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“Incumplimientos, engaños y esfuerzo baldío”: Vox irrumpe en el segundo tramo de mandato arremetiendo contra el Gobierno andaluz de PP y Cs

Juan Marín (Ciudadanos), Juanma Moreno (PP) y Alejandro Hernández (Vox), en el Parlamento andaluz.

Daniel Cela

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“Violación de los acuerdos suscritos”; “compromisos políticos incumplidos o sin ejecutar”; se aprueban de ayudas a autónomos y pymes que son “paguitas”; se aprueba planes de empleo que suponen “un esfuerzo baldío”; el anuncio de la eliminación de la subasta de medicamentos es un “burdo engaño”, fruto de “posibles acuerdos secretos e inconfesables” con las farmacéuticas; “el nombramiento de altos cargos en las delegaciones provinciales a coste cero es incierto”, y algunas de las personas designadas tienen una “dudosa trayectoria profesional” para el puesto que van a ocupar...

Vox ha irrumpido en el segundo tramo de la legislatura marcando un perfil mucho más hostil con el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos al que sostiene con sus votos, con el apoyo a la investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla, dos acuerdos políticos con medio centenar de medidas y tres pactos presupuestarios. Casi a las 24 horas de aprobar las cuentas autonómicas de 2021, dotadas con 40.200 millones de euros, y allanando la estabilidad política hasta final del mandato, el partido de Santiago Abascal empezó a torcer el gesto y a acumular una lista de agravios de sus socios en el Gobierno, distanciándose de ellos con la mirada puesta a las próximas elecciones andaluzas. Les acusan de “traición” al cacareado cambio de ciclo político, y de dar continuidad a los “vicios” de la era socialista.

Las urnas están previstas para diciembre de 2022, Moreno asegura que no es su intención adelantarlas, pero en su círculo cada vez hay más voces que le piden convocarlas antes de que la crisis económica de la pandemia se haga sentir violentamente entre la población andaluza. “Mi intención es no adelantar, salvo que pierda los apoyos parlamentarios”, advierte el presidente andaluz.

En teoría el Parlamento andaluz retoma su actividad ordinaria en febrero, porque enero es un mes inhábil. Pero el avance acelerado de los contagios –casi 7.000 en las últimas 24 horas– ha alterado el calendario previsto. Los dos grupos de izquierdas en la oposición –PSOE y Adelante Andalucía– han forzado la celebración de un pleno extraordinario la semana que viene para obligar al Ejecutivo autonómico a rendir cuentas de su gestión de la pandemia, en plena tercera ola y tras haber endurecido las restricciones a la movilidad y el cierre de la actividad económica dos veces en una sola semana. La iniciativa de la izquierda fue secundada de inmediato por Vox y su nueva estrategia de tensión al Gobierno de PP y Cs.

Casi a las 24 h de aprobar las cuentas autonómicas de 2021, y allanando la estabilidad política hasta final del mandato, Vox empezó a acumular una lista de agravios de sus socios, distanciándose con la mirada puesta en las próximas elecciones andaluzas.

En la lista de dardos que ha lanzado este miércoles el portavoz parlamentario, Alejandro Hernández, aparecían un puñado de recriminaciones al departamento de Salud y a su consejero, Jesús Aguirre, al quien exigen que “asuma responsabilidades”. “Ha habido falta de previsión en el plan de vacunación”, que se ha presentado 16 días después de que llegasen las dosis de Pfizer a Andalucía; hay “listas negras y coactivas de ciudadanos” por negarse a recibir la vacuna de la Covid–19; se aprueban restricciones a la hostelería “sin un informe solvente que lo avale”; se propone “medidas para ventilar las aulas de los colegios sin ningún criterio técnico o científico”; se están sufragando con dinero público cursos absurdos sobre igualdad de género“...

Los populares han logrado apaciguar el ánimo de sus socios de ultraderecha para que el pleno extraordinario de la semana que viene no les estalle en la Cámara. Para ello, han presentado la solicitud de otro pleno, añadiendo la comparecencia del consejero de Presidencia, Elías Bendodo, al que Vox quiere preguntar sobre la destitución del jefe de informativos de Canal Sur Televisión, que consideran “un chantaje” de unas reivindicaciones sindicales de tintes “pseudomafiosos”. PP, Cs y Vox firmaron el pasado diciembre un acuerdo para recortar 14 millones de euros al presupuesto de la RTVA –un 10% del total– y prohibir que se sustituyan las bajas por jubilación. Este acuerdo allanó la aprobación de los Presupuestos de 2021, pero también motivó una huelga de los trabajadores que dejó en negro la cadena el día de la Lotería de Navidad y el del debate final de las cuentas autonómicas. Poco después fue cesado el jefe de informativos, Álvaro Zancajo, al que parte de la plantilla acusaba de “injerencias políticas y falta de neutralidad” en las noticias, y cuyo nombramiento había sido muy aplaudido por Vox.

