El papel de Villarejo centra la atención del juicio sobre la presunta corrupción urbanística en Estepona

La sombra de Villarejo sobre el caso Astapa es tan alargada que a estas alturas se hace difícil recordar que el excomisario y sus presuntos socios no están acusados en este macrojuicio, que se celebra desde el pasado mes de enero ante la Audiencia Provincial de Málaga, y donde sí hay unos 50 encausados por presunta corrupción urbanística en la época del gobierno del PSOE (2003-2007). El papel del policía retirado en la investigación de la UDEF que en el verano de 2007 llevó a la detención del exalcalde socialista Antonio Barrientos y decenas de políticos y técnicos del ayuntamiento de Estepona sigue centrando la atención de las defensas, que han encontrado aquí un asidero. Intentan demostrar que el excomisario se valió de Astapa para intentar, al menos, tutelar el urbanismo esteponero. La Audiencia Provincial de Málaga ya anuló una parte de la investigación, cuestionando el origen del caso.

Este lunes, Diego de Lucas confirmó al tribunal que fue Villarejo quien le recomendó “en la Policía” para que le nombraran alto cargo de Urbanismo, algo que ocurrió justo después de que la UDEF desmantelara la corporación y David Valadez (compañero de Barrientos en el PSOE, y denunciante) fuera designado alcalde. Valadez ya había declarado ante el tribunal que José Luis Olivera, excomisario jefe de la UDEF y amigo íntimo de Villarejo, le sugirió el nombramiento de De Lucas.

El martes declararon Juan Carlos Escribano, socio de Villarejo según asuntos internos, y Cristina Rodríguez, la concejala del PSOE que, junto a David Valadez, denunció ante la UDEF en Madrid lo que estaba ocurriendo en Estepona. A pesar de que se está juzgando el bloque correspondiente a las licencias urbanísticas, la declaración de todos ellos ha girado en torno al papel de Villarejo en el origen del caso.

De Lucas, exgerente de Urbanismo: de una promotora a Estepona recomendado por Villarejo

Diego de Lucas, madrileño sin vinculación con Estepona, tenía 32 años cuando se vio de un día para otro comandando el urbanismo de la localidad costasoleña por obra de un policía. Villarejo era amigo de la familia de De Lucas, aunque en 2008 la relación era ya casi inexistente. Sin embargo, y según su testimonio, le llamó una tarde de verano de 2008, un par de meses antes de que la Policía interviniera el ayuntamiento de Estepona. “Me dice que me ha recomendado en la Policía”. Por aquel entonces, De Lucas trabajaba en una inmobiliaria.

En noviembre, recibe ya la llamada de David Valadez, nuevo alcalde de Estepona, que es quien le hace la oferta para incorporarse como “gerente de Urbanismo”. Entre medias, Villarejo había presentado a De Lucas a José Luis Olivera, máximo responsable de la UDEF, que es quien sugirió su nombre a Valadez, según testificó este último. La sucesión de hechos descrita por De Lucas corrobora la participación de Villarejo en su designación como hombre de confianza de Valadez para asuntos urbanísticos, con la intermediación de Olivera.

Siendo el gerente de la Empresa de Planificación y Desarrollo Urbanístico de Estepona, De Lucas se reunió en numerosas ocasiones con Villarejo, que tiene medio centenar de propiedades inmobiliarias en el municipio, hoy embargadas por la Audiencia Nacional. Villarejo aprovechó para grabarle mientras le proponía acelerar o retrasar trámites urbanísticos. En una de esas grabaciones le dice: “Dale ya la licencia a mi tronco, a Juan Carlos [Escribano], maricón, que tiene ahí la oficina, macho, que quiero meterme yo ahí en la oficina con él y vender pisos”, a lo que De Lucas le replica: “Vale, vale, ahora hablamos”.

De Lucas asegura que se limitaba a asentir, sin ejecutar luego sus instrucciones. “Lo único que hacía era seguirle la corriente y luego no hacía nada”, explicó. “Todo era muy confuso con él. Yo le daba largas, porque no entendía de qué hablaba, y ahora me he dado cuenta de cuándo me grababa”, dice ahora De Lucas, que asegura que el comisario le llamaba con distintos teléfonos y con diferente humor con minutos de diferencia. Además, el comisario le había pedido que colaborase con la Policía, de modo que De Lucas no tenía muy claro el uso que se hacía de la información que él le suministraba.

De Lucas, que dejó el cargo en 2011, se presentó ante el tribunal como víctima del excomisario. Años después, en 2015, volvió a relacionarse con él. Fue a visitar a su hijo, de quien dijo ser amigo, y la mujer del excomisario le pidió “como un favor” si podía figurar como administrador de Sensible Code, S.L., una entidad que controlaba la web Información Sensible. “Me dice que ha dimitido el administrador [el periodista Daniel Montero] y si me puedo poner un par de meses. Si lo llego a saber no lo hago…”.

