DOÑANA

El regadío imposible en Doñana o cómo la presión de Vox al PP por el voto rural acaba con el discurso verde de Moreno

La entrada en el Parlamento andaluz de la proposición de ley de PP y Vox para regularizar regadíos junto al Parque Nacional de Doñana (Huelva) se ha convertido en pocos minutos en leit motiv preelectoral, un forcejeo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno, y un debate científico de alcance internacional: nunca antes un trámite parlamentario ordinario, como la toma en consideración de una propuesta, había zarandeado tanto la placa tectónica de la política nacional.

Los populares no están sorprendidos de la tormenta política que han desatado: ni por las amenazas de la Comisión Europea con imponer multas a España si su iniciativa se aprueba -que atribuyen a intoxicaciones del Ministerio de Transición Ecológica-, ni el anuncio del Gobierno de recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias, ni de la protesta unánime de la comunidad científica o la crítica rotunda del presidente del Consejo de Participación de Doñana.

Moreno ha admitido el desgaste que esta iniciativa está provocándole -“claro que deja jirones”-, pero el barón de barones del PP no ha torcido el rumbo. El presidente de la Junta habla de solucionar “un problema enconado” en Huelva, heredado de la “pasividad de 30 años de gobiernos socialistas”, mientras otras voces en su entorno temen que la solución para un asunto local -“de cinco pueblos”- sea “matar moscas a cañonazos”.

Se ha abierto la guerra por un agua que no existe, en una tierra sin lluvias desde hace meses, en estado crítico por la sequía y con los embalses al 25% de su capacidad. En esa trifulca forcejean PP y PSOE, pero también agricultores con derecho a riego en el entorno de Doñana y agricultores sin esa licencia, que llevan años esquilmando el acuífero del Parque Nacional, y aspiran a regularizar su situación con esta ley. Es una guerra entre alcaldes de todos los signos políticos en la zona -también socialistas-, que se juegan la reelección en unas semanas; es un pulso entre regantes, empresarios de la fresa, comerciantes, distribuidores y toda la cadena comercial del fruto rojo de Huelva, que representa el 97% de la producción nacional.

El nombre de Doñana -el mayor humedal de Europa- la marca reputacional de Andalucía y sus fresas en el mercado internacional aparecieron lastrados por la polémica ley del Gobierno de Moreno en las páginas de The Washington Post el jueves. El PP ha planteado este asunto como un binomio difícil de conciliar entre medioambiente y economía. “Las gentes de Huelva no quieren vivir junto a un Parque Natural que sea un muro contra sus intereses”, dicen en San Telmo.

Están en juego 100.000 empleos en el sector del fruto rojo, mil millones de euros de ganancias, 11.700 hectáreas dedicadas al cultivo y más de 380.000 toneladas de frambuesas, arándanos, moras y sobre todo fresas, que suponen el 70% del total. El 90% de estas macrocifras se concentran alrededor del Parque Nacional. El 40% de la superficie de la provincia de Huelva tiene alguna protección medioambiental.

El Gobierno de Moreno, blindado de una robusta mayoría absoluta, ha abierto este debate en el inicio de la legislatura, no al final de la misma, como ocurrió con la presentación de la primera ley de regadíos en Doñana que decayó con el adelanto electoral de 2022. Hay cuatro años por delante, pero el PP ha registrado su iniciativa por la vía de urgencia, para acortar a la mitad el plazo de aprobación, previsiblemente antes del verano. ¿Por qué tantas prisas?, se preguntan todas las fuerzas parlamentarias y los científicos que, desde la reserva natural, se asoman con incredulidad a la política.

Moreno ha acelerado la propuesta de ley, de nuevo, en vísperas de unas elecciones trascendentales, donde el PP se juega el mapa municipalista andaluz, último bastión del PSOE. La oposición de izquierdas asegura que todo esto tiene que ver con los votos, pero los populares niegan las ganancias electorales de este asunto. ¿Cuántos votos están en juego para provocar un terremoto político con réplicas en Madrid y en Bruselas?

Los terrenos susceptibles de recalificación en esta ley, de secano a regadío, se ubican sólo en cinco pueblos de los 80 que tiene Huelva: Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, todos ubicados en la corona norte del Parque Nacional. La provincia entera es, todavía, un bastión tradicional del PSOE, con alcaldes en el 75% del territorio onubense. Ninguno de esos cinco pueblos -ni el conjunto de sus votantes- son determinantes para arrebatar a los socialistas la mayoría absoluta en la Diputación Provincial de Huelva, un objetivo al que aspira el PP, pero que fuentes de la dirección nacional dan por “imposible”.

