Magdalena Álvarez vuelve a recurrir el auto de imputación en el caso de los ERE
La exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez ha vuelto a recurrir la decisión de la jueza Alaya de imputarla en el caso de los ERE, por segunda vez, después de volviera a prestar declaración el pasado 7 de noviembre. El recurso, según ha informado Cadena Ser Málaga, fue presentado por los abogados de la exministra el pasado lunes 11.
La imputada insiste en la indefensión a la que se ve sometida por la falta de concreción y de pruebas, también en este segundo auto y que motivó que la Audiencia de Sevilla revocara parcialmente la primera de las imputaciones. Otro de los abogados de Álvarez se basa en clarificar el ámbito competencial de los presuntos implicados en el caso, y en quién y en qué grado afecta a cada uno de ellos.
Otro de los pilares del recurso argumenta en concreto la falta de conocimiento por parte de la exconsejera de lo que podía estar ocurriendo, teniendo en cuenta que el primer informe del interventor se emite en 2005 cuando Magdalena Álvarez dejó sus responsabilidades como consejera en febrero de 2004.
Tanto la Audiencia Provincial como la Fiscalía Anticorrupción han puesto en duda alguna de las decisiones de la jueza en relación con la instrucción del caso a la vuelta de verano, principalmente respecto a la forma de imputar a la veintena de exresponsables de la Junta (la Audiencia está deliberando estos días precisamente sobre el recurso de la Junta) o la fórmula de pre-imputar a personas aforadas, entre ellos los expresidentes Chaves y Griñán. Alaya se defendió de éstas y otras cuestiones en un último auto de 31 de octubre en el motivaba la imputación de la exconsejera, la volvía a citar, pide “calma” para culminar la investigación, insiste en su tesis de la “maquinación colectiva”, niega que lleve a cabo una instrucción “espasmódica” y considera “inescindible” la mayor parte de la causa.
Según ha argumentado la jueza, la adopción del procedimiento de los ERE “al margen de la Ley” se iniciaría por la exconsejera “puesta de acuerdo con otros, en virtud del interés de la Junta de Andalucía de dar mayor agilidad a los procesos de ayudas sociolaborales, pretendiéndose como finalidad básica eludir el control de legalidad que significaba la fiscalización previa de la Intervención en los expedientes de subvenciones, que tantos reparos suspensivos había opuesto en expedientes pasados”. El “uso ilegal de fondos públicos” se permitiría “a sabiendas de que necesariamente iba a realizarse con absoluta discrecionalidad, y de forma totalmente opaca, incumpliendo los más elementales principios de actuación de la Administración consagrados en el Estatuto de Autonomía, como el de imparcialidad, transparencia y no discriminación”.
