Pedro Arrojo, relator de la ONU para el agua: “En Doñana hay riesgo de matar la gallina de los huevos de oro de la fresa”

Histórico de los movimientos sociales y políticos en Aragón, creador de la Fundación Nueva Cultura del Agua en Zaragoza y diputado en el Congreso por Podemos, hace poco más de tres años fue designado relator especial de la ONU para los derechos humanos al agua potable y al saneamiento. Pedro Arrojo (Madrid, 1951) ha visitado esta semana la comarca cordobesa de Los Pedroches, donde ha lanzado el mensaje de la “grave transgresión” del derecho al agua que sufre todo el norte de esta provincia, que lleva siete meses sin abastecimiento potable. Es un firme convencido de que la conservación ambiental es rentable incluso desde el punto de vista económico, lamenta que en Doñana “se ha permitido la ilegalidad con el argumento de generar riqueza” y pone el acento en que en el parque nacional, como en toda España, “hemos normalizado los pozos ilegales”.

¿Su presencia en Córdoba ha sido para denunciar como relator especial de la ONU la emergencia por falta de agua potable?

Mi papel no es denunciar. Ante quejas de cualquier tipo, da igual el sitio, como relator debo escuchar, informarme y no dar una opinión en público sobre lo que me parece tal o cual actuación que afecte a un Gobierno. Si entiendo que se están poniendo en riesgo y quebrando derechos, debo dirigir una carta de alegaciones directamente al Gobierno central, que tiene dos meses para responder y pasado ese tiempo se hace pública la carta. Mis interlocutores directos son los gobiernos nacionales, aunque la competencia sea regional, municipal o de que hablemos de un problema provocado por una empresa privada.

¿Y va a seguir este procedimiento por lo que ocurre en Córdoba?

Probablemente, una carta de alegación ya se la he hecho llegar al Gobierno de España sobre casos que tienen similitud con el de Los Pedroches en Córdoba, con temas de sobreexplotación de acuíferos o contaminación que quiebran el derecho humano del abastecimiento. Ahí estamos hablando, por ejemplo, de lo que ocurre en Doñana, Baza, Yecla y varios sitios más. En Los Pedroches hay 80.000 personas que llevan siete meses sin agua potable en la red urbana, mi papel no es valorar sino observar, pero es evidente que se está quebrando el derecho humano al agua potable y al saneamiento.

¿En qué pone el acento en estos casos el relator especial de la ONU para el agua?

En que el enfoque de derechos humanos debe estar presente en la planificación y la gestión de este recurso para dar una garantía de uso de agua potable por encima de cualquier otro, en términos de cantidad y calidad. Esto significa que los recursos más cercanos, accesibles y de más calidad se reserven para agua potable. Pongo un ejemplo de Huelva: cuando hay escasez lo siguiente es traer agua del río Chanza, pero eso ya es el doble de coste y no lo paga el que ha generado el problema sino los vecinos, a los que afecta el aumento de tarifas. Porque hablamos de un problema generado por regadíos y pozos ilegales, la sobreexplotación de acuíferos... Ocurre lo mismo en Baza, que ahora habrá que traer el agua del río Castril, pero así duplicas su precio en origen y al final quienes pagan serán los vecinos de Baza. Y mientras tanto, se sigue contaminando.

En Doñana se le ha dado prioridad al desarrollo de actividades más allá de los límites de la legalidad, se ha permitido la ilegalidad con el argumento de generar riqueza

En el caso de Doñana, ¿tiene claro qué es lo que ha ocurrido?

El propio Gobierno ha reconocido que durante muchos años no ha habido especial vigilancia, en Doñana se le ha dado prioridad al desarrollo de actividades más allá de los límites de la legalidad, se ha permitido la ilegalidad con el argumento de generar riqueza. Son actividades legítimas e importantes, pero al final los pozos y regadíos ilegales derivan en sobreexplotación y contaminación del acuífero, que es la base de la provisión de agua para los municipios a un coste más bajo.

Eso se ha cargado el acuífero...

Y los costes producidos no los asumen los responsables del problema sino los vecinos de la zona, que han visto que el agua se ha dado de facto para actividades productivas que han hecho colapsar el acuífero. En Baza pasa igual, ha habido una sobreexplotación del acuífero por cientos de pozos ilegales, dando prioridad de facto a actividades productivas que llevan a encarecer costes, secar fuentes, bombear a más profundidad... Ya se plantea tomar agua del río Castril, con lo que se pone en riesgo un patrimonio natural importante, además de que se aumenta de manera muy fuerte el coste del agua en origen que, como ocurre en Doñana, no va a pagar quien produce el problema de sobreexplotación. Así se quiebra un enfoque de derechos humanos en la gestión del agua, los diversos usos deben tener en cuenta que siempre hay una prioridad, que es el consumo humano, por lo que la gestión de los recursos debe ser transparente y participativa.

¿Se sigue gestionando el agua como si fuese un recurso infinito?

