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Moreno eleva a Bruselas la alarma por la sequía y pide un plan de choque mientras litiga por regularizar regadíos en Doñana

El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, preside el comité de expertos contra la sequía en el Palacio de San Telmo.

Daniel Cela

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El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha lanzado este martes una voz de alarma en el Palacio de San Telmo, donde se ha reunido de urgencia el comité de expertos contra la sequía, la tercera vez desde que se constituyó el pasado noviembre. Desde entonces apenas ha llovido y la situación del campo andaluz -soporte básico de la economía regional- ha entrado en estado crítico.

Los embalses de Andalucía están al 29% de su capacidad de media, aunque algunos, como el de Cuevas de Almanzora (Almería), se sitúan por debajo del 15%. El embalse de Sierra Boyera en Córdoba se secó oficialmente el Domingo de Resurrección. No hay agua para cultivar arroz ni olivos ni naranjos o limoneros, pero también empieza a escasear el suministro para abastecimiento de la población en zonas turísticas, otro de los pilares del PIB andaluz. Un informe del BBVA calcula que Andalucía ya ha perdido en el último año un punto porcentual de su PIB como consecuencia del efecto de la sequía en su sistema productivo, con más de 300.000 puestos de trabajo perdidos.

Moreno ha trasladado su preocupación directamente al gobierno de la Unión Europea, al que reclama una “política específica de agua” con mayor “sensibilidad” para el sur de Europa, singularmente Andalucía, una de las zonas más castigadas por el cambio climático. La reclamación del presidente andaluz se solapa, sin embargo, con el litigio que mantiene con el Gobierno de España y con Bruselas por la proposición de ley de PP y Vox para regularizar regadíos en el entorno del Parque Nacional de Doñana.

Un contexto difícil de entender sobre el terreno y, más aún, desde la capital europea. El asunto está cargado de la electricidad estática de la precampaña. En este contexto de tensión política, sobredimensionado por la cercanía de las elecciones municipales del 28 de mayo, el presidente andaluz y barón de barones del PP ha elevado la voz de auxilio para hacerla llegar hasta Bruselas. La Junta de Andalucía denuncia que la lectura crítica que la Comisión Europea hizo sobre la ley de regadíos en Doñana está distorsionada por las “intoxicaciones” del Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusa de “deslealtad institucional”.

Guerra de cartas en Bruselas

El pulso entre PP y PSOE por la reserva natural ha explotado en la capital europea, donde socialistas y populares han trasladado sus argumentos a favor y en contra del proyecto del Gobierno de Moreno. Lo han hecho en una guerra de cartas dirigidas al vicepresidente de la Comisión Europea, el socialista Frans Timmermans, y al comisario de Medio Ambiente, el conservador Virginijus Sinkevicius. El Grupo Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo (S&D) la envía el 13 de abril, firmada por Iratxe García, y en ella se habla de “captaciones” en el subsuelo del entorno de Doñana, algo que en puridad no recoge la proposición de ley de PP y Vox.

El consejero de Medio Ambiente y portavoz de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, ha comparecido este martes tras el Consejo de Gobierno esgrimiendo, indignado, la carta del S&D informándole sobre la proposición de ley de PP y Vox. “La carta del Grupo Socialista Europeo al comisario es un fake. ¡Es mentira!”, ha gritado.

La misiva, ha subrayado Fernández-Pacheco, “llega a decir literalmente que se trata de una propuesta para permitir nuevas captaciones de riego en el Parque Nacional, que ni las captaciones son allí ni la ley tiene que ver con el acuífero. ¿Cómo no va a estar preocupada la UE? ¡Cualquiera lo estaría!”. El portavoz de la Junta ha insistido en que las parcelas que podrán regularizar sus regadíos con la ley están “a 35 o 40 kilómetros del parque”, y que el agua a la que tendrían derecho está supeditada a la creación de infraestructuras hídricas dependientes del Gobierno que no están empezadas.