No es Doñana, es Almería

La clave del embrollo en Doñana no está sólo en Doñana y, si uno se fija bien, la sesión parlamentaria de esta semana dio pistas de hasta dónde llega la onda expansiva de la polémica ley: hasta Almería, justo en la otra punta de Andalucía.

Horas después del acalorado debate del miércoles, con la presencia de algunos agricultores onubeses aplaudiendo a PP y Vox e increpando a las izquierdas, la segunda jornada del Pleno que empezó este jueves tenía como invitados a otros agricultores de Almería, invitados por el grupo ultraderechista. Venían a escuchar una pregunta relativa al acuífero superior central del poniente El Ejido-Almería.

“No están en juego los votos de cinco pueblos de Huelva, está en juego la hegemonía de la derecha en el interior rural andaluz, donde al PP le ha costado cuatro décadas entrar, y ahora ve cómo se desangra de votos en favor de un discurso más duro de Vox”, admite una fuente del PP andaluz. El trasfondo de la polémica de Doñana es todo el campo andaluz, pata fundamental de la economía regional.

Si existían dudas, las aclaró el portavoz del grupo parlamentario Vox, Manuel Gavira, que había programado una pregunta al presidente sobre el mundo rural en la sesión de control del jueves, 24 horas después del tenso debate sobre Doñana. Allí, en presencia de los agricultores de Huelva y Almería, Gavira afeó a Moreno su “revolución verde”, su compromiso medioambiental y el pin de la agenda 2030, sobre el que la ultraderecha deposita todo su negacionismo climático.

“Es incompatible la defensa del mundo rural con sus leyes climáticas. Van a matar el mundo rural”, le espetó al presidente, afeándole que “Marruecos exporte más hortalizas que Andalucía” y acusándole de “querer convertir el campo andaluz en un inmenso solar de placas solares”. “Entonces no haría falta ni ganadería ni agricultura ni agua. ¿Quién va a querer vivir en el mundo rural si no hay oportunidades?”, preguntó Gavira, que terminó reprochando a Moreno que “no se puede ser equidistante: o con el mundo rural o con la agenda 2030 que les condena a muerte”.

Justo ahí desemboca el lío de los regadíos en Doñana: Las elecciones andaluzas de 2018 y las generales de 2019 confirmaron a Andalucía como el principal bastión del partido de Santiago Abascal en España. Vox fue el principal partido de la derecha en Almería, Cádiz, Huelva y Sevilla, y demostró un avance importante en las otras cuatro provincias.

Su apuesta por librar una guerra cultural en el campo –la tauromaquia, la caza, la producción ilimitada de carne, el rechazo de los compromisos medioambientales de la agenda 2030– se tradujo en una estrategia de red de voluntarios distribuidos en municipios pequeños, de más de mil habitantes, donde hacerse visibles ante el colectivo más descontento que encontraran.

El vértigo del PP andaluz, ante esa perspectiva, ha enfangado la “revolución verde” de Moreno en los regadíos ilegales de Doñana: 1.500 millones en inversiones hidrológicas para la promesa de la “legislatura del agua”, que los líderes locales del PP han empezado a desmontar.

El peso rural contra el cambio climático

Andalucía representa el 34% del valor agrario añadido al conjunto del país. Muchos empresarios, mucho dinero y muchos votos. El campo supone el 12% del PIB regional -244.000 explotaciones, la cuarta parte del total nacional- y el 10% del empleo en la comunidad: 290.000 trabajadores (246.000 sector primario y más de 46.000 en la industria). En total, la superficie agraria útil en Andalucía supera los 4,40 millones de hectáreas, aproximadamente el 50% de la superficie total de la región. Hay 8,4 millones de habitantes en 780 municipios. El 67% de estos pueblos tiene menos de 5.000 habitantes y en ellos reside el 11% de los andaluces.

La proposición para indultar regadíos junto al Parque Nacional es una ley específica para unas parcelas específicas y, a juicio de los agricultores almerienses que acudieron raudos al Parlamento 24 horas después del debate, también puede valer esa fórmula para los invernaderos del Poniente. Y para el cultivo tropical de Granada y parte de la Axarquía en Málaga. Almería y Granada, dos de las provincias donde prima el voto conservador, donde el PP ha sido siempre hegemónico hasta que Vox irrumpió con un discurso negacionista sobre el cambio climático, fagocitando muchos votos y apoyos de la derecha tradicional.

Es una carrera electoral entre dos formaciones políticas en un terreno -el campo- que ha vivido una transformación sociológica vertiginosa en los últimos años. “Ya no son sólo agricultores ligados a la tierra y sus tradiciones, son nuevas generaciones cuyas explotaciones son un negocio a gran escala, cuyos dueños son chavales que entran en sus fincas con un Audi o un Mercedes”, dice un diputado socialista.