Lo que es cierto es que no le damos la prioridad en cantidad y calidad que requiere un enfoque de derechos humanos, aunque no pienses que es un recurso infinito se le da prioridad a actividades productivas. El problema es que el sistema productivo cada vez requiere más agua, se va produciendo un aumento del uso y de la contaminación derivada, en ocasiones de manera ilegal, porque a veces se da la concesión para una macrogranja legal pero en realidad no hay agua. En el caso de Doñana, y también en Baza, se mira para otro lado ante la evidencia y las denuncias de pozos y regadíos ilegales, por la idea de que es bueno para la comarca porque produce riqueza y da puestos de trabajo. En la práctica se da esa prioridad y permisibilidad de la ilegalidad.

¿En Doñana se ha llegado a este punto porque se ha puesto la economía por encima de todo?

Sí, y además es una falsa cuestión económica, porque es verdad que produce beneficios pero ¿quién paga los costes? ¿Y cuál es el coste de necesitar 30 años para recuperar el acuífero? El análisis económico no puede ser sólo el beneficio que se llevan algunos actores privados a cambio del coste que van a pagar los ciudadanos, porque luego hay que traer el agua desde más lejos. Poner como prioridad la recuperación ambiental es también fruto de un análisis económico: es rentable que la naturaleza funcione bien y gratis, si no acaba costando muy caro, no hay más que ver la de inversiones que va a hacer el Estado para paliar la catástrofe de Doñana. Desde un punto de vista económico, destruir o afectar gravemente los ecosistemas acuáticos y quebrar el principio de los derechos humanos acaba siendo un desastre económico desde un punto de vista coste-beneficio.

¿Por qué es tan importante lo que ocurre en Doñana y tiene tanto impacto?

El elemento específico de Doñana es que lo que pasa ahí va a pasar de manera similar en otros sitios, pero lo más importante es que Doñana tiene un balcón de visibilidad pública a nivel internacional. ¿Por qué no ha habido la misma movilización en el caso de Baza, cuando la situación es similar? En Doñana se ha iniciado un proceso de recuperación del acuífero, se persigue a los infractores, se cierran pozos... y todo eso se demora sin ningún argumento en el caso de Baza. ¿Por qué se está haciendo bien en Doñana? Porque es un escaparate abierto a la opinión pública y hay una presión de Europa muy potente, en el caso de Baza no es lo mismo y se está retardando.

¿Doñana ha lanzado un grito de auxilio porque ya no puede más?

Los ecosistemas están lanzando gritos de auxilio que no hay que entender como ajenos al humano, no es sólo que los pobres patos se van a morir, porque siempre alguien dirá que las personas tienen que estar antes que los patos. En efecto, la naturaleza pone en marcha procesos de alarma y la afectación en última instancia es al humano. Lo de Los Pedroches por ejemplo es una catástrofe, siete meses sin agua potable. La naturaleza en sí misma es muy importante, pero la normativa marco de aguas europea lo que hace es tirar de pragmatismo porque al ser humano le interesa conservar la gallina de los huevos de oro, aunque no le importe la gallina.

El cálculo es que en España hay más de un millón de pozos ilegales, si se dijera que es un millón de asaltos a bancos nos preguntaríamos que qué país es éste. Y siguen creciendo

En Doñana, de hecho, los regadíos no han dejado de crecer durante años.

Pero al final la avaricia rompe el saco, debe haber una medida. En Doñana hay riesgo de matar a la gallina de los huevos de oro de la fresa, porque el acuífero está mal y si alguna vez en Alemania detectan contaminación en una fresa se hundirá todo el negocio o quebrará la salud de la comarca. Los límites los marcan la sostenibilidad y los derechos humanos, y también la aplicación de la ley, que no está por capricho sino por el interés general de la sociedad: no hablamos de leyes que protejan a los pajaritos por delante de las personas. La normativa europea no es porque se hayan vuelto todos ecologistas en Bruselas, está hecha desde un punto de vista incluso egoísta. ¿Cómo Europa tiene un marco legal tan ecologista y ambientalista? Pues es puro pragmatismo economicista anglosajón, ellos han entendido mucho mejor la fábula de la gallina de los huevos de oro y que es un buen negocio cuidar la naturaleza.

¿Los pozos ilegales son el gran problema de Doñana?

Es que en Doñana, y en toda España, hemos normalizado los pozos ilegales. El cálculo es que en España hay más de un millón de pozos ilegales, si se dijera que es un millón de asaltos a bancos nos preguntaríamos que qué país es éste. Los pozos ilegales siguen creciendo en general, como en el Altiplano granadino, y eso pone en peligro el acuífero y al final acaba encareciendo el agua. Y hablamos de ilegalidades que son perfectamente resolubles.

¿Qué le parece que en Huelva los agricultores fuesen a manifestarse porque les iban a aumentar los recortes de agua por la sequía?

¿Y eso qué era, una manifestación contra los designios divinos por la sequía? ¿Qué sentido tiene eso? Donde no hay no se puede sacar, es por el bien del ser humano. De hecho, el único derecho de uso que se coloca por encima de las exigencias de la legislación europea es el abastecimiento humano, en situación de sequía se puede estirar la extracción más allá de los límites de garantía del buen estado hidrológico. El uso humano es prioritario y, en casos de emergencia, está por encima de las restricciones de sostenibilidad.