Una hora después, la Junta difundía una carta de respuesta, fechada hoy mismo, del presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, junto con la portavoz del PP Dolors Montserrat y el eurodiputado Juan Ignacio Zoido. En la misiva, a la que ha tenido acceso este periódico, defienden ante la Comisión Europea la iniciativa de PP y Vox sobre Doñana, piden una reunión urgente para explicar los detalles de esta propuesta y lamentan el “daño importante” que se está causando a la imagen de la reserva natural, la marca reputacional de Andalucía y de los frutos rojos de Huelva en el mercado internacional.

“La proposición de ley no perjudica al Parque andaluz, sino que lo protege”, ya que no permite la explotación del acuífero que alimenta el parque y no concede “automáticamente” el derecho al riego de las tierras que la ley permita recalificar como suelo regable. Además, desmiente la versión oficial del Gobierno de España y del Grupo Socialista, al que acusa de trasladar “interesadamente” una imagen errónea de la iniciativa que, subraya la carta, “no afecta al cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre Doñana, sino que garantiza su cumplimiento”.

El PIB andaluz resentido por la sequía

El panorama que ha dibujado Moreno ante el comité de expertos contra la sequía es desolador, responde en parte al llamamiento de auxilio que hacen agricultores y ganaderos, que este martes también han desfilado por el Parlamento para trasladar su mensaje en el grupo de trabajo contra la sequía. Con esta caja de resonancia, el presidente andaluz ha anunciado nuevas medidas y más gasto para obras de depuración y de ayudas directas al sector agroalimentario más castigado por la falta de lluvia, pero también se ha girado hacia el Gobierno de España y hacia la Comisión Europea reclamándoles más implicación en un problema que afecta “de manera estructural al sur de Europa”.

El Consejo de Gobierno de la próxima semana aprobará un tercer decreto contra la sequía, por un montante de 163 millones de euros, de los que 40 millones van destinado ayudas a agricultores y ganaderos. Moreno ha anunciado también que se prorrogará otro año la exención del pago del canon del agua, una medida que incluyó en la ley de Presupuestos para 2023 (con un impacto de 140 millones menos de ingresos). Luego, el presidente de la Junta ha interpelado directamente a Pedro Sánchez por su doble condición de presidente del Gobierno de España y, en cuestión de semanas, presidente interino de la Unión Europea.

“Solicitamos a Bruselas que ponga el acento en el problema de la sequía, ahora que España va a presidir la UE. Es un problema estructural de Andalucía, del sur de Europa, que a veces los países del norte no han sabido comprender”, ha subrayado Moreno, tras reclamar que se active el fondo extraordinario de crisis de la política común y que se prorrogue la llamada “Medida 22”, de ayudas excepcionales para paliar los efectos que sufren las explotaciones agrarias como consecuencia de la guerra en Ucrania.

El impacto de Ucrania

El conflicto bélico y la invasión de Putin tiene una repercusión directa tanto en el comercio como en el alza de los costes de producción. Según los datos de Eurostat, el precio medio de los productos agrícolas ha aumentado en Europa un 24% entre 2021 y 2022, sobre todo el precio de los fertilizantes (+87%), de la energía y los lubricantes (+59%) y de los insumos (+30%).

El llamamiento que Moreno hace a Sánchez y a las autoridades europeas se solapa con el actual conflicto político entre administraciones a consecuencia de la ley de PP y Vox, defendida por el Gobierno andaluz, para regularizar regadíos en la Corona Norte del Parque Nacional de Doñana. La iniciativa, que acaba de iniciar su tramitación parlamentaria, ha sido duramente contestada por la Comisión Europea, amenazando con multas millonarias a España si ésta prospera.

El Ejecutivo central ha anunciado que la recurrirá ante el Tribunal Constitucional, la comunidad científica ha criticado duramente la ley, la Unesco ha advertido de que puede peligrar el sello de Patrimonio de la Humanidad de Doñana. La Junta, por activa y por pasiva, ha respondido que el objeto de la ley no es ampliar ni amnistiar ni regularizar más regadíos próximos a la mayor reserva humedal de Europa: la norma promete autorización de “derechos de riesgo”, como pone la proposición de Ley, siempre que haya agua “en superficie”, esto es, condicionada a que el Gobierno central culmine infraestructuras pendientes desde hace años: un pantano, un túnel, el trasvase de los ríos Tinto, Odiel y Piedras... En el caso del Tinto y el Odiel merece la pena reseñar que por primera vez en la historia esta cuenca sufre restricciones.

