tuvo que llegar a acuerdos para asegurarse primero la investidura y luego el gobierno. Para ello, logró convencer en primera instancia a Ciudadanos, Más Motril y Vox para que entre los tres partidos y los ocho concejales logrados por el Partido Popular, obtuviese 14 votos para hacerse con el bastón de mando de esta localidad granadina, uno más de los 13 que marcan la mayoría absoluta. Sin embargo, como Vox no iba a formar parte del gobierno municipal y, según explican fuentes del PP cercanas a Luisa García Chamorro, la alcaldesa no se fiaba de Más Motril, decidió buscar otros dos ediles para asegurarse un mandato plácido. Dos ediles que acabó encontrando en Andalucía Por Sí.

Poco después de que García Chamorro fuese elegida alcaldesa de Motril, Susana Peña y Juan Ortega empezaron a negociar su incorporación al equipo de Gobierno sin el consentimiento de AxSí, la formación por la que se habían presentado y logrado su acta de concejales en el Ayuntamiento. Una actitud que no gustó a su partido, por lo que se les abrió un expediente de expulsión que no tuvo que resolverse porque Peña y Ortega acabaron dejando sus actas como ediles de AxSí por voluntad propia, integrando el grupo mixto. Una renuncia que no se resolvió hasta octubre, pero que tuvo un nuevo capítulo apenas dos días después. El 18 de ese mismo mes, Luisa García Chamorro confirmó la incorporación de Peña y Ortega a su equipo como concejales de Comercio y Deportes respectivamente. Algo que motivó las protestas de AxSí que han acabado en la actual demanda.

En diciembre de 2019, se publicaron en el presupuesto municipal los nuevos sueldos de ambos ediles que, para la formación demandante, demuestran que han mejorado su posición económica pese a ser tránsfugas. Es decir, disfrutan de la “plusvalía del disidente” que está explícitamente rechazada en el Pacto Antitransfuguismo. Pero aún más, según Andalucía Por Sí, el Ayuntamiento de Motril y la alcaldesa como firmante de los acuerdos, vulneran el artículo 73.3.3º de la Ley de Bases del Régimen Local porque han concedido “unas delegaciones de gobierno y sus correspondientes retribuciones económicas a dos concejales no adscritos, tránsfugas”. Algo que para este partido es un comportamiento de “grave” porque el Pacto Antitransfuguismo especifica que “la voluntad manifestada por los ciudadanos en las urnas, en cuanto constituye la expresión esencial de un régimen democrático, debe ser respetada existiendo un deber de lealtad política conectado directamente con el respeto a la voluntad popular”.

Además, recuerdan desde AxSí que los ediles ya sabían que estaban participando de una irregularidad, puesto que había sentencias previas de casos similares que calificaban sus acciones como propias de concejales tránsfugas. “No se puede, en base al art. 73.3.3º LRBRL, asumir cargos ni percibir retribuciones que antes no ejercía o percibía como concejal electo. Es una prohibición radical. Y hacerlo implica ir contra el ordenamiento jurídico en un asunto de extraordinaria importancia, insubsanable en el mandato, y con grave repercusión social, por las razones que aduce el propio Pacto Antitransfuguismo, antes sucintamente apuntadas, que opera aquí como un intérprete auténtico”, recoge la demanda. Motivos por los que desde este partido piden que se anulen los nombramientos y que se devuelva el dinero público que han percibido en este presunto fraude de ley. Al respecto, el Ayuntamiento de Motril no se pronuncia a preguntas de este medio.