Por qué las aulas andaluzas le cierran las puertas al Gobierno de PP y Ciudadanos: claves del conflicto con la concertada

El Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos se ha adentrado esta semana en un terreno pantanoso: una huelga en la enseñanza respaldada por los sindicatos de profesores, las asociaciones de padres de alumnos y varios colectivos de estudiantes. Una huelga en un sector que afecta a más de 100.000 funcionarios docentes y 1,6 millones de alumnos es un asunto de alto voltaje que puede hacer tambalearse a un Gobierno. La razón de las movilizaciones es el nuevo decreto de escolarización, aprobado el pasado lunes en el Consejo de Gobierno.

Los convocantes ven en esa norma un riesgo de privatización progresiva de la escuela andaluza, dado que “discrimina positivamente” las matriculaciones en centros concertados en detrimento de los públicos. A la larga, dicen, un aumento de las matrículas en escuelas concertadas puede vaciar las aulas en las públicas y ofrecer a la Junta el pretexto para cerrar unidades y prescindir de profesores interinos. Miles de trabajadores de la pública pueden perder su trabajo, advierten, mientras crece el profesorado de las escuelas privadas (contratados a dedo y sin pasar por un concurso oposición). ¿Cuánto de cierto tienen estas denuncias?

Prioridad: “La demanda social”

El temor ante este escenario es legítimo, pero la respuesta no está en el decreto de escolarización que ha motivado la huelga, sino en la voluntad política del Gobierno de PP y Ciudadanos -expresada públicamente por el presidente, Juan Manuel Moreno, y por el consejero de Educación, Javier Imbroda,- de adaptar progresivamente la oferta de plazas a la demanda social de las familias. Se trata de planificar el reparto de puestos escolares atendiendo a criterios políticos, y no sólo a la racionalización de los recursos públicos: la prioridad ahora, subraya la Junta, es responder a lo que pidan los padres: “la libertad de elección de centro”.

Ese matiz, blindado en la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) del Gobierno de Mariano Rajoy, es la gran frontera ideológica entre el modelo educativo del PP y el del PSOE. La ley básica prioriza la “demanda social” a la hora de planificar la oferta de plazas, un criterio defendido históricamente por la Iglesia -el 90% de los concertados andaluces son católicos- y que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha propuesto derogar con respaldo de una mayoría parlamentaria que también quiere tumbar la LOMCE. Ahí está una de las claves.

El nuevo decreto andaluz, por sí mismo, no inclina decisivamente la balanza hacia el modelo del PP. Sin embargo, la huelga de la comunidad educativa se anticipa a las consecuencias más allá del decreto. El discurso político de la Junta, esa machacona referencia a la “libertad de elección de centro”, puede generar expectativas en muchas familias que la nueva normativa en sí no podrá colmar. La matriculación siempre va a chocar con el muro de la oferta y la demanda, porque las escuelas concertadas son limitadas. Pero el afán por liberalizar el mercado educativo que promulgan PP y Cs traslada a los padres la idea (errónea) de que ahora sí pueden optar a centros concertados.

En realidad sus opciones no van a aumentar mucho más, pero sí sus expectativas, de modo que la Junta está estimulando una corriente de opinión que puede derivar en un aumento de las matrículas en este tipo de escuelas. Este dato se conocerá a partir del 31 de marzo, cuando haya terminado el proceso de escolarización, y entonces el consejero Javier Imbroda tendrá que decantarse por una de las dos frases que ahora repite: O bien: “Este Gobierno no tiene intención de abrir más líneas en la concertada”. O bien: “Este Gobierno responderá a la demanda social de las familias”. 

El debate de la concertada: cargado de tensión

La escolarización en el segundo ciclo de Infantil -voluntaria y gratuita- se da cuando el niño cumple los tres años. Ese momento es crucial para las familias porque eligen un colegio donde su hijo pasará entre nueve y 13 años. Y es importante no sólo porque eligen el tipo de educación que recibirán los críos; también porque afectará directamente a la conciliación de su vida laboral. Por eso, la cercanía al domicilio familiar y al trabajo, o tener hermanos ya matriculados en una escuela son criterios prioritarios en el baremo para lograr plaza.

Este asunto es de extrema sensibilidad para la sociedad, pero la dicotomía entre escuelas públicas y privadas concertadas afecta a un porcentaje residual de la población andaluza. Un universo mínimo, pero cargado de tensión política y muy propicio para la polarización ideológica entre derechas e izquierdas. Ese esquema mental en el que los hijos de la izquierda van a la pública y los hijos de la derecha van a la privada concertada -más del 80% católicos- es reduccionista, y no hay estudio que lo corrobore. Pero negar que en la apuesta por la educación privada concertada existe cierto darwinismo social es iluso. La lucha de muchos padres por matricular a su hijo en un colegio concertado concreto, con cierto prestigio social, persigue algo más que la calidad educativa: busca garantizarle al niño un hueco en un estrato social acomodado. Y en ese forcejeo -que a veces acaba con denuncias entre familias en los juzgados- no hay distinción entre padres de izquierdas y de derechas.

Esto no es nuevo. En los últimos 15 años, el Ejecutivo andaluz socialista cambió repetidas veces algunos aspectos del decreto de escolarización, haciendo ajustes puntuales para adaptar el sistema de reparto de plazas públicas y privadas a la natalidad, al desplazamiento poblacional y también a la demanda social. El decreto y las demarcaciones administrativas que determinan dónde matricular a los hijos son normas maleables, que sirven un año, pero pueden no servir el año siguiente. Porque la población crece o decrece cuando las ciudades crecen o decrecen. Pero sobre todo, porque la población se mueve, se desplaza, ocupa otros barrios de nueva construcción donde a veces aparecen promociones inmobiliarias antes que escuelas. 