Pero la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el órgano estatal que debe conceder los permisos de riego, insiste en que ese agua en superficie ya está asignada a agricultores con sus tierras regularizadas para que no usen las subterráneas, que no hay agua para más y que la que existe tampoco da para garantizar el actual cultivo de fresa de la zona.

Reunión de la ministra y el comisario europeo

En pleno intercambio epistolar, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ha mantenido un encuentro con el comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius. “La Comisión está preocupada por la situación de Doñana y el riesgo potencia de este proyecto de ley”, ha dicho al acabar. “No tiene dudas en adoptar las medidas que sean necesarias, como explicaron en la carta”, ha explicaron Ribera sobre la amenaza de Bruselas en una misiva firmada por la directora general del área, Florika Fink-Hooijer, que se ha unido a la cita de Ribera y el comisario. “Hemos tratado de identificar los próximos pasos”, ha explicado la responsable de Transición Ecológica, que ha admitido que aún no ha contestado a la carta porque quiere introducir el planteamiento del Gobierno de Andalucía, informa Irene Castro

El próximo 3 de mayo, el consejero del ramo y portavoz de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, viaja a Bruselas para reunirse con su equipo -el comisario estará ausente- y explicar su versión sobre el impacto real que tendrá la futura ley. “Iremos a hablar con la Comisión Europea y con el Parlamento Europeo con una sola única herramienta y un arma bajo el brazo: la verdad. Vamos a desmentir al Gobierno de España y sus altavoces”, ha insistido el portavoz de la Junta.

El comité de expertos frente a la sequía, presidido por Fernando Delgado y con la presencia de tres consejeros de la Junta, ha subrayado este martes que Andalucía lleva cinco años por debajo de un año hídrico normal. La falta de lluvias está mermando los sectores estratégicos de la economía regional -agricultura, industria y turismo-.

Moreno reclama más inversión e implicación al Gobierno central, porque el 67% de las cuencas hídricas de la región son de su competencia. La factura que le pasan a Moncloa oscila entre los 900 y los mil millones de euros para infraestructuras hídricas, y la Junta se ha comprometido verbalmente a poner la misma cantidad de fondos propios.

“El Gobierno debe ser sensible y redoblar esfuerzos ante la durísima realidad”, ha dicho Moreno, citando un informe que calcula el impacto de la sequía en el PIB andaluz en una merma del 7%. “Vamos a crecer menos y nuestro PIB se verá rebajado, y eso tendrá un impacto también en la economía del conjunto del país”, ha recalcado.

Desde 2019, la Junta ha movilizado 1.500 millones en políticas de agua, principalmente en obras para depuración de aguas destinadas al riego y la industria. Los dos primeros decretos contra la sequía aprobados esta legislatura suman 141 millones, que se unen a los 163 millones anunciados por el presidente andaluz para el próximo martes. Moreno asegura que el 62% del presupuesto de los dos primeros decretos ya está ejecutado.

La crítica del presidente andaluz contra el Gobierno de España ha golpeado no sólo a la negociación por la “fallida” Política Agraria Común (PAC), a la que se han opuesto todas las organizaciones agrarias andaluzas, pero no de forma homogénea [Asaja en Almería no defiende lo mismo que Asaja en Córdoba o Jaén]. Moreno ha cuestionado que el Ejecutivo de Sánchez tenga una política hídrica clara, le ha acusado de “estar en contra de los pantanos, de los trasvases y de las desaladoras”. “Esto es un problema estructural como consecuencia del cambio climático, necesitamos planes para una década y una política de Estado”, ha concluido en una declaración ante los medios de comunicación sin preguntas.

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