Un fondo de inversión se hace con el servicio público de transporte de emergencias sanitarias de Granada

El Consorcio de Transporte Sanitario de Granada, que da cobertura al Servicio Andaluz de Salud (SAS) en los 174 municipios de la provincia, ha cambiado finalmente de manos. La unión temporal de empresas (UTE), que lideraba Ambulancias Alhambra y que durante 25 años se hizo cargo del traslado sanitario de emergencias, desde el pasado 16 de septiembre pertenece a a SSG y Ambulancias Pasquau bajo el nombre TSI Granada. Un nuevo consorcio que está controlado por uno de los principales fondos de inversión privados de España, Asterion, lo que genera dudas entre la plantilla por su futuro laboral y las condiciones con las que podrán llevar a cabo sus funciones. Algo que tratan de despejar desde SSG afirmando que se dará un servicio “de calidad”.

Este servicio, que acaba de cambiar de titulares, se encarga del transporte de pacientes del SAS por toda la provincia, tanto para emergencias como para traslados programados desde finales de los años 90. Y ahora se ha producido un cambio de empresas que se ha ido gestando en el último año. En otoño de 2022, una sentencia judicial resolvió el último convenio de 2018 en contra de los intereses de Ambulancias Alhambra obligando a sacar a concurso una nueva licitación que ha resultado ser para la UTE que conforman SSG y Ambulancias Pasquau bajo la denominación de TSI Granada. Un hecho que ha generado polémica y preocupación en los últimos meses para la plantilla de algo más de 400 efectivos que conforman el servicio provincial de transporte. Desde el comité de empresa, liderado por UGT, temían que parte del personal no fuese subrogado y que las condiciones materiales no fuesen las óptimas.

Plantilla, confirmada

La primera de las dudas quedó resuelta hace varias semanas cuando TSI Granada confirmó que toda la plantilla se mantendría y que ninguno de los puestos de trabajo se perdería. Pero todas las demás incógnitas en lo referente a su futuro y a los medios con los que contarán para realizar sus funciones se mantienen. De hecho, se han acrecentado con la entrada del fondo de inversión que controla SSG tras hacerse con un 75% de la empresa por un importe aproximado de 1.800 millones de euros.

Andrés Dorado, portavoz del comité de empresa, reclama al nuevo consorcio que cumpla con todas las reclamaciones que hicieron llegar a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía para que se resolviese favorablemente la licitación para el interés de todas las partes. Estas reclamaciones pasaban por la subrogación total del personal, que sí se ha cumplido, y también por computar la antigüedad de los trabajadores, así como los complementos extraordinarios de verano y Navidad. Por otra parte, exigen que la flota de vehículos, que consideran insuficiente por número y mantenimiento, mejore para poder ofrecer una “asistencia completa al paciente” y que cuente con los elementos que permitan maniobras de inmovilización o la existencia de soporte vital básico de calidad.

Según Dorado, los trabajadores están “contenidos” a la espera del cumplimiento “total” de sus peticiones. “Son vitales para una plantilla que jamás se ha quejado cuando hemos llegado a trabajar 2.640 horas al año, teniendo un sueldo medio que ronda los 1.500 euros”. Además, solicitan que se lleve a cabo una nueva licitación que se adapte a la realidad de la provincia porque en el último lustro la población ha aumentando en 125.000 personas. Para el representante del comité de empresa, la entrada del fondo de inversión Asterion es la consecuencia de un cambio de paradigma a la hora de gestionar este tipo de servicios. A finales de los 90 el transporte sanitario estaba en manos de empresas privadas y ahora lo controlan multinacionales “que tienen la capacidad jurídica de poner en apuros a quien sea necesario si se dicta algo en contra de sus intereses”.

La necesidad de un control “exhaustivo”

Andrés Dorado tiene claro que “no es delito licitar y ganar, pero sí debe haber un control exhaustivo de hacia dónde se dirigen las externalizaciones de servicios tan básicos y necesarios”. Un control exhaustivo con el que apelan directamente a la Consejería de Salud para que vele por el transporte sanitario no sólo de Granada, sino de Andalucía, ya que SSG controla también las ambulancias de Córdoba, Jaén y Cádiz. “¿Tiene el SAS herramientas de control para un servicio tan vital en nuestra comunidad autónoma? Su posible respuesta es sí, con una comisión de seguimiento”.

Por otra parte, en el comité de empresa no esconden tampoco sus recelos sobre la otra entidad que forma parte de TSI Granada: Ambulancias Pasquau. “Esta empresa fue una pirata que ofrecía ambulancias fantasmas, dejaba servicios sin dar, provocaba irregularidades múltiples teniendo incluso trabajadores agrarios dados de alta de forma fraudulenta en Jaén”, denuncia Andrés Dorado. Razón por la que exigen aún más celo a Salud para evitar problemas de cara al futuro.

En ese sentido, y especialmente en lo referente a la adquisición de SSG por parte del fondo de capital privado, Manuel Terriza, presidente de SSG, afirma en declaraciones a este medio que “la venta se ha producido simplemente para seguir creciendo”. Asegura que se va a ofrecer un “servicio de calidad” y que no hay motivos para que el servicio cambie porque es una decisión empresarial que no afecta “ni a la plantilla ni a los usuarios”. En todo caso, desde TSI Granada dicen mantener una relación fluida con la Consejería de Salud, por lo que los trabajadores no deben temer por su futuro. Al tiempo, Terriza que desmiente tajantemente que los recursos de los que dispongan sean “insuficientes” o de “mala calidad”. Se está haciendo “una inversión” para asegurar el transporte sanitario en Granada.

Al respecto, desde Salud recuerdan que mantienen un “diálogo continuo” con el comité de empresa para velar “por los derechos de los profesionales” y que el cambio de UTE se ha hecho con “normalidad y transparencia” porque “la empresa (TSI Granada) está sujeta, como es lógico, al contrato y al pliego de condiciones del mismo”. De hecho, remarcan que se siguen produciendo “comisiones de seguimiento” para que las cuestiones “que puedan preocupar” se vean “como corresponde” y con la “confianza forjada en todo el proceso”.