El reparto del fondo regional de 16.000 millones contra la COVID-19 reactiva el litigio entre Gobierno y Junta por el “agravio a Andalucía”

El reparto de los fondos extraordinarios que el Ministerio de Hacienda va a inyectar a las comunidades autónomas para reforzar la lucha contra la pandemia de coronavirus ha abierto otro frente de confrontación entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía. El consejero andaluz de Hacienda, Juan Bravo, salió el lunes de la reunión telemática con la ministra del ramo, María Jesús Montero, con la sensación de que los criterios elegidos para distribuir esa partida extra de 16.000 millones de euros suponen un “nuevo agravio a Andalucía”. “Recibiremos 950 millones de los primeros 10.000 millones que se van a repartir”, ha dicho Bravo este martes en Canal Sur Radio.

La Junta defiende que el reparto sería más justo si se primase el factor de población, que beneficiaría a la comunidad más poblada (con 8,4 millones de habitantes), pero el Ministerio ha puesto por delante las variables directamente relacionadas con el impacto del virus en cada territorio: ingresos en UCI; hospitalizaciones y casos positivos detectados a través de pruebas PCR (las de mayor efectividad). “Andalucía debe recibir lo que le corresponde. Necesitamos combatir el efecto del coronavirus en nuestra economía en igualdad de condiciones que el resto de España. Basta de discriminarnos. Exigimos un reparto justo y por población de los fondos del Estado”, ha escrito esta mañana el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, en su cuenta de la red social Twitter.

El pulso entre Gobierno y Junta por el reparto de fondos es un clásico inagotable que remite directamente al discurso del agravio y la discriminación con Andalucía. El PSOE explotó ese lema durante años, mientras gobernaba esta comunidad y en Moncloa residía un presidente del PP. Ahora el esquema es el mismo que en la pelea por la financiación autonómica, sólo que en este caso la bronca gira en torno a un fondo extraordinario que hasta hace sólo unos días no existía y del que las comunidades no podían esperar nada.

Cuando lo anunció el presidente Pedro Sánchez, el sábado en una comparecencia televisiva, la primera reacción del Gobierno andaluz fue la susceptibilidad: sospechaban que era un fondo ligado a la financiación autonómica, como el adelanto de las entregas a cuenta anunciado semanas atrás, un dinero que reparte el Ministerio de Hacienda pero que, en realidad, es una devolución a las comunidades de la recaudación de los tributos estatales en sus territorios. Pero estos 16.000 millones de euros eran otra cosa: liquidez nueva, una transferencia directa, no reembolsable, que no generará cargas ni intereses, y que no computará en la regla de gasto.

Montero convocó el lunes a los consejeros de Hacienda de todas las comunidades para explicarles cómo se haría el reparto: 10.000 millones para gasto sanitario; 5.000 millones para compensar la merma de ingresos y 1.000 millones para gasto social; todo relacionado con el esfuerzo extraordinario que estaban haciendo las regiones para combatir el coronavirus. La disputa surge al plantear los criterios de distribución: el número de pacientes ingresados en la UCI pesará un 35%; las hospitalizaciones un 25%; los positivos vía PCR un 20% y las población ajustada o equivalente, otro 20%. Este es el reparto de la primera inyección de capital, la más inminente; habrá una segunda remesa en el siguiente semestre del año, donde la población pasará a ser el criterio principal.

Pero con el esquema inicial, Andalucía recibirán menos de lo que esperaba. La razón es sencilla: en esta comunidad la incidencia del virus y el impacto en el sistema sanitario público ha sido mucho menor al de otros territorios, como se ha cansado de repetir el presidente Moreno y todos sus consejeros. El número de ingresos hospitalarios y en UCI es cuatro veces inferior a la media de España, el número de contagios también es muy inferior, así como el de fallecidos. Andalucía, desde el principio, se ha congratulado de tener siempre espacio disponible en hospitales y en UCI. El pico más alto de la pandemia lo tuvo el pasado 30 de marzo, con 2.400 hospitalizados, de ahí en adelante la descongestión ha sido progresiva, hasta alcanzar la cifra actual de menos de 100 ingresados en UCI.

Bravo ha recordado que los consejeros de Salud de las comunidades ya fijaron, por consenso, en la Conferencia Intersectorial de Salud, el reparto de los 300 millones para gasto sanitario que preveía el Real Decreto que reguló la primera partida extraordinaria para hacer frente al coronavirus el pasado 12 de marzo. Entonces se decidió, que el criterio predominante fuese en un 80% la población protegida equivalente del Sistema Nacional de Salud, 15% número de casos de Covid acumulados, y un 5% el peso en UCI. “Un criterio que ahora el Ministerio ha decidido no aplicar, y que perjudica especialmente a Andalucía por no tener en cuenta los costes asumidos para prevenir el efecto del virus. Nos hemos encontrado con un reparto cerrado, sin posibilidad de aportar y de poner en común entre todas las comunidades todos nuestros puntos de vista”, ha resaltado Bravo.

El consejero de Hacienda ha reclamado al Ministerio que se tengan en cuenta todos los gastos en los que han incurrido las comunidades autónomas para minimizar el impacto del virus en sus respectivos territorios.