La Junta de Andalucía tendrá que rehacer los pliegos para contratar monitores de educación especial a precio del mercado
El Tribunal Contractual de la Junta de Andalucía se ha pronunciado en contra de varios pliegos para contratar a los monitores de educación especial en la escuela pública, después de los recursos presentados por empresas en Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla que ven “inasumible” poder prestar este servicio cuando se oferta a un precio “muy por debajo del mercado” y que no permite llegar a los salarios fijados en el convenio colectivo del sector.
En la resolución, contra la que sólo cabe recurso en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), se asumen los cálculos de los recurrentes y se considera que “no existe apenas margen para cubrir los gastos necesarios y así garantizar la correcta ejecución” del servicio, “máxime teniendo en cuenta que el factor humano es un elemento esencial en este contrato”. Por ello resuelve “anular los pliegos y retrotraer las actuaciones para fijar un precio de licitación acorde a las circunstancias del mercado”. Esto obligará a la Consejería de Educación a volver a sacar los pliegos y de manera urgente, dado que la contratación va de noviembre a noviembre.
Ya el sindicato CCOO-A denunciaba a comienzos de este año que los efectos de la externalización de servicios por parte de la Junta de Andalucía están derivando “en u incremento de la precariedad laboral”. De hecho, se da la circunstancia de que en estos momentos hay contratados como personal laboral de la Junta de Andalucía 726 monitores, mientras que otros 902 los son a través de externalizaciones y con unas condiciones laborales mucho peores -cobran apenas cuatro euros a la hora- cuando hacen el mismo trabajo.
La diputada del PP-A, Patricia del Pozo, preguntará este jueves en el pleno del Parlamento de Andalucía cómo piensa la Consejería de Educación resolver este problema, “cuando el propio Tribunal Contractual de la Junta de Andalucía reconoce que ha estado contratando todos estos años casi un 20% por debajo del coste del servicio”. Ha recordado también que en comisión parlamentaria se aprobó una proposición no de ley (PNL) para obligar a la administración a revisar los precios para la prestación, “pero la Junta de Andalucía sacó a los 28 días la licitación en las mismas condiciones”.
“Desde 2006, cuando se privatizó este servicio, vemos las condiciones penosas e inasumibles en la que trabajan los profesionales contratados vía externalización frente al personal laboral. Por tanto, un mismo grupo con la misma labor pero en condiciones de tremenda desigualdad”, ha continuando, para criticar, entre otras cosas, que en el pliego se permita contratarlos “como cuidadores para bajarle de categoría”, lo que hace que ganen entre 300 y 400 euros por mes.