La ley ha llegado al registro tras una carrera por los pasillos del Parlamento entre diputados de Vox y del PP. Esta competición tiene metas volantes, contradicciones en el discurso popular, y fechas claramente distinguibles en el diario de sesiones. Los de Moreno, tras ganar las elecciones de junio de 2022 por mayoría absoluta, enfriaron el plan de regadíos para Doñana que meses antes habían registrado junto a Ciudadanos y Vox, y que habían ondeado como bandera en campaña electoral.

Del “no hay prisas” a la vía de urgencia

“No hay prisas, no es prioritario, es necesario más diálogo e incidir en la protección medioambiental de la reserva”, respondieron en el inicio del nuevo mandato, cuando se les preguntó si iban a reactivar todo lo que se había quedado en el cajón tras el adelanto electoral. Moreno, blindado con una mayoría absoluta de 58 diputados, abrió la nueva legislatura proclamando la “revolución verde” y situando Andalucía como enclave preferente en la lucha contra el cambio climático.

“Empezamos a escuchar discursos raros y vacilaciones por parte del PP”, recordaba esta semana el diputado onubense de Vox, Rafael Segovia. Con el nuevo mandato, la ultraderecha andaluza había dejado de ser relevante en la gobernabilidad de Andalucía. Moreno podía permitirse una mayor displicencia con ellos, pero entonces, el 22 de octubre de 2022, Vox registró su ley de Doñana en el Parlamento, la misma que llevaba la firma aún caliente del PP. Los populares se vieron presionados ante la perspectiva de que su discurso en el campo -no sólo en los cultivos de la fresa en Huelva, sino en todo el campo andaluz- se lo robara para siempre la ultraderecha.

Con la iniciativa de Vox ya sobre la mesa, a unos meses de las municipales, el PP pasó semanas jugando al despiste, dando evasivas sobre cuál sería el sentido de su voto cuando la ley llegara al Pleno de la Cámara. “Era un ultimátum, una pistola sobre la mesa de negociación”, admiten en el grupo parlamentario popular. El asunto se abordó en San Telmo, al más alto nivel, con el presidente escuchando a dirigentes locales de Huelva, pero también de Almería, Málaga y Granada.

Finalmente el PP registró su propia proposición de ley, modificando algunos aspectos de la anterior, incorporando ideas del PSOE y del Ministerio de Transición Ecológica, y ampliando la exposición de motivos con todo un cuerpo argumental para convencer a Bruselas de que “Doñana estaba blindada”, de que la protección medioambiental era prioritaria, de que el agua se obtendría “en superficie”, nunca del acuífero“, y los derechos de nuevos regadíos estarían condicionados a la construcción de unas infraestructuras hidráulicas que ni siquiera están empezadas. ”Salvo“... que el Gobierno central de turno considerase otra cosa.

La redacción del texto es lo suficientemente ambigua como para que la Comisión Europea, conocedora de la misma, haya lanzado las mismas amenazas de sanciones millonarias que hizo con la primera propuesta. El Ministerio de Transición Ecológica y la Junta se acusan mutuamente de torpedear el diálogo. En Moncloa ya han situado este asunto en el polvorín electoral -“Doñana no se toca”-, ha dicho Sánchez; mientras los de Moreno preparan una visita el 3 de mayo a Bruselas para explicarse ante el comisario europeo de Medio Ambiente, sin intermediarios del Reino de España, convencidos de que les han “intoxicado con bulos”.

“¿Por qué el carácter de urgencia en la tramitación parlamentaria?”, se preguntaba esta semana Delibes, en un tribuna de El País. Si la ley no identifica las parcelas que se beneficiarán al ser declaradas regables -unas 750 hectáreas, según una carta remitida por la Junta a Bruselas en febrero de 2022-; si las aguas han de ser superficiales, pero las pocas que abastecen la zona ya están asignadas por ley a agricultores con permisos -20 hectómetros cúbicos del trasvase desde las cuencas del Tinto, Odiel y Piedras-; si las obras hidráulicas para ampliar ese margen ni están licitadas ni fechadas.

¿Por qué tanta urgencia? es la pregunta en el aire. Mientras van cayendo días del calendario para las elecciones legislativas que decidirán el nuevo Gobierno de España. “Estos terrenos podrán obtener derechos de aguas, que procederán de aguas superficiales, salvo que la Administración hidráulica de la Demarcación Hidrográfica donde se encuentren estos terrenos establezca un origen de recursos diferente”, reza el artículo 23.3 de la proposición de ley.