La formación de Santiago Abascal no se ha tomado nada bien la destitución de Zancajo, ve detrás “otro incumplimiento de los acuerdos suscritos” con el Gobierno andaluz. Este asunto es “la gota que colma el vaso”, pero en la lista de agravios enumerados por Hernández para reabrir el ciclo político este miércoles hay bastantes más: Vox acusa a la Junta de mentir al presentar por todo lo alto “el fin de la subasta de medicamentos”, un sistema de adquisición de fármacos heredado del anterior Gobierno socialista, que el PP prometió eliminar si llegaba al poder.

“La puesta en escena para anunciar el fin de la subasta de medicamentos fue un burdo engaño. La norma a día de hoy es estrictamente la misma que llevó a protestas generalizadas de aquellos que participaron en el acto de presentación con Moreno Bonilla”, dice Hernández, en alusión al sector farmacéutico, que ha aplaudido la nueva fórmula para la compra de medicamentos de la Junta, muy similar a la puja anterior. “No sabemos qué fuente mágica, qué pócima usaron en San Telmo para que esos que protestaron en su día salieran encantados. Si ha habido acuerdos secretos e inconfesables, lo desconocemos”, añade.

También ha causado mucho enojo a Vox que el Gobierno andaluz haya ampliado el número de sus altos cargos con 16 nuevos nombramientos en las delegaciones territoriales, ratificados en Consejo de Gobierno este martes. Estas designaciones se anunciaron apenas tres días después de que PP y Cs firmaran un nuevo acuerdo político con la ultraderecha –previa a la aprobación del Presupuesto de 2021– que se comprometía a reducir el número de puestos de libre designación en la Administración periférica. Los populares y la formación naranja habían prometido reducir esta plantilla cuando el PSOE gobernaba, pero una vez en el poder cambiaron de parecer, argumentando que todos los nombramientos se harían “entre el personal funcionario y sería a coste cero”, en palabras del vicepresidente y líder regional de Cs, Juan Marín.

La primera que censuró públicamente esta promesa, “porque no es verdad”, fue la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, en disputa interna y cada vez más tensa con Marín. Luego han sido los propios diputados de Vox quienes han afeado a la Junta que hayan incumplido un compromiso escrito. “Eso de que iba a ser a coste cero y sólo con funcionarios es algo incierto. Han usado como subterfugio el nombre de coordinadores, pero son nuevos cargos políticos, y algunos con una dudosa trayectoria profesional que no les avala para el puesto que van a ocupa”, ha recalcado Hernández, para denunciar la “violación de los acuerdos suscritos”.

“Cosas más esenciales”

En la lista de agravios que ha contabilizado Vox, en una comparecencia más extensa de lo habitual, ha ocupado un papel central los reproches a la Consejería de Igualdad y las políticas contra la violencia de género. El grupo de Abascal abomina de la campaña contra los juguetes sexistas que ha impulsado la Junta estas fiestas navideñas y vuelve a acusar al departamento de Ruiz que disponga de “medios suficientes para sufragar cursos absurdos sobre nuevas masculinidades y contra la violencia de género”. “Si tenemos dinero para estas cosas podemos detraerlo de ahí para dedicarlo a cosas más esenciales”, apunta Hernández.

La crítica de Vox también ha irrumpido en los asuntos económicos, que es donde más coincidencia suele haber con los socios de Gobierno. Esta vez, sin embargo, la ultraderecha ha despreciado las ayudas finalistas a autónomos y pymes, sobre todo en el ámbito de la hostelería, para amortiguar los estragos de la pandemia en el sector. “Esto no es sino un sistema de paguitas que no nos gustan. Estas actuaciones, como ocurrió con el plan Aire, son un esfuerzo baldío, se gasta mucho recurso público pero no se acometen las reformas estructurales”, concluye Hernández, que afea a la Junta que haya limitado el horario de apertura de la hostelería “sin un informe solvente que demuestre que el aumento de contagios se está dando en bares y restaurantes”.

Andalucía acaba de cruzar el ecuador de la legislatura y la aprobación del Presupuesto de 2021 despeja el mandato de Moreno Bonilla hasta final del mandato. El control de la pandemia y la extensión de la vacuna con el objetivo de inmunizar al 70% de la población antes del próximo otoño van a marcar el calendario político. Vox ha empezado a marcar distancias de PP y Cs, y el presidente andaluz tiene intención de hacer lo mismo, siempre con un movimiento táctico que no ponga en peligro el bloque de derechas, que está llamado a renovar su alianza tras las próximas elecciones para evitar que el PSOE recupere el poder. Ese es el pegamento básico de la triple alianza conservadora y ninguna fisura interna es suficientemente profunda como para desviarles de su objetivo.

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