Ofensiva del Gobierno en la mayor operación de cierre de pozos ilegales en Doñana: más de 400 antes de fin de año

Objetivo: cerrar de aquí a fin de año 407 pozos en el entorno de Doñana que extraen agua del castigado acuífero sin permiso para regar. Estas son las previsiones oficiales de ejecución de una de las tareas que más polémica generan en este incandescente entorno, unos cálculos que suponen un apreciable acelerón para que en cuatro meses se clausure más de un tercio (el 38% concretamente) de las 1.065 instalaciones que se habrán sellado desde 2019 junto al parque nacional. Eso sí, una cantidad considerable de estas captaciones subterráneas estaban autorizadas, pero ahora reciben agua en superficie.

La encargada de la tarea es la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica que dirige la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera. Tiene las competencias de la llamada Policía de Aguas y es además el encargado de dar autorizaciones de riego en su demarcación. En la actualidad mantiene abiertos los procedimientos de ejecución subsidiaria para el cierre de estos 407 pozos, después de que a mediados de agosto se clausuran 13 y otros 25 en julio.

La Confederación da por hecho que el sellado de estas captaciones se va a producir de aquí a fin de año porque los propietarios ya han sido sancionados y existe una resolución firme que obliga a la clausura, por lo que tienen la obligación de proceder. Esto implica que está en la recta final un proceso que, en función de la litigiosidad del agricultor de turno, puede obligar a que pase una década antes de poder cegar un pozo ilegal.

Negociar para que lo haga el agricultor

La resolución de ejecución forzosa de cierre la emite la Presidencia de la CHG y es el último trámite antes de proceder, siempre y cuando el afectado no opte por acudir a los tribunales. Esta obligación de clausurar la instalación ilegal no implica que la lleve a cabo la autoridad de cuenca, que lo puede hacer de manera subsidiaria pasándole después la factura al propietario, sino que llegados a este punto se negocia para que sean éstos los que la acometan de manera voluntaria y con sus propios medios. Así se ha hecho por ejemplo con los 13 pozos sellados a mediados de agosto, ubicados en término municipal de Almonte y en los que ha actuado de intermediaria la comunidad de regantes El Condado, a la que pertenecen los agricultores sancionados.

Los 407 pozos que se liquidarán antes de fin de año se incluyen en los 615 para los que se ha emitido una orden de cierre desde 2019, lo que implica que en este tiempo se han cerrado 208. A éstos hay que sumarles los 450 cegados después de que sus propietarios hayan obtenido derechos de riego y reciban ahora agua superficial. Los beneficiarios son miembros de la comunidad de regantes de El Fresno, en los términos municipales de Moguer, Lucena y Bonares, que reciben ya recursos provenientes del famoso trasvase de 19,99 hectómetros cúbicos procedente del Tinto, Odiel y Piedras, un agua a la que aspiran muchos agricultores del entorno de Doñana.

Alivio para el acuífero

De estos 19,99 hectómetros cúbicos se están utilizando ya 7,36, aunque para alcanzar el máximo permitido por la ley tendrán que pasar años hasta que el Gobierno central termine de ejecutar unas infraestructuras que avanzan lentamente. En los 7,36 hectómetros ya en uso se incluyen 4,26 que han ido a esta comunidad de regantes de El Fresno para así cerrar 450 pozos, lo que ha permitido dejar de sacar del acuífero un total de 4,26 hectómetros cúbicos con los que se riegan 815 hectáreas.

La de El Fresno ha sido la mayor operación de clausura de instalaciones (en este caso legales) que se ha llevado a cabo en mucho tiempo, y también sirve para poner en perspectiva las consecuencias que arrastrará la polémica ley para indultar regadíos que impulsan PP y Vox en el Parlamento andaluz. Aunque ni el texto de la proposición ni la Administración andaluza han dado cifras oficiales de potenciales amnistiados, se calcula que se beneficiarán unas 750 hectáreas que necesitarán unos cinco hectómetros cúbicos de agua, más de los 4,26 que se han regularizado en El Fresno.