AGUA

El agua que se saquea en Doñana supera la cantidad que se ahorra tras la mayor operación de cierre de pozos legales

Instalación para extraer de manera ilegal agua del acuífero de Doñana.

Antonio Morente


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Los cultivos ilegales en el entorno de Doñana cuentan por primera vez con una estimación oficial, y con ello del agua que consumen. Y la conclusión es que el pirateo del acuífero supone el 5% del total de los recursos que se extraen anualmente del sobreexplotado acuífero, un porcentaje que puede parecer residual pero que supone una enorme cantidad, en concreto unos 5 hectómetros cúbicos. Para ponerlo en contexto, este saqueo supone una cantidad superior a la que se ha ahorrado con la mayor operación para sustituir aguas subterráneas por superficiales que se ha desarrollado hasta la fecha, lo que ha permitido el cierre de 443 pozos legales (48 todavía están en pleno proceso) para ahorrarle 4,26 hectómetros al acuífero que sustenta a Doñana.

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Estos 5 hectómetros cúbicos que se piratean es lo que necesitan para su riego las 1.013,6 hectáreas (el equivalente a unos 700 campos de fútbol) fuera de ordenación que, utilizando técnicas de teledetección espacial, ha calculado el Ministerio de Transición Ecológica que hay en la zona. Así se lo ha comunicado a la Comisión Europea en la respuesta que le ha remitido para defenderse de las últimas críticas recibidas en el sentido de que no estaba adoptando todas las medidas necesarias para salvaguardar el acuífero, y eso pese a la condena que ya le impuso el Tribunal de Justicia europeo por ello. Uno de los reproches de la Comisión, precisamente, era que las autoridades españolas no tenían en cuenta ni la superficie de cultivos ilegales ni el agua que se extrae para ellos.

El Gobierno señala que estos aprovechamientos “ilegales” se localizan principalmente en la masa de agua subterránea de La Rocina, una de las tres que se encuentran en mal estado de las cinco que en total componen el acuífero. De paso, señala a las autoridades europeas que se están llevando a cabo “diversas estrategias de control” sobre estos cultivos que no cuentan con permisos de riego. Por cierto, que la cifra de un millar de hectáreas sin derechos de riego contrasta no es muy compartida por la organización ecologista WWF, que en uno de sus últimos informes advertía de que la superficie de cultivos de frutos rojos en situación irregular “sigue creciendo sin control” y ha aumentado más de un 13% en los últimos años, hasta alcanzar las 1.653 hectáreas.

Aguas superficiales en vez de subterráneas

Para poner en perspectiva lo que suponen 5 hectómetros cúbicos de agua vale la mayor operación para el cierre de pozos, en este caso legales, que se ha llevado a cabo para evitar que se utilicen aguas subterráneas y sustituirlas por recursos en superficie. Esto es lo que se ha hecho en la comunidad de regantes de El Fresno, en los términos municipales de Moguer, Lucena y Bonares, donde se han podido clausurar 443 instalaciones de bombeo para así ahorrarle al acuífero un total de 4,26 hectómetros cúbicos con los que se riegan 815 hectáreas.

Esto ha sido posible gracias al trasvase que llega de la cuenca del Tinto-Odiel-Piedras, que inicialmente era de 5 hectómetros cúbicos –lo que da cuenta una vez más del calibre del pirateo de agua– y posteriormente se amplió a 20. Eso sí, en la actualidad sólo se pueden aprovechar 7, ya que para poder disponer de la totalidad primero hay que desdoblar el túnel de San Silvestre, una infraestructura a la que tras años de espera se le dio luz verde el pasado mes de octubre y que no estará operativa hasta al menos 2025. Buena parte de estos recursos llegarán entonces a Almonte, donde se calcula que unas 2.000 hectáreas de cultivos pasarán de usar aguas subterráneas a superficiales.

Junto a la de El Fresno, la otra gran operación para eliminar captaciones del acuífero tuvo lugar en 2015, cuando el Estado compró por 50 millones de euros el cortijo Los Mimbrales en Almonte, para así retirar del cultivo 900 hectáreas de terreno que tenían unos derechos de riego de 6,8 hectómetros cúbicos anuales. En total, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (el organismo encargado de conceder los derechos de riego) calcula que en los últimos años se han eliminado casi 15 hectómetros cúbicos de bombeos, lo que ha permitido aliviar una presión sobre el acuífero que no es suficiente dado su mal estado y el nivel de sobreexplotación que sufre.

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