Mes y medio después, el 13 de marzo de 2015 El País titula: “Villarejo utiliza una página web de su entorno para ajustar cuentas”. “Yo no hacía nada ahí. Les dije [a Villarejo y su familia] que me quitaran y en 2017 les envié un burofax, pero es imposible”. De Lucas sigue figurando como administrador único de Sensible Code, S.L.

Juan Carlos Escribano, socio de Villarejo: “A mí Villarejo no me ha hecho ningún favor”

La declaración de De Lucas apuntala la tesis de que Villarejo intentó, al menos, aprovechar la Operación Astapa en beneficio propio, aunque no despeja la incógnita de si lo consiguió. En la jornada del martes, Juan Carlos Escribano, su socio en el municipio, lo negó y calificó esas hipótesis de “patraña”. Escribano vendió a Villarejo varias viviendas y locales en el Mirador de la Cala, una promoción que no obtenía la licencia de primera ocupación de la corporación de Barrientos. Después, se convirtió en su socio en empresas de salud (CENYT) y del sector agrícola. Está investigado en el caso Tándem y un informe de Asuntos Internos de la UDEF lo señala como socio “de tercer nivel” del excomisario.

Escribano juega un papel relevante en Astapa porque en octubre de 2008 declaró (ante la Policía y luego en el juzgado) haber recibido presiones para pagar a cargos públicos del ayuntamiento a cambio de desbloquear la licencia de el Mirador de la Cala. Hoy esa denuncia está en entredicho, porque quienes supuestamente habían sido testigos de las presiones negaron haberlas presenciado y, en realidad, había informes técnicos desfavorables que justificaban el bloqueo de la licencia.

Escribano ha asegurado que por entonces ni siquiera conocía a Villarejo, a quien encontró por primera vez en una notaría, tres días antes de la intervención policial en el ayuntamiento, para firmar una compraventa. El excomisario, que había adquirido una vivienda en Mirador de la Cala, le advirtió de que le demandaría si no conseguía la licencia. Un mes después de llegar el nuevo equipo de gobierno, liderado por el denunciante David Valadez, la licencia se desbloqueó.

En ese tiempo, Escribano conoció a De Lucas (presentado por Villarejo) y se reunió con Valadez. “Teníamos pendientes la concesión de 96 licencias y nadie en el ayuntamiento nos ayudaba a solucionarlo. Mi abogado le dijo que si no tomaba cartas en el asunto le íbamos a hacer responsable de los daños y perjuicios”.

Tras el desbloqueo, el excomisario adquirió hasta ocho viviendas en el Mirador de la Cala. Asuntos Internos cree que esas operaciones servían para blanquear ingresos de negocios ilícitos. “A mí el señor Villarejo no me ha hecho ningún favor, solo me ha dado disgustos”, ha dicho este martes Escribano, quien ha asegurado que el patrimonio inmobiliario del excomisario en el municipio lo acumula en todo caso después de Astapa.

Cristina Rodríguez, denunciante: “Nadie nos daba explicaciones”

También declaró el martes Cristina Rodríguez, la concejala socialista que, junto a David Valadez, denunció lo que ocurría en Estepona ante la UDEF de José Luis Olivera. En línea con lo que dijo su compañero, Rodríguez ha explicado que conoció a Olivera en febrero de 2006, y que le contaron sus sospechas sobre las irregularidades que se estarían cometiendo en Estepona, y que son las que se juzgan en Astapa: la aportación de dinero a las arcas municipales, de partidos (PSOE y el partido local) y particulares, a cambio de la infravaloración de convenios urbanísticos.

Rodríguez y Valadez aportaron con su denuncia unas valoraciones, cuyo rigor ahora se cuestiona. Según ha explicado, se las pidieron a un conocido, “más que nada para saber por dónde iba el tema”. Decidieron denunciar en Madrid, “tras hablar con Olivera”, para evitar que la denuncia se filtrara a la prensa.

Rodríguez ha explicado que ella tenía menos información que Valadez, pero que había escuchado que se habían visto maletines llenos de dinero, y que le llamaba la atención que empresarios patrocinasen eventos a cambio de nada. “Nadie nos daba explicaciones. Lo denunciamos, antes de nada, en la sede del grupo municipal y cuando vimos que no prosperaba se lo expusimos en la sede provincial”. Sin embargo, no cree que el alcalde y principal acusado, Antonio Barrientos, estuviera al tanto de lo que ocurría: “Creo que Barrientos está aquí por haber firmado. Creo que no se enteraba de nada. En cierta manera fue víctima de todo esto”.

La denuncia le trajo un calvario. Desde que fue a Madrid a exponer sus sospechas han pasado casi 17 años: una investigación policial de un año, una instrucción judicial eterna y un juicio que se alargará durante meses, sobre el que se cierne la sombra de un excomisario al que entonces nadie conocía y al que ahora todos esperan para aclarar qué participación tuvo en Astapa.