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La Junta de Andalucía añade otro “agravio” del Gobierno de España en la crisis de la COVID por no ser propuesta para evitar el veto turístico de Reino Unido

Turistas llegando al aeropuerto de Málaga tras la cuarentena impuesta por Reino Unido

Javier Ramajo

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La Junta de Andalucía ha sumado a la lista de los “agravios” lo que considera una nueva desconsideración del Gobierno de España durante la crisis de la COVID-19. PP y Ciudadanos, con la connivencia de Vox, lamentan que la comunidad autónoma no quede hipotéticamente exenta de la cuarentena aprobada por el Reino Unido para las personas que regresen de nuestro país y, sobre todo, que el Ejecutivo central solo haya hablado de las islas Baleares y de las islas Canarias como posibles excluidas del veto turístico. Es el último enfrentamiento de Junta y Gobierno durante la pandemia, que ha derivado de asuntos directamente relacionados con la misma, como las mascarillas, a otras más centradas en el punto de vista más económico, como el reparto del 'Fondo COVID-19' o como esta última del turismo, en este caso concreto, del británico.

Y es que la derivada del turismo siempre ha estado en la preocupación de los dirigentes de la Junta, que miraban con miedo la cercanía del verano cuando arrancó la crisis y ahora ven como unos de sus visitantes más fijos (Reino Unido es el principal mercado internacional de Andalucía, con un 24% de cuota de mercado, según la última encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística) puede alejarse definitivamente cuando la “nueva realidad” parecía afianzarse en las terrazas más al sur de Europa. Hasta en inglés se lo ha trasladado el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, al primer ministro británico, Boris Johnson, para que reconsiderara su postura, promocionando Andalucía como “destino seguro”, con imágenes aéreas de una playa de Chipiona, en la costa de Cádiz. Reino Unido, por contra, ha endurecido en las últimas horas su posición, conminando a sus compatriotas a no viajar a España, ni tan siquieras a las islas.

Pese a que el embajador del Reino Unido en España, Hugh Elliot, aseguraba este lunes que “hoy por hoy” la cuarentena de 14 días que su Gobierno ha decretado para los viajeros procedentes de España afecta a todo el territorio nacional, de manera que no habría ni corredores ni excepciones con las Islas Canarias y Baleares, los turoperadores británicos TUI y Jet2 mantendrán sus vuelos a ambos archipiélagos. Con todo, dirigentes del PP y de la Junta han salido en tromba contra el Gobierno de Pedro Sánchez por no incluir a Andalucía entre las comunidades que pudieran quedar hipotéticamente exentas de la cuarentena británica y en demanda de ser corredor aéreo seguro con Reino Unido. “Estaban mejorando y creciendo mucho las búsquedas y reservas de turistas británicos en las últimas semanas y esta nueva cuarentena nos devuelve a la casilla de salida”, resumió Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga, capital de la Costa del Sol, donde el turismo británico fue creciendo en 2019 pese a la incertidumbre del Brexit.

Un “trato discriminatorio”, ha dicho el consejero de Turismo y vicepresidente andaluz, Juan Marín. Un millón de euros gastó su departamento en los dos últimos meses del pasado año, cuando el coronavirus era solo una lejana cuestión china, en acciones de promoción para reforzar el turismo del Reino Unido. La “nueva patada”, según el portavoz de la Junta, el malagueño Elías Bendodo, se une a otras que, según la Junta ha venido padeciendo la comunidad que gobiernan en coalición PP y Ciudadanos desde que el coronavirus se introdujo en la gestión política.

La precedente también fue económica, aunque no relacionada con el turismo. El reparto del 'Fondo COVID-19' hizo que el Gobierno de Moreno se quejara de que el principal criterio de reparto de los 16.000 millones contra el coronavirus fuera el número de contagios, que beneficiaba a Madrid, y pedía primar más el criterio poblacional. Andalucía recibirá 597,6 millones de euros, un 9,96% del total, pero reclamaba el doble. Denunció la Junta que había sido “discriminada” frente a las dos comunidades que más fondos reciben: Madrid y Cataluña, que acaparan el 45% de las ayudas pero también suman el 50% de los contagios y las muertes por el coronavirus en toda España.

Las mascarillas, motivo de conflicto

Anteriormente, en los comienzos de esta crisis mundial, la falta de mascarillas abrió una brecha entre la Junta de Andalucía y el Gobierno tras la intervención de una fábrica de Jaén. El Ministerio de Sanidad, en aquel conflicto, acusó al Gobierno andaluz de Andalucía de ocultar el suministro directo de mascarillas desde Jaén. “La Comunidad de Andalucía no había informado oficialmente al Ministerio de Sanidad de que está empresa le estaba suministrando material, cosa que debería haber hecho”, denunciaron desde el Ministerio.

Un “agravio” muy comentado durante semanas fue la decisión del Ministerio de Sanidad de hacer esperar a Málaga y Granada para pasar a la fase 2, que hizo que la comunidad avanzara desacompasada durante unas fechas en la ya superada desescalada. Incluso el consejero andaluz de Salud y Familias, Jesús Aguirre, pidio al ministro Salvador Illa una “rectificación urgente”. Todo quedó olvidado más tarde, confiando la Junta en que igual suerte corra su reivinidcación ahora de que la comunidad también pueda resultar exenta del veto turístico impuesto por Reino Unido a los visitantes que acudan a nuestro país.

Aunque no todo han sido desavenencias directas entre Junta y Gobierno central durante la crisis de la COVID-19. Ambas administraciones tropezaron en la misma piedra al comprar a la misma empresa china los test rápidos que luego resultaron defectuosos. El Ministerio de Sanidad adquirió las pruebas antes y, después de que un informe oficial revelara los fallos y se anunciara la devolución del material a China, la Junta anuló su pedido. El problema es que el Ejecutivo andaluz ya había anunciado la adquisición de 60.000 test y que, al ser preguntado por la compra fallida del Ministerio, aseguró que no se trataba del mismo proveedor y ocultó la paralización de la compra.

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