La política está para resolver los problemas de los ciudadanos, no para crearlos ni agravarlos. También está para gestionar asuntos de interés general buscando los consensos necesarios cuando hay grupos con intereses diversos e incluso enfrentados.
El asunto del lobo es ejemplo de cómo un tema complejo y polémico puede exacerbar el conflicto entre los grupos implicados (ganaderos y conservacionistas) si no se gestiona mediante la cooperación. Analicemos los elementos que componen el escenario del conflicto y veamos si hay o no posibilidades de encontrar soluciones consensuadas.
Hay un atinado proverbio que dice que es más fácil gestionar intereses que creencias. Y no le falta razón, ya que los intereses pueden cuantificarse y negociarse transformando un conflicto “suma cero” en otro “suma positiva” (win-win) si las partes están dispuestas a renunciar a algo a cambio de obtener todas ellas algún beneficio. Eso ocurre en las negociaciones salariales, o incluso en las negociaciones políticas, y es lo habitual en las negociaciones de carácter económico.
Con las creencias es diferente, ya que no se fragmentan ni cuantifican, sino que se aceptan en su totalidad. En temas de medio ambiente es habitual la existencia de creencias, ancladas en tradiciones, leyendas y saberes, que se aceptan como verdades y que son movilizadas desde compromisos éticos y morales. En torno a cada creencia surge un halo de conocimiento que sus fieles consideran verdadero, y que es excluyente respecto a otras. Por eso, el sociólogo Salvador Giner calificó el compromiso por el medio ambiente como una “religión civil”, por su similitud con las creencias religiosas. El conocimiento verdadero que emana de ellas es muy difícil de contrarrestar ni siquiera con la información que brota de la ciencia. Las creencias de esta naturaleza suelen ir acompañadas de un activismo militante con el objetivo de defenderlas como si de un fortín asediado se tratara.
Recientemente, el tema del lobo se ha situado en el centro del debate público, al menos en lo que respecta al sector ganadero y al movimiento conservacionista. También en lo que se refiere a las relaciones entre los dos ministerios implicados: el MAPA (Agricultura, Pesca y Alimentación) y el MITERD (Transición Ecológica y Reto Demográfico).
En ese debate pueden observarse dos creencias firmemente asentadas, si bien cada una de ellas con sus propias variantes. Simplificando el análisis, encontramos, de un lado, los ganaderos, que, por lo general, creen, y están convencidos, que la protección del lobo supone una seria amenaza para el ganado. Y de otro lado, los conservacionistas, que creen, y también están convencidos, de que el lobo es una especie en peligro de extinción, o al menos amenazada, que debe ser por ello incluida en la lista de especies silvestres en régimen de protección especial. Ambas partes se basan en informaciones más o menos parciales que seleccionan según sirvan o no para confirmar sus propias creencias.
Como suele ocurrir en la práctica, hay posiciones intermedias entre esos dos polos del debate: ganaderos que están a favor de la protección del lobo y que creen posible la coexistencia con este gran carnívoro; y conservacionistas que no lo consideran una especie en extinción, pero sí amenazada, y que abogan por una gestión integral de las poblaciones de lobo, no excluyendo recurrir a la caza para controlarlas en casos excepcionales.
De hecho, hay informes (como el de la UICN) que demuestran que, si bien el lobo es una especie amenazada, no está en peligro de extinción, habiendo incrementado su población en los veinte últimos años. Al mismo tiempo, otros informes demuestran lo contrario, dependiendo de donde se ponga el punto de mira y la región de referencia. También hay informes que indican que allí donde el lobo está incluido en la lista de especies protegidas no sólo no se produce un aumento de los daños contra la cabaña ganadera, sino que hasta puede regularse mejor su población que allí donde se considera especie cinegética.
El último documento de la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de Mamíferos (SECEM) publicado el pasado 19 de febrero se hace eco de esta confusión, reclama una mayor clarificación y alerta del riesgo que supone aprobar programas de protección no consensuados. En dicho informe, la SECEM indica, además, que el límite del Duero como divisoria entre zonas donde es especie cinegética y donde no lo es, “carece de sentido hoy”, ya que se refiere a una época (hace treinta años) que no se corresponde con la situación actual de la extensión del lobo en la geografía española. Por eso, la SECEM considera una buena noticia que la gestión del lobo sea reactivada y afrontada a escala nacional desde el MITERD.
Dada la evidente complejidad de este asunto, y los sentimientos, prejuicios y malos entendidos que confluyen en este debate, el reto consistiría en convertir las creencias en intereses y empezar a negociar sobre ellos. En el caso del lobo, sería lograr que las creencias asentadas en ambos lados del debate se fueran diluyendo para, sin renunciar a ellas, salir al menos del terreno de las emociones y adentrarse en el de las razones, transformándolas en intereses susceptibles de ser negociados. Aportemos algunas ideas.
En primer lugar, habría que considerar como punto de partida que la protección del lobo es un objetivo que se marcan los grandes organismos internacionales, al igual que se hace con otros grandes mamíferos, y que España no puede estar al margen de ello. Por lo tanto, no es una opción, sino una obligación.
En segundo lugar, sería necesario y urgente revisar los actuales informes sobre el lobo por reconocidos expertos científicos, con objeto de evaluar la actualidad, el rigor y la veracidad de la información que circula respecto a su población y al riesgo real de extinción en determinadas áreas.