La realidad andaluza

No es un debate de blancos y negros y, sin embargo, en todos estos años ha habido una pauta común: nueve de cada diez familias andaluzas logran escolarizar a su hijo en el colegio que han elegido como primera opción en su solicitud de matrícula. Actualmente, según datos de la Consejería de Educación, el 93% entra en la primera escuela elegida (hasta el 97% si contamos la segunda opción). Este dato estrecha muchísimo el marco del debate y el revuelo que se ha desatado esta semana. Y no es el único: el 82% de los municipios andaluces no tiene colegios privados concertados, por una razón demográfica (el 80% de la población andaluza se concentra en las capitales y grandes urbes). Pero también porque la apertura de centros semiprivados depende de empresas que se rigen por criterios de rentabilidad. Y los pueblos y barrios de menos renta no resultan tan rentables. 

El decreto no cambia significativamente la situación

¿Dónde está el problema que viene a solucionar el nuevo decreto? La viceconsejera de Educación, María del Mar Castillo, explicó el viernes en Canal Sur televisión que el cambio que introduce la norma para acercar la oferta de escuelas concertadas a las familias es más teórico que real. En la práctica su efecto será muy relativo. El decreto asignará un colegio privado concertado a todas las familias que residan en un distrito escolar donde ahora no haya oferta concertada. ¿Dónde se da esa circunstancia? Según datos de la consejería, el 90% de los casos de padres que solicitan un colegio concertado y no logran plaza a la primera se concentra en los barrios de mayor renta de las grandes ciudades andaluzas, principalmente en Sevilla y Málaga, que son las más pobladas.

En estas ciudades sí existe oferta de escuelas concertadas, de modo que el nuevo decreto no cambia la situación de esas familias. Volverán a solicitar plaza en una escuela de su barrio y, si la demanda vuelve a superar a la oferta, volverán a someterse al sorteo de plazas y tendrán que competir con otros niños según los puntos que les asigne el baremo que usa la consejería para estos casos: tener hermanos ya matriculados en el centro, tener a sus padres trabajando allí, el nivel de renta, algún grado de discapacidad, haber estado matriculado en una escuela Infantil de 0 a 3 años.

El sorteo y el baremo

En el sorteo y en el baremo se han concentrado siempre las protestas de los padres que no consiguen el colegio que quieren. Antes de que se aprobase este decreto, la libre elección de centro educativo -el mantra que repite machaconamente la Junta- chocaba con la ley de oferta y demanda de plazas. Y después del decreto, seguirá chocando con esa limitación. “Los colegios no son chicles”, solía decir un ex consejero de Educación socialista. “No hay norma que garantice plaza para todos si 30.000 niños piden el mismo colegio”, dice ahora la viceconsejera de Educación.

Pese a todo, la escuela se ha vuelto a convertir en un campo de batalla política. El descontento de la comunidad educativo no nace sólo de los cambios en la escolarización. El profesorado reprocha a Imbroda la “falta de consenso y diálogo”. El discurso en favor de la concertación se mezcla con otras decisiones polémicas, como el plan piloto para fusionar colegios de Primaria e institutos Secundaria en las zonas rurales, un experimento donde los sindicatos ven “una clara intención de amortizar recursos y personal interino en centros públicos”. El otro incendio en la educación es el del colectivo de monitoras escolares, unas 1.300 trabajadoras subcontratadas por la consejería que asisten a menores con necesidades educativas especiales, y que están peleando para regularizar su situación laboral. Tienen paros convocados la última semana de febrero, previa al 28F (Día de Andalucía).

El PSOE tiene intención de apoyar la huelga educativa y sumarse a las movilizaciones del 4 de marzo. Pero el decreto de PP y Cs no difieren mucho de lo que hizo el Gobierno socialista en el pasado, entre 2007 y 2011, años en los que hubo un boom de la natalidad acompasado al boom inmobiliario. Años de movilizaciones de muchas familias que presionaban a la Administración educativa para que aumentase las unidades y la ratio escolar en los colegios concertados de más renombre.

En 2007, la Junta modificó el decreto de escolarización para adaptar la norma a esa demanda social, y el cambio fue un calco al que introduce este nuevo decreto. El artículo 8 de la norma socialista decía así: “Se delimitarán las áreas de influencia en cada provincia de acuerdo con la capacidad autorizada de cada centro docente y la población escolar de su entorno, teniendo en cuenta al determinar cada una de ellas que se pueda ofrecer a los solicitantes, siempre que sea posible, como mínimo, un centro docente público y otro privado concertado”. La aplicación de ese punto del decreto tuvo un impacto tremendo, porque la población escolar era mucho mayor. Entonces, adaptar la oferta a la demanda de plazas en algunos concertados no sólo provocó el cierre de unidades en la escuela pública, también precipitó el cierre de otros colegios concertados del barrio, con menos recursos y menos fama.

Todos los datos de escolarización son relativos y susceptibles de ser politizados. En Andalucía, globalmente, el 77% de las plazas ofertadas son públicas y el 23% son privadas concertadas. La diferencia es notoria con respecto a Madrid, por ejemplo, donde el 55% de la oferta es privada-concertada y el 45% es pública. Sin embargo, cuando ponemos el foco en las grandes urbes andaluzas, donde más se concentra la población escolar, el equilibrio cambia radicalmente: en Sevilla capital, el reparto entre pública y concertada es casi idéntico. En el Casco Antiguo de la capital andaluza, uno de los más extensos territorialmente de España, hay 18 colegios privados concertados frente a cinco públicos.