En tercer lugar, sería también necesario actualizar los daños reales provocados por el lobo sobre la cabaña ganadera, evaluando las circunstancias que hacen que sus ataques tengan como resultado daños irreversibles en el ganado (por ejemplo, el estado de las defensas de los rediles, la eficacia de los sistemas de alerta, la presencia de mastines bien adiestrados…) y comprobando, además, si esos daños son realmente causados por el lobo o por otros depredadores.
En cuarto lugar, sería perentorio generar sinergias entre ganaderos y conservacionistas en foros participativos de encuentro y debate, al estilo de los que promueve la plataforma europea de los grandes carnívoros, y que en España viene llevando a cabo el grupo Campo Grande con presencia de expertos, dinamizadores y profesionales de la mediación. En esa misma línea cabe destacar el documental “¿Convivencia? Ganadería y lobos”, patrocinado por la organización agraria UPA.
En quinto lugar, sería conveniente abordar el tema del lobo como un programa de gestión integral a escala nacional, en el que su inclusión en el listado de especies protegidas no excluya la posibilidad de actuar contra él para reducir su población en caso de que se superasen determinados umbrales. Tal programa debería hacerse también con la implicación del MAPA y de las consejerías de agricultura de las CC.AA., incluyendo acciones formativas de los ganaderos en materia de prevención y defensa frente al lobo, además de ayudas públicas específicas para financiar las inversiones que fuesen necesarias en las explotaciones.
Fruto de esa dinámica de cooperación y racionalización, las creencias sobre el lobo podrían transformarse en intereses cuantificables y negociables. Del lado de los ganaderos se podría cuantificar el coste de las citadas medidas de prevención, el valor económico de los daños si los hubiere y las correspondientes indemnizaciones, que deben ser de rápida ejecución. Y del lado de los conservacionistas, se podrían impulsar desde el poder público nuevas investigaciones que actualicen la información sobre las poblaciones de lobo y que permitan encontrar el umbral que sería deseable desde el punto de vista de la conservación.
Todo eso lleva su tiempo, ya que la cultura cooperadora no se puede improvisar ni la confianza construirse en cuestión de días. El poder público debe evitar la confrontación e impulsar la cultura cooperadora buscando la colaboración de las organizaciones ganaderas y de las asociaciones conservacionistas de defensa del lobo. Por eso, una acción coordinada entre el MAPA y el MITERD sería deseable.
Hay que tener en cuenta que, en las políticas ambientales, no basta con los buenos deseos, sino que hay que ser eficaces a la hora de diseñar los programas de actuación si se quiere alcanzar los resultados esperados. Sin consensos será muy difícil lograr el objetivo de la protección de un animal con tanta carga simbólica y emocional como el lobo. Por eso sería un error aplicar “desde arriba” una política como ésta de protección del lobo, que, tal como se ha demostrado en el modo tan ajustado como se acordó la propuesta dentro de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, no cuenta con la aquiescencia de las CC.AA. donde vive la práctica totalidad de los lobos en España.
Tampoco cuenta con el apoyo de un sector, como el ganadero, que se ha unido en contra de ella y que está dispuesto a emprender movilizaciones de protesta de consecuencias políticas imprevisibles. No puede olvidarse que el sector ganadero está sometido a una grave crisis de rentabilidad como consecuencia de la pandemia y la volatilidad de los precios de sus productos, y que se siente “despreciado y ninguneado” por otros sectores de la sociedad (agribashing). Por eso hay que ser cautos con este asunto, pues se podría ir de las manos si no se aborda con la prudencia y el temple necesarios, y ser caldo de cultivo de los populismos rurales.
La inclusión del lobo en la lista de animales en régimen de protección especial puede esperar hasta que los poderes públicos dispongan de información rigurosa sobre su situación real y hasta lograr el consenso adecuado entre ganaderos y conservacionistas. Es deber del poder público facilitar la cooperación, no exacerbar la confrontación.
Tampoco es un asunto que debiera demorarse sin límite, por lo que sería conveniente que el MITERD “parara el reloj” y estableciera un plazo razonable (por ejemplo, un año) para la aprobación de la orden ministerial, abriendo así una nueva dinámica en busca de un consenso hoy inexistente. La importancia del tema merece el esfuerzo de impulsar una cultura de cooperación, que sería muy necesaria en asuntos complejos como éste tan asentados en creencias milenarias y en posiciones ideológicas.
Los avances tecnológicos permiten establecer buenos sistemas de alarma, así como eficaces sistemas de protección de la cabaña ganadera para minimizar los daños. Asimismo, sería necesario que la actividad cinegética fuera valorada no sólo por su función recreativa, sino también por su contribución al control de las poblaciones de determinadas especies animales. Finalmente, habría que poner en valor lo que podría significar para algunos territorios la presencia controlada del lobo como atractivo turístico en los programas de desarrollo rural, como ha ocurrido con la conservación del oso pardo.
Sólo así, convirtiendo las creencias en intereses se podrían alcanzar consensos. No hacerlo, e imponer políticas de conservación como si de “trágalas” se tratasen, sólo conducirían a reacciones de protesta por parte de los ganaderos, y finalmente al fracaso de los objetivos planteados por dichas políticas. Un ganadero cabreado será siempre un cazador en potencia (con la escopeta, el veneno o el cepo), aunque se decrete oficialmente la prohibición de cazar al gran depredador que es el lobo.
Sobre este